Desgreño administrativo en la descentralización, solo 51% presentó informe de uso de fondos

solo el 51% de las juntas comunales y municipios han cumplido con el ultimátum del presidente de República, José Raúl Mulino, que pidió presentar los informes sobre los gastos del dinero que recibieron del Subprograma de Interés Social de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND).

Este martes la directora de la AND rindió un desglose de la rendición de cuentas de los gobiernos locales, precisando que a la fecha solo se recibió 384 informes de un total de 754.

Inicialmente, a cada entidad local se le notificó entre agosto y septiembre de este año, sobre el plazo de 60 días que tenían para justificar el uso de fondos.

Méndez adelantó este viernes presentarán las primeras denuncias al Ministerio Público, para que se inicie investigaciones en aquellos casos donde la autoridad local no haya entregado la documentación o que el informe que no tenga la sustentación que explique la disposición de los fondos.

‘’Lo acordado [con el Ministerio Público] es que les enviemos solamente lo que consideremos que no reúne la documentación justificativa del uso de los recursos; si ellos pudieran mirarlo todo, a nosotros nos daría más tranquilidad, pero eso es una decisión del Ministerio Público’’, explicó Méndez al ser consultada sobre las denuncias a presentar.

Méndez detalló que hay tres escenarios: los gobiernos locales que dicen ‘’no hay nada’’, los que dicen tener información que no está documentada o sustentada, y aquellos que sí han documentado el uso de fondos de manera exhaustiva.

Entre 2021 y 2024, el Subprograma de Interés Social transfirió $320 millones a juntas comunales y municipios, pero no hubo rendición de cuentas de parte de los gobiernos locales sobre el destino y uso final de los fondos.

‘’En este programa (...), no había requisito, podían disponer del dinero mientras lo pudieran enmarcar de una acción de asistencia social y comunitaria’’, explicó Méndez.

Esta situación provocaba la falta de trazabilidad del dinero.

No obstante, sobre la falta de normas, topes y requisitos, Méndez indicó que existen ‘’normas de uso de fondos públicos y cada funcionario conoce los requerimientos. Son normas que ya están establecidas en los procesos de la administración pública’’.

‘’Se autorizaban estas transferencias de manera discrecional. No había un criterio hasta donde podamos identificar. Sabemos que originalmente era para cubrir emergencias, pero eso fue en 2018’’, comentó ante la pregunta de los periodistas en conferencia de prensa.

En este sentido, La Estrella de Panamá consultó a Méndez sobre el cambio en la reglamentación del subprograma, al haber sido tan amplia. La directora explicó que ‘’hubo un incumplimiento de los reglamentos y de la ley, en materia de planificación, el tipo de proyecto en que se deben usar [el subprograma] y la rendición de cuentas. Eso es lo que estamos retomando, el cumplimiento de la norma y modificando algunas, para tener más capacidad de intervención en aspectos de fiscalización’’.

En la actualidad, la cuenta destinada al subprograma fue cerrada y se han llevado a cabo capacitaciones para más de 1.700 representantes en materia de formulación de proyectos y rendición de cuentas.

Mientras Méndez atendía a la prensa, todavía algunos representantes estaban entregando sus informes a última hora.

Uno de ellos fue el representante del corregimiento de Cabuya, en Herrera, Rigo Fuentes, quien explicó algunos de los gastos en los que utilizó el dinero de la descentalización.

‘’Dimos apoyos como en lentes [para la población], exámenes, viajes a Panamá; diferentes cosas que se podían hacer con ese dinero’’, dijo.

Matizando que entregó el reporte al último día, aseguró que entregó un informe “exahustivo” con el detalle de los gastos.

Como Fuentes, otros representantes aseguran que utilizaron estos fondos para diversas ayudas sociales. No obstante, la AND señaló que hubo 102 juntas comunales que no recibieron fondos.

Méndez indicó que, si bien el plazo llegó a su fin para algunos gobiernos locales, otros podrán entregar sus informes hasta el 15 de noviembre.

Esto tiene que ver con que varias autoridades solicitaron una prorroga formal, algunas de las razones esgrimidas, tienen que ver con que varias juntas comunales fueron entregadas “vacías” y sin documentación.