Defensorías de Panamá y Colombia emiten alerta temprana por la seguridad de migrantes

Este 12 de abril las Defensorías del Pueblo de Panamá y Colombia emitieron una "alerta temprana binacional" para garantizar los derechos de los migrantes expuestos a grupos irregulares en la frontera colombo-panameña.

La iniciativa, la primera de su tipo entre ambos países, resguarda la seguridad de los migrantes y de los residentes de las comunidades panameñas de los distritos de Pinogana y Chepigana, en Darién, y las comarcas Emberá Wounaan y Guna Yala, así como las colombianas Necoclí y Turbo, en Antioquia; Unguía, Acandí y Juradó, en Chocó.

En marzo, Colombia también lanzó una alerta temprana binacional con Ecuador, para velar por la seguridad 29 mil integrantes del pueblo fronterizo de Awá, donde hay evidencia de la presión de las FARC y el ELN.

En la presentación de la primera alerta, las Defensorías dejaron en evidencia el control territorial que ejercen los grupos armados ilegales y las organizaciones del crimen organizado en Colombia y los grupos de delincuencia en Panamá.

“Los equipos de las Defensorías del Pueblo de Colombia y Panamá encontraron, en primer lugar, una alta situación de vulnerabilidad que afrontan los migrantes y la población que vive en estas zonas. En segundo lugar, identificaron que las organizaciones ilegales que operan en estas zonas perciben ingresos por sus actividades ilícitas. Adicionalmente, hay una desprotección social que afecta a las comunidades que habitan en los dos lados de la frontera”, señaló el defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo Assis.

En la reunión destacaron los múltiples riesgos y vulneraciones, entre ellos violencia sexual, desaparición forzada, homicidios, extorsiones para permitir el tránsito de migrantes, robo de pertenencias y dinero, reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, tráfico de migrantes y posible trata de personas.

Además, advirtieron la especial situación de vulnerabilidad a la que se exponen mujeres, madres lactantes y niños y niñas que viajan solos o cuyos núcleos familiares han resultado divididos por cuenta de las dificultades de la travesía.

“Durante ocho meses los equipos técnicos de las Defensorías de ambos países estuvieron monitoreando las vulneraciones de derechos contra los migrantes y los pobladores de la zona. Encontramos una capacidad limitada de respuesta en prevención y protección de derechos de los gobiernos territoriales y nacionales”, destacó Camargo.

Por su parte, el ombudsman panameño, Eduardo Leblanc, indicó que “ha sido un trabajo mediante visitas de campo, entrevistas a personas en movilidad humana y lugareños. Debemos prestar especial interés en los lugareños, quienes han abandonado actividades agrícolas y comerciales para dedicarse a los flujos migratorios. En cuanto a los menores hemos venido advirtiendo en conjunto con Unicef los graves problemas de abandono escolar por tareas relacionadas con el flujo migratorio, el trabajo infantil y demás actividades que no corresponde al desarrollo de niños y adolescentes”.

Leblanc destacó que en Darién el campesino ha sido olvidado por los gobiernos y sus necesidades de atención, salud y educación son imperiosas, el flujo ha generado que recursos destinados a la población sean invertidos en el creciente número de personas que recibimos del paso por la selva.

Ambas Defensorías recomendaron seis metas para garantizar los derechos a estas poblaciones, entre ellas a Migración Colombia y al Servicio Nacional de Migración de Panamá con el apoyo y la facilitación de los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países para que establezcan una "mesa permanente" de atención a la población migrante y de esta manera se puedan revisar los flujos migratorios irregulares, las violaciones a los derechos humanos, revisar rutas, victimizaciones, además que se puedan compartir datos estadísticos.

También solicitarán en el documento que, en articulación con entidades estatales, el Ministerio de Defensa de Colombia y el Ministerio de Seguridad de Panamá fortalezcan los canales de diálogo y comunicación para que se evalúen mecanismos de disuasión de las amenazas a los derechos humanos en la zona de frontera. Allí resulta fundamental que toda intervención y atención en favor de estas poblaciones se haga bajo criterios de humanidad y dignidad, con un enfoque diferencial.