Defensoría del Pueblo abre oficio ante deceso de una privada de libertad

La Defensoría del Pueblo investigará la muerte de una privada de libertad, luego de que está permaneció por varios sin atención médica.

Mediante un comunicado de prensa, el titular de la Defensoría del Pueblo, Eduardo Leblanc González, ordenó abrir una queja de oficio por posible vulneración al derecho a la vida, tras el deceso de una privada de libertad del Centro Femenino de Rehabilitación (CEFERE), la cual de acuerdo a sus compañeras llevaba días de presentar problemas de salud y no recibió la debida atención médica.

Según lo expresado por las compañeras de celda de la hoy occisa, esta situación se pudo haber evitado si hubiera recibido la atención médica adecuada, incluso horas antes habían solicitado al personal de custodia llamar al 911 pero su petición no fue atendida.

Una de las privadas comentó a la Defensoría lo respondido por el personal custodio “aquí no va llegar el 911, fue la respuesta que nos dieron”.

Denunciaron, ante los oficiales de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, que la privada de libertad llevaba días en mal estado, al punto que ya no se valía por sí sola, sino que era atendidas por otras compañeras del hogar, pero al momento de recibir la atención médica solo la canalizaron y le recetaron tomar tiamina por un mes”.

Así mismo, solicitaron que se asigne un personal médico de planta las 24 horas y poder recibir la debida atención médica, “si yo me enfermo hoy y soy atendida, ya no tengo derecho a enfermarme hasta dentro de 15 días por que no me van atender”.

“Nuestra compañera tenía 8 años cumplidos de una sentencia de 12, se educó, graduó y se regeneró, pero esto de nada vale, si a ella le hubieran conmutado la pena o por su situación de salud le hubieran dado otra medida esto no hubiera pasado. Aquí nos dan la misma medicina a todas, sin importar que los problemas de salud sean diferentes”, manifestaron las privadas de libertad.

Ante lo expuesto, la Defensoría del Pueblo, procederá a realizar las investigaciones correspondientes para comprobar si hubo una posible vulneración al derecho a la vida.

Además, presentará un informe sobre las anomalías denunciadas por las privadas de libertad sobre su derecho a la salud.