Varela debe ocuparse de la crisis del país y no distraerse con el cepo, Miranda

Ricardo Miranda, dirigente del Movimiento de la Juventud Ngäbe de Panamá y del Movimiento 10 de Abril, cuestionó las críticas del presidente de la República, Juan Carlos Varela, por la aplicación del cepo como castigo comarcal, y le pidió que se dedique a atender los problemas más urgentes del país que requieren de pronta solución.

El presidente Varela afirmó que no le gustaron las actuaciones del presidente del Congreso, pero tampoco la imagen que vio en las redes, y admitió que son sus tradiciones, pero en la democracia en que vivimos hay formas de hacer las cosas sin utilizar esos métodos.

Miranda difiere de la opinión de personeros del gobierno, quienes han calificado al cepo como instrumento de tortura que atenta contra los derechos humanos del sentenciado. El cepo, dijo, es un escarmiento que se aplica solo dentro de la comarca y por el lapso  de un día; no más.

Por ello, defendió el derecho de la comunidad de hacerse justicia en esa forma, un castigo que define como un juicio público y moral para los que incurren en delitos graves, tal como lo hicieron Demesio Casés, presidente del Congreso Tradicional y Rogelio Moreno Montezuma, presidente de la firma Nöle Duima Development.

Ambos, recordó, suscribieron en julio de 2016 un acuerdo que le  otorgaba concesiones a dos empresas chinas y una israelí, para explotar los recursos naturales y minerales de la comarca, todo ello a espaldas del pleno del Congreso General Ngöbe Buglé y de la consulta popular. El acuerdo, que se mantuvo en secreto, salió a la luz un año después.

Por otro lado, analiza que quienes han encabezado la aplicación de este castigo ha sido la facción que lideran Francisco Miranda, cacique regional de la región Nedrini (Veraguas) y la cacica general, Silvia Carrera, a guisa de un pase de factura contra el grupo rival de Casés y Moreno.

"Si se somete a esos señores al cepo por ese delito, también habría que aplicarselo a la cacica Silvia Carrera y a Francisco Miranda, por haber firmado el acuerdo que permitió construir la hidroeléctrica de Barro Blanco, sin autorización del Congreso General, porque ese fue un delito grave contra los recursos de la comarca", sostiene.

Miranda insiste en que el gobierno es el menos indicado para condenar la aplicación del cepo, pues carece de moral, ya que ordenaron a sus policías reprimir y asesinar a varios trabajadores bananeros, dejaron ciegos y lisiados por perdigones a otros, en Changuinola, y mataron a un hermano gnöbe en San Félix, en 2012.

También enfiló contra el Ministerio Público y la supuesta investigación que va a iniciar por este tema. "Hemos presentado numerosas denuncias de violaciones a nuestros derechos humanos ante el Ministerio Público, en 2010, 2012 y 2016 y nunca han dado resultados, no nos han hecho justicia; pero ahora quieren investigar la aplicación del cepo. Creemos que esto lo hacen para desviar la atención pública de los casos de corrupción y sobornos que sí deben esclarecer", puntualizó.

En tanto, se informó que en la población de Nöle Duima, el alcalde de ese municipio comarcal, Jeremías Atencio Montezuma, fue destituido de su cargo y sometido al suplicio del cepo por ser también firmante del acuerdo citado.