‘Flechas indígenas’ dan contra Mulino

PANAMÁ. La oficina de Política Indígena del Ministerio de Gobierno y Justicia respondió ayer a las acusaciones que hacen grupos indígenas nasos y ngöbe-buglé que reclaman derechos de tierras.

José Isaac Acosta, director de esta oficina convocó a una conferencia de prensa para defender la actuación del ministro José Mulino y del gobierno en cuanto a estos conflictos.

Los nasos reclaman sus terrenos ancestrales tras los desalojos realizados por la empresa Ganadera Bocas, mientras que los ngöbe-buglé lo hacen contra la empresa AES Panamá, la cual desarrolló el proyecto hidroeléctrico Changuinola 75, ambos casos en Bocas del Toro.

Acosta aclaró que en el caso de los nasos —cuyo problema empezó en 2003— las siete familias que se mantienen en el conflicto ‘no están interesadas en resolverlo’. Sustentó que el 26 de abril de 2009, la administración anterior elaboró con ellos un acuerdo voluntario, en el que se establecía la reubicación, adecuación de la vivienda y el sitio. ‘Los señores Lucho Gamarra, Eliceo y Ricardo Vargas no firmaron y pidieron la delimitación de las tierras’, precisó el funcionario.

El decreto que permite la delimitación de las tierras ya está en la Presidencia, pero, según Acosta, se requiere reglamentar la Ley 72, la cual conlleva un proceso en donde tiene que intervenir Reforma Agraria y el Ministerio de Gobierno y Justicia, para que no sea objetada.

Con este decreto, agregó, no solo los nasos, sino todas las comunidades indígenas que quedaron fuera del área comarcal, empezarán el proceso de reconocimiento de sus tierras colectivas.

Según Acosta, el ministro Mulino ‘jamás ordenó formalmente un desalojo’, sólo pidió a la Gobernación de Bocas del Toro que vigilara el cumplimiento de la Resolución 11209 del 6 de abril de 2009, en la cual la corregiduría de Teribe ordena la desocupación de las tierras.

Sin embargo, con la nueva administración, luego de verificar la información, a finales del año pasado se tomó la decisión de hacer cumplir esta resolución y se desalojó a las siete familias en San San.

Sobre el conflicto entre los ngöbe-buglé y AES Panamá, Acosta señaló que por primera vez se logró sentar a la empresa durante dos meses para que cumpliera con su responsabilidad social. ‘La situación actual es que de las 170 familias, solo hay cuatro que no han cerrado trato con la empresa’.

El lunes pasado, los nasos representados por el abogado Julio Berrío, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público en contra del ministro Mulino, a quien acusan de presunto abuso de poder. El vocero Lucho Antonio Gamarra dijo que el ministro presionó para que se dieran los desalojos en las comunidades San San Druy y San San, a finales del año pasado.