CSJ en la mira de la ciudadanía en espera de fallo por Ley 406

Esta semana será crucial para el futuro del contrato Ley 406 entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá.

Las acciones de cierres de calle por parte de la , gremios docentes y bastiones de grupos indígenas continúan hoy lunes para exigir la derogatoria de la Ley 406, mientras que otras agrupaciones están a la espera que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se pronuncia en torno a las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra esta ley.

Ya la CSJ informó que una vez culminado este 22 y 23 de noviembre el plazo de alegatos para dos de las diez demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la ley 406, este 24 de noviembre estarán en sesión permanente, hasta emitir su decisión sobre las mismas.

Mientras llega esa fecha, ayer ciudadanos y miembros de diversas organizaciones de la sociedad civil, entre estas el movimiento Sal de las Redes, marcharon desde la Cinta Costera hacia la Corte Suprema de Justicia a exigir una vez más el pronto pronunciamiento de la máxima corporación de justicia del país.

En tanto, gremios médicos tras una reunión conjunta celebrada ayer anunciaron que reevaluarán las medidas de acción gremial, en caso de no darse respuesta oportuna y efectiva por parte de la CSJ. También anunciaron su apoyo a todas las manifestacionespacíficas contra la minería.

La Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal); la Asociación de Médicos Especialistas del Hospital Santo Tomás (Amehst); la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la Caja de Seguro Social; exigieron a la CSJ que, en el menor tiempo posible, emita un fallo respecto a las demandas de inconstitucionalidad interpuestas contra la Ley 406.

De igual manera acordaron participar en la vigilia frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), este jueves 23 de noviembre, a las 6:00 p.m., en espera del fallo, medida que se replicará en los diferentes puntos del país. Invitamos a todo el personal de salud a unirse a esta acción.

Frente al llamado a paro nacional para hoy lunes hecho por la Alianza Pueblo Unido por la Vida, la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo), gremios docentes y dirigentes indígenas; la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), a través de su presidente, Adolfo Fábrega García de Paredes consideró que lo que no se puede aceptar es que, las autoridades con su inacción y los grupos extremistas con agendas ocultas, secuestren a la población coartando su derecho al libre tránsito, a trabajar, a alimentarse, a tener salud y educación.

“Estos son derechos tan validos como el derecho a la protesta. Por lo que una vez más exigimos, y lo repetiremos cuantas veces sea necesario, respeto a las libertades ciudadanas. Y al Gobierno Nacional, le demandamos garantizar que estas libertades sean mantenidas y que cumpla y haga cumplir la Constitución Nacional que garantiza las mismas”, precisó la Cciap.

Por su parte, el Ministerio de Educación (Meduca), reiteró el llamado al personal directivo y docente de los centros educativos oficiales del país, a que retomen la atención de los estudiantes y culminar el año lectivo.

La entidad comunicó a quienes han retornado y retornen a sus puestos de trabajo hoy lunes 20 de noviembre, la garantía de que no habrá medidas administrativas en su contra y no se requerirá de ningún documento en el que se condicione dicho retorno.

“Reiteramos el llamado al diálogo con las comunidades educativas, a así buscar soluciones en conjunto, lograr la convivencia pacífica y el retorno a clases”, indicó el Meduca.

gustavo.aparicio@laestrella.com.pa

El Gobierno Nacional confirmó ayer la suspensión del Programa Navidad Solidaria, para lo cual ya se habían destinado en junio pasado un total de $25 millones para proporcionar a la población panameña, especialmente de escasos recursos y de áreas vulnerables, piezas de cerdo, pollos y otros productos característicos de la época navideña.

El Gobierno informó que es un hecho público y notorio que los cierres de calles han imposibilitado la movilidad durante las últimas semanas en todo el país, complicando el acceso de la materia prima para fabricar productos cárnicos e imposibilitando su distribución a nivel nacional.

La medida anunciada fue acordada con la agroindustria debido a la disminución de la oferta de productos.