Crisis de credibilidad en los parlamentos de América Latina y Panamá

El problema de la falta de confianza se agrava cada vez más en Panamá. Es una condición que nos mantiene alejados de la posibilidad de lograr grandes acuerdos frente a los problemas nacionales, así como implementar políticas públicas a largo plazo.

Estudios del BID señalan que “la confianza es el problema más acuciante –y, sin embargo, el menos abordado– al que se enfrenta América Latina y el Caribe. Ya se trate de los demás, del gobierno o de las empresas, la confianza en la región es menor que en cualquier otra parte del mundo. Las consecuencias económicas y políticas de la desconfianza se propagan a toda la sociedad.

La desconfianza reduce el crecimiento y la innovación: la inversión, la iniciativa empresarial y el empleo florecen cuando las empresas y el gobierno, los trabajadores y los empleadores, los bancos y prestatarios, así como los consumidores y productores confían unos en otros”. (BID, Confianza, la clave de la cohesión social y el crecimiento en América Latina).

En Latinoamérica, en los últimos 25 años, el nivel de confianza promedio en los parlamentos (el congreso) se ubica “entre 20 y 38 puntos porcentuales, llegando en 2020 al 20%”; en Panamá esta cifra disminuye hasta alcanzar un nivel de confianza muy bajo, de tan solo 15%. (Latinobarómetro 2021).

El Informe Parlamentario Mundial del Pnud señala que “los parlamentos se enfrentan a tres presiones esenciales de parte de la ciudadanía: A- Obtener información e influir en el trabajo parlamentario. B- Lograr una mayor rendición de cuentas y receptividad de sus demandas. C- Obtener servicios y resultados para satisfacer necesidades concretas”.

Para situar nuestra realidad particular dentro del contexto regional, el estudio de la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa revela que Costa Rica ha cumplido para el año 2016 con el 72% de los indicadores de sus índices de transparencia, mientras que Panamá ha cumplido solo con el 44%, por lo cual somos el quinto país con más bajo índice de transparencia legislativa de la región.

Utilizando datos más actuales, el problema subsiste y se agrava. Según el índice latinoamericano de transparencia legislativa 2022, Panamá se ubica en el lugar número 10 del ranking, por debajo de la media regional de 39,6%.

Este resultado es producto de un marco normativo débil (Reglamento orgánico del régimen interno de la Asamblea Nacional, RORI), ya que “si bien existe una ley nacional de transparencia y acceso a la información y el poder legislativo es sujeto obligado, el congreso no cuenta con una regulación específica que se haga cargo para el ejercicio del derecho de acceso a la información por parte de la Asamblea Nacional, ni una entidad del gobierno que supervise y controle el acceso a la información, por lo cual no se encuentra debidamente garantizado este derecho”. (índice latinoamericano de transparencia legislativa, 2020).

El informe también indica que existe opacidad presupuestaria y administrativa en la Asamblea de Diputados de Panamá, no hay conocimiento si se han efectuado auditorías externas; todo este retraso en términos del derecho de acceso a la información contribuye a que tan solo uno de cada siete panameños confíe en nuestro parlamento.

Las estadísticas señalan con claridad que la ciudadanía tiene una percepción muy negativa de la Asamblea Nacional de Panamá; no es de extrañarse que luego de servir como observadores en las elecciones de Panamá, la Organización de Estados Americanos (OEA) destacó en su informe que en nuestro país “el clientelismo político alcanzó niveles sin precedentes”.

Frente a esta realidad, se ha desarrollado en los últimos años el concepto filosófico y pragmático de transparencia parlamentaria y parlamento abierto. Sobre esta última nos parece muy adecuada la definición que nos brinda el Comité Económico para América Latina y el Caribe (Cepal):

“Parlamento abierto" es un concepto derivado del de gobierno abierto.

Es así como del mismo modo está basado en la transparencia y el acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la colaboración y el uso estratégico de las tecnologías de la información para generar soluciones a los retos que estos principios suponen.

Se puede decir entonces que un parlamento abierto debiera rendir cuentas, propiciar el acceso a la información y presentarla de forma transparente y sencilla.

Asimismo, un parlamento abierto debe procurar utilizar al máximo las tecnologías de la información y la comunicación, como un medio más para redefinir su relación con el resto de la sociedad y generar espacios de participación que trasciendan lo informativo y permitan a la ciudadanía generar ideas, monitorear y ser partícipe de las decisiones públicas”. (Cepal).

Se trata entonces de una política mundial que busca recobrar la confianza perdida entre ciudadanos y sus parlamentos, mediante la publicación detallada de información relevante, la implementación de mecanismos que permitan la rendición de cuentas y el aseguramiento de que las políticas públicas que emanen del parlamento estén en sintonía con la voluntad popular que los escogió mediante espacios institucionales de participación y consulta ciudadana.

El camino hacia un parlamento abierto plantea el compromiso institucional de cumplir con una serie de indicadores básicos que no deben supeditarse a la voluntad circunstancial del legislador; estos índices incluyen aspectos normativos que no existen actualmente en nuestro parlamento, como la publicación de una declaración juramentada del patrimonio y actividades económicas de los diputados, haciendo hincapié en su participación en temas que pudieran generar algún tipo de conflicto de interés.

Chile también ha avanzado en esta dirección, con la creación de un portal de datos abiertos legislativos y la promoción de la participación ciudadana a través de consultas públicas en línea.

Además, en Argentina, la Cámara de Diputados ha trabajado en la apertura de datos legislativos y la promoción de la participación ciudadana en la toma de decisiones.

En Panamá, los ciudadanos no tenemos acceso a información transparente sobre nuestros diputados, tampoco se publican los temas a tratar en las sesiones de las comisiones, no hay registros de obsequios a los congresistas ni publicación de llamados a concurso para su personal administrativo, la publicación de su presupuesto interno es escueta y no da lugar a la rendición de cuentas, todo esto corroborado en el Índice de Transparencia Legislativa de la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa.

Los avances en materia de apertura parlamentaria han sido en extremo lentos y se le ha otorgado un lugar si acaso secundario en la agenda estatal, esto a pesar de que el Gobierno de Panamá ha establecido compromisos internacionales en materia de transparencia, acceso a la información y participación ciudadana, puesto que desde 2013 formamos parte de la “Alianza por un Gobierno Abierto”, espacio en el que se comprometió a “promover instituciones más eficaces, transparentes y responsables”; además es firmante de la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana que en su último párrafo establece el compromiso de los Estados firmantes a “promover la participación ciudadana en la gestión pública”, según los principios orientadores contenidos en dicho instrumento normativo.

Según el informe parlamentario del Pnud de 2022: “Existen muchos motivos por los que la participación pública conlleva un beneficio mutuo para los parlamentos, los parlamentarios y la comunidad. Ante todo, propicia las principales funciones del parlamento brindando acceso a la amplitud y profundidad de la información y las ideas necesarias para que los procesos de representación, elaboración de leyes, formulación de políticas públicas y supervisión satisfagan las aspiraciones y expectativas de la población” (Pnud, 2022).

La transparencia parlamentaria es un pilar fundamental de un sistema democrático saludable que estimule confianza ciudadana, y desempeña un papel crucial en la promoción de una gobernanza efectiva, de acuerdo con las nuevas demandas ciudadanas dentro de un nuevo milenio donde los derechos humanos de cuarta generación deben ser garantizados, entre ellos el derecho a la participación activa en los asuntos públicos, el derecho de acceso a la información y el derecho a una gestión pública eficaz.

Ojalá podamos escoger diputados comprometidos con generar estas transformaciones fundamentales dentro del órgano del Estado llamado a equilibrar el poder, y asegurar que las decisiones políticas sean tomadas de manera responsable y en interés de la sociedad.