Contrato minero y ley de extinción de dominio, los dos grandes retos del Legislativo

La Asamblea Nacional inicia hoy la segunda legislatura del cuarto periodo de sesiones ordinarias, con grandes retos por cumplir como la modificación del Reglamento Interno, la discusión del proyecto de ley sobre extinción de dominio y el análisis y aprobación del posible contrato ley entre la empresa minera y el Estado panameño.

De igual manera, se mantienen en el tintero otros temas de interés, entre estos, normativas para intentar reducir el costo de los medicamentos y para promover la generacion de empleos y la reactivación económica y leyes anticorrupción.

Para el diputado de la bancada independiente Juan Diego Vásauez, en esta legislatura la Asamblea Nacional debe enfocarse en fiscalizar las actuaciones del Ejecutivo en cuanto al contrato minero.

Consideró además que debe aprobar con urgencia las modificaciones a la ley de medicamentos, al Reglamento Interno de la Asamblea y a la justicia comunitaria de paz. “Debe darle prioridad a los proyectos en materia de política criminal, lucha anticorrupción y normas contra el ruido. La Asamblea debe conectarse con los problemas de la ciudadanía y procurar resolverlos”, indicó.

Sostuvo que a la ciudadanía le toca seguir empujando en que la Asamblea debata proyectos como estos, precisamente porque es año electoral y la población debe estar más pendiente y más insistente en que se debatan los temas que le interesan.

Por su parte, el politólogo Richard Morales, sostuvo que para esta segunda legislatura, en medio ya de un proceso electoral, se pueden esperar negociaciones conflictivas a lo interno de la Asamblea, sobre todo en el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y en Cambio Democrático (CD), en la medida que son las primarias de los partidos políticos.

“La política transaccional, donde abundan los chantajes y sobornos, toma fuerza en época de primarias, al ser el apoyo de los diputados vital para todo candidato presidencial, y los diputados estarán vendiendo sus apoyos al mejor postor, dentro y fuera de sus partidos”, precisó.

Sostuvo que temas como el minero y la ley de extinción de dominio, se dirimen a niveles por encima de los diputados, quienes según Morales, “juegan a testaferros de poderosos intereses”.

En tanto, Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), con relación al proyecto de ley de extinción de dominio que presentó el Ministerio de Seguridad desde hace dos años, en torno al cual se han creado dos subcomisiones, y la Asamblea sigue evitando darle primer debate: “Este proyecto de ley es muy importante en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado que cada vez más trabajan coordinadamente para apoderarse de las instituciones de nuestro país”, señaló.

Mientras que, el analista político Edwin Cabrera manifestó que de la Asamblea no tiene ninguna expectativa en este periodo.

“Es una Asamblea que de manera impresentable va a tener un presupuesto de $200 millones, cosa que no tiene presentación por ningún lado. Yo sospecho que de la Asamblea lo que vamos a esperar es más escándalo, sospecho eso porque cómo justificar esos 200 millones, no entiendo cómo”, exclamó.

En materia de leyes y los proyectos pendientes de debate, Cabrera aseguró que la Asamblea no va a aprobar nada que sospeche que le pueda afectar e indicó que es muy probable que el ausentismo legislativo se incremente porque ya viene el periodo preelectoral y electoral porque se avecina el torneo de 2024.

Con relación a lo que espera del Órgano Ejecutivo este 2023, Cabrera manifestó que es probable que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, haga algunos cambios en su equipo de gobierno para tomar algún tipo de impulso en la recta final en materia de gestión.

“Yo no sé si le alcance el tiempo para que la población pueda evaluar esos posibles cambios en el equipo de gobierno”, precisó.

Agregó que objetivamente este es el último año de gestión de Gobierno, porque ya de enero a mayo de 2024 son las elecciones y de mayo a junio será el periodo de transición.

“El 2023 es el último año que le queda al Gobierno para gobernar y, en consecuencia, lo que hay que hacer es un llamado a que asuman su papel con la responsabilidad que conlleve y que tomen las decisiones que el país requiere y no se les vaya de las manos el control político del Estado. Preocupan temas como el de la Caja de Seguro Social; todo parece indicar que hay una decisión ya tomada de que no van a hacer nada; eso a mí no me parece”, concluyó Cabrera.