Contraloría no refrendará contrato de Fypasa con programa de saneamiento

El actual contralor de la República, Gerardo Solís, no tiene intención de refrendar el contrato de 111.4 millones de dólares entre el Programa de Saneamiento de Panamá y el consorcio Aguas de Puerto Caimito Oeste, compuesto por las empresas mexicanas Fypasa Construcciones, S.A. y Caabsa Constructora, S.A. para la construcción y operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Caimito. La Estrella Panamá tuvo conocimiento de una reunión entre el actual contralor y el contralor entrante, Anel Flores, en la que Gerardo Solís manifestó que han revisado el contrato y no hay intenciones de refrendarlo.

De acuerdo con el Sistema de Seguimiento, Control, Acceso y Fiscalización de Documentos (Scafid) de la Contraloría, el trámite está en “proceso de fiscalización P4”. El documento entró a Contraloría el 25 de septiembre de 2023 y más de un año después aún no está refrendado.

Según fuentes de la institución, la Contraloría ha estado revisando el contrato durante los últimos dos meses.

El contrato fue adjudicado en 2023, pero la falta de refrendo y el hecho de que el Estado no ha adquirido aún el terreno de 32 hectáreas en Vacamonte para construir el proyecto, han evitado que se inicien los trabajos. Una de las empresas responsables dentro del consorcio, Fypasa Construcciones, enfrenta procesos legales en Colombia por presuntamente recibir pagos por adelantado de un proyecto de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Manizales que tiene menos de 2 % de avance físico, luego de tres años de iniciados los trabajos, según publicó el periódico El Tiempo citando a la Fiscalía colombiana.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, manifestó durante su conferencia de prensa semanal que desconoce el caso, por lo que no se ha decidido si el proyecto continuará. “No lo sé, se lo digo con toda honestidad. Voy a preguntar al ministro de qué se trata, voy a consultar y prometo que lo haré saber”, afirmó Mulino.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, compartió en una entrevista con La Estrella de Panamá que esta semana se reuniría con su equipo para el análisis técnico y legal del proyecto. A la fecha de cierre de esta publicación, aún no se han compartido más detalles.

La coordinadora del Proyecto de Saneamiento de Panamá, María Fernanda de Mendoza, también adelantó que se está revisando el caso.

No es la primera vez que Panamá adjudica contratos importantes a empresas con escándalos en el extranjero. En 2016, Odebrecht admitió el pago de cientos de millones de dólares en coimas alrededor del mundo, pero no fue hasta 2021 que fue inhabilitado para participar en licitaciones públicas en Panamá. Antes de ser inhabilitado, Odebrecht participó en 2021 en la licitación para la construcción del proyecto habitacional Miguel “Mickey” Sierra en San Miguelito, a través de su subsidiaria OEC.

Otro caso de alto perfil fue la empresa española Sacyr, miembro del consorcio GUPC, encargado de la ampliación del Canal de Panamá. La empresa tenía un historial de incumplimiento en obras y sanciones en Colombia y España, pero se le dio la responsabilidad de una obra de más de 5.250 millones de dólares. Lo que siguió fue una pesadilla legal entre la Autoridad del Canal de Panamá y el consorcio que se extiende hasta el día de hoy en tribunales de arbitraje internacional.

El escándalo de Blue Apple, que involucró a siete empresas constructoras pagando sobornos para obtener contratos estatales, dejó en evidencia que aún confesando sus crímenes, las empresas pueden seguir trabajando en Panamá. Representantes de MECO, Rodsa y Bagatrac confesaron su participación al Ministerio Público. Las empresas que lograron acuerdo de colaboración con los fiscales siguieron licitando en Panamá.

“La situación es una muestra de cómo funciona nuestro maltrecho Estado de derecho”, lamentó Lina Vega Abad, presidenta de la Fundación Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional. “La norma vigente sobre la materia no se puede aplicar efectivamente sin una debida reglamentación, que no existe. Y eso no es casual”, acotó Vega Abad.

La abogada explicó que bajo las leyes actuales, las empresas que hagan acuerdos de colaboración quedan incapacitadas por tres años, pero si su colaboración fue esencial para descubrir los actores o partícipes del delito, se reduce a cero.

“La norma no aclara si la incapacidad es para las personas naturales y las jurídicas. Además, cada institución debería tener una lista de las personas y empresas que han prestado colaboración efectiva y cuáles están exoneradas de los tres años de incapacidad para contratar, porque su colaboración fue realmente efectiva. Sin esta información oficial del Ministerio Público, es imposible aplicar la norma”, añadió.

Una alternativa sería modificar la Ley de Contrataciones Públicas. El diputado de la bancada Vamos, Augusto Palacios, presentó el 9 de julio de este año un proyecto que modificaría la ley para inhabilitar de forma permanente a las empresas y personas vinculadas en casos de corrupción. También cerraba la puerta a que sus subsidiarias, testaferros o beneficiarios finales pudieran ocupar su lugar.

Dos meses después de su presentación, el proyecto fue rechazado en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional con los votos de Benicio Robinson, Arquesio Arias, Ronald De Gracia, Manuel Cohen y Víctor Castillo. Los diputados Francisco Brea, Jorge Bloise, Patsy Lee y Eduardo Gaitán votaron en contra de rechazar el proyecto de ley.

La presidenta de la Fundación Libertad Ciudadana considera que la estrategia de inhabilitar permanentemente a todas las empresas no es la solución.

“La fallida propuesta de prohibir la contratación a todas las empresas implicadas en casos de corrupción tendría el efecto contrario al buscado: ninguna empresa colaboraría y sería imposible llevar ante la justicia a nadie”, comentó Vega Abad. “Lo que hay que hacer es llenar los huecos existentes, junto a otros factores como justicia independiente y funcionarios de carrera”.