Comisión de Gobierno realiza su última sesión sin abordar ley de extinción de dominio

La comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional realizó ayer su última reunión del actual periodo ordinario de sesiones, manteniendo engavetado el proyecto de ley que adopta la legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos.

El proyecto fue presentado a la Asamblea por el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, el pasado 14 de agosto, luego de que el pleno legislativo archivara la propuesta original en abril pasado al no contar con los votos para lograr su aprobación.

Sin embargo, luego de presentado el proyecto, esta instancia en ningún momento abordó esta iniciativa impulsada por el Órgano Ejecutivo.

El ministro Pino ha insistido en que es necesaria esta ley que va directo sobre los bienes de origen y destinación ilícita, y que, asegura, constituye un instrumento jurídico para hacer frente al poderío de las organizaciones criminales que desafían abiertamente a las entidades del Estado y que amenazan la convivencia pacífica, valiéndose de productos de sus actividades ilícitas.

Los diputados de esta comisión –presidida por el diputado oficialista Leandro Ávila– sí aprobaron, en primer debate, otros dos proyectos de ley.

El primero está relacionado con el derecho a réplica en las plataformas digitales dedicadas a informar; y el segundo, a la imposición de severas sanciones a quienes cometan actos de delito sexual contra menores de edad y personas con discapacidad.

Al respecto, el diputado Ávila indicó que el proyecto de ley 998, presentado por la diputada Mayín Correa, plantea el derecho a réplica de quien sea agraviado con calumnia e injuria en alguna red social dedicada a publicar noticias.

La iniciativa busca reforzar aspectos de la Ley 22 del 29 de junio de 2005, que prohíbe la imposición de sanciones por desacato, dicta medidas en relación al derecho de réplica, rectificación o respuesta, y que actualmente no abarca a los medios digitales.

Ávila explicó que al proyecto se le adiciona que las concesionarias de telefonía celular tendrán un término de 90 días máximo para que registren los datos de la persona que compre un chip, de manera que puedan mantener una base de datos. Si el que lo compra es extranjero, tendrá que suministrar la información contenida en su pasaporte.

“Esta medida ya está en la ley, pero no la están cumpliendo las empresas. Es necesaria para poder combatir el crimen organizado, donde se utilizan estos chips para hacer secuestros, extorsiones, entre otros, y luego los destruyen y no se puede dar con el paradero de quien lo compró”, agregó el diputado.

Con respecto al proyecto de ley 1104, presentado por la diputada Fátima Agrazal, Ávila mencionó que es una modificación al artículo 220 del Código Procesal, que busca castigar de manera ejemplar a los que cometan delitos sexuales contra niños y personas con discapacidad, ya que, actualmente, no existe una ley que proteja a las víctimas que hayan sufrido violencia de este tipo.