Comisión de Comercio aprueba contrato minero

La comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional aprobó la tarde de ayer, en primer debate, el proyecto de ley 1100 que establece el contrato entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá, S.A.

Tras un debate que duró al menos cuatro horas, siete diputados de esta instancia legislativa avalaron con su voto el contrato minero con las modificaciones aprobadas por el Órgano Ejecutivo; dos diputados votaron en contra.

Los diputados Roberto Ábrego, Nelson Jackson, Francisco Alemán, Ariel Alba, Víctor Castillo, Cenobia Vargas y Alaín Cedeño dieron su voto afirmativo, mientras que Juan Diego Vásquez y Elías Vigil votaron en contra.

El diputado presidente de la comisión de Comercio, Roberto Ábrego, informó que hoy jueves empezarían la discusión del proyecto en segundo debate y aseguró que corresponderá a la junta directiva de la Asamblea Nacional habilitar este viernes para sesionar.

“Yo recomendaría que habiliten este viernes”, exclamó Ábrego tras la aprobación del proyecto.

A lo largo de todo el día, grupos obreros, universitarios y otros sectores de la sociedad civil se manifestaron en los predios del Palacio Legislativo. Incluso, entrada la noche, tras la aprobación se dio un enfrentamiento con agentes de control de multitudes de la Policía Nacional.

La comisión de Comercio y Asuntos Económicos tenía previsto el inicio del primer debate para las 11:00 a.m., pero este se retrasó al menos tres horas, y luego de una larga espera los comisionados empezaron la sesión. La demora en el inicio del debate, según denunció el diputado de la bancada independiente Juan Diego Vásquez, se debió a una reunión en la Presidencia de la República que justo a esa hora mantenían el presidente de la República y los diputados del oficialismo que forman parte de la comisión de Comercio.

El director general de Ingresos, Publio De Gracia, quien estuvo en la sesión, reconoció que hubo esa conversación con el Ejecutivo, pero que no hacen nada oculto, sino siempre de frente y en beneficio del país y buscando que haya un debate de ideas, de propuestas, y que se tome una decisión como país.

“Siempre se conversa. Nosotros no podemos quedarnos en esa discusión... y vi un tuit de un diputado donde ve esto como malo, esto no es malo, esto es positivo, no se hace a espaldas de nadie, se conversa entre los tres órganos del Estado, se conversa con los sectores empresariales e industriales y también con la población en general”, destacó.

Agregó que lo que se quiere es que la población sepa que este es un contrato que beneficia al país en la parte de ingresos, con más de $375 millones que entrarían al erario público.

Una vez iniciado el debate, el diputado Vásquez cuestionó que no habrá un proceso de consultas ciudadanas, tratándose de un proyecto nuevo y con algunos cambios.

Sostuvo en su sustentación que la mentira que le han dicho a la población es que el contrato es solo para la explotación de cobre, pero enfatizó que el proyecto faculta a la empresa a explotar minerales asociados y distintos al cobre.

De igual manera, criticó que el contrato permita a la em presa diseñar, construir y operar siempre bajo su propia dirección muelles y puertos, que serán para uso prioritario de la concesionaria.

“El contrato les permite una serie de concesiones portuarias y marítimas”, señaló.

En tanto, el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, defendió el contrato con sus modificaciones.

Sostuvo que una de las modificaciones realizadas, más allá de las cuatro que sugirió la comisión de Comercio en las consultas del proyecto inicial 1043, fue la eliminación de toda referencia al derecho que tiene la empresa de solicitar la expropiación, para darle tranquilidad a los moradores aledaños a la mina, de que sus tierras no van a ser expropiadas.

De igual manera, Alfaro explicó que de convertirse en ley de la República, el Estado recibirá un pago inmediato de $395 millones, que es un aporte acordado de diciembre de 2021 a enero de 2023, y otros $375 millones hasta diciembre de 2023.

“Estamos hablado aproximadamente de $700 millones”, exclamó Alfaro, quien agregó que ninguno de estos aportes forma parte del Presupuesto General del Estado de 2023 ni de 2024.

Según el ministro Alfaro, el pago acordado por $395 millones entraría en la Cuenta Única del Tesoro, una vez se legalice el contrato y sea ley de la República, pero frente a esta respuesta el diputado Vásquez advirtió que ese dinero estando en la Cuenta Única del Tesoro puede ir a créditos adicionales para diversas entidades y hasta para la Autoridad Nacional de Descentralización que serán aprobados por la comisión de Presupuesto de la Asamblea. "Ese dinero puede ser utilizado en politiquería", advirtió Vásquez.

Durante el debate, el presidente de la comisión de Comercio, Roberto Ábrego, manifestó que este es el proyecto que más consultas ha tenido en la historia de este país.

“Hoy tenemos un contrato diametralmente opuesto en todo sentido al contrato de 1997, que fue declarado inconstitucional. Quienes se oponen a este contrato que digan qué hacer con esos 7.000 trabajadores directos y los 40.000 trabajadores indirectos de la mina si se rechaza el contrato. O como irresponsablemente dijo un sindicalista, 'que busquen trabajo”, sostuvo Ábrego.