Sociedad civil cuestiona llenado de Barro Blanco

Un grupo de organizaciones civiles aglutinadas en la Asamblea de Acción Ciudadana reclamó al presidente Juan Carlos Varela ordenar el vaciado de la presa de la hidroeléctrica de Barro Blanco y la destitución del administrador de la Autoridad de los Servicios Públicos, Roberto Meana, por presuntas violaciones a los derechos humanos. 

La sugerencia se enmarca en una exhaustiva investigación que adelantó el grupo en los poblados ngäbes cercanos a la hoy presa de Barro Blanco, y que estableció irregularidades en la forma en que se materializó el llenado del embase de la central energética y en la que se ordenó el desalojo de los vecinos.

La operación, estableció el informe, violentó el acuerdo del 10 de agosto del 2015 entre el Gobierno y los ngäbes, que sostiene que no se llenaría la presa ni se gestionaría  Barro Blanco hasta tanto no hubiera un acuerdo final sobre el conflicto.

La comisión documenta, además, los conflictos suscitados entre el 23 de mayo de este año, cuando la Policía Nacional, el Sinaproc y los bomberos ingresaron y desalojaron el campamento ngöbe Mama Tata, hasta el 15 de junio, cuando los indígenas cerraron la vía Panamericana, en protesta por las expropiaciones forzosas.

La sociedad civil ha reclamado también que el Ministerio de Ambiente practique una auditoría para determinar qué impacto ambiental generó el llenado del embalse, y que el Instituto de Cultura haga lo propio en el campo arqueológico.

Además, han pedido a la Defensoría del Pueblo que exiga cuentas a las comisiones de trabajo de la mesa del diálogo que estableció el Gobierno en 2014 para llegar a un acuerdo entre la empresa Genisa —que construye la obra— y los ngöbes.