CIDH decidirá si levanta medida cautelar impuesta a Panamá por el caso Vélez Loor

Este es el caso de Jesús Tranquilino Vélez Loor, un hombre de nacionalidad ecuatoriana quien fue retenido el 11 de noviembre de 2002 en el puesto policial de Tupiza, en la provincia de Darién, por presuntamente no portar la documentación necesaria para permanecer en el país, y alegó haber sido víctima de actos de tortura y malos tratos durante su estancia en diversos centros penitenciarios.

Esto originó que el Estado de Panamá fuera condenado por un tribunal internacional como responsable por la violaciones de derechos en perjuicio de Jesús Vélez Loor.

Sin embargo, ante un pedido de levantamiento de la medida cautelar impuesta al Estado panameño por este caso, una delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos integrada por el presidente Ricardo C. Pérez Manrique, el vicepresidente, juez Humberto Antonio Sierra Porto; la Defensoría del Pueblo; el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino; la ministra encargada de Salud, Ivette Berrío, y viceministra de Relaciones Exteriores, realizó diligencias de supervisión en terreno en la comunidad receptora de Bajo Chiquito, la Estación de Recepción Migratoria de San Vicente y la Estación de Recepción Migratoria de Lajas Blancas, en la provincia de Darién, para observar las condiciones en que se recibe a las personas migrantes y las atenciones que se les brindan.

Posteriormente se llevó a cabo una audiencia privada en la Cancillería de la República, donde participó Cancillería, Defensoría del Pueblo, el presidente juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ricardo C. Pérez Manrique, y familiares del migrante ecuatoriano, donde el Estado manifestó su posición, los representantes de la víctima y la CIDH, para hacer los análisis de lo que se vio en el proceso de la visita a las diferentes estaciones de recepción de migrantes en Darién.

Ricardo C. Pérez Manrique, presidente de la CIDH, adelantó que con todos estos elementos recopilados durante el recorrido a las diferentes estaciones de recepción de migrantes en Darién, la Corte Interamericana de Derechos Humanos procederá a tomar una decisión sobre si levanta la medida cautelar decretada al Estado panameño o la mantiene bajo su supervisión.

Indicó que los jueces harán un informe en el pleno de la Corte y adoptarán una decisión definitiva. “Hemos venidos tres jueces, no podemos establecer el plazo en el que el pleno tomará la decisión, pero no tiene porqué ser muy extenso”.

Detalló que en lo referente al migrante ecuatoriano, en mayo de 2020 la Corte solicitó medidas provisionales en etapa de cumplimiento, en que se decretó una serie de medidas provisionales para preservar la vida, integridad y la libertad de las personas migrantes en cuanto al derecho a la vida vinculado con la atención de la salud por la pandemia de la covid-19.

En este sentido, explicó que debido a esta situación de la pandemia, en el que la mayoría de los países tenían sus fronteras cerradas, el flujo migratorio se fue encapsulando aplicando las restricciones, por lo que la Corte ordenó detectar la presencia del virus, tomar las medidas de precaución para evitar su difusión y la supervisión de cumplimiento de las medidas que se hizo en junio 20-21, y se dispuso que dentro de la posibilidades del Estado siguiera las políticas de vacunación a los migrantes en línea con el resto de la población.

El presidente juez de la CIDH dijo que ha visto avance en relación con la situación vigente en el momento que se decretaron las medidas y en el momento que se supervisaron, “justamente la tarea será medir el volumen de esos avances en relación a cuál es el propósito al final de la Corte de decretar medidas”.

Destacó que han visto una actitud de compromiso de parte de las autoridades para que este tema tenga una mejor solución, “hemos visto avances, una voluntad enorme a que esto se solucione”, sostuvo.

“Hay que seguir avanzando la tarea de poder encontrar una solución para estas personas, y la ruta de tomar en cuenta es que el parámetro básico es contemplar los derechos sociales de estas personas en el proceso de migración”, sostuvo.

Manifestó que le preocupa enormemente la parte humana que hay detrás de las historias de cada una de esas personas migrantes, “eso es un elemento de preocupación muy grande y la Corte tiene preocupación especial por este problema migratorio”.

Dijo que, la Corte ha adoptado tres opiniones consultivas que tiene que ver con flujo migratorio, en 2008 sobre migrantes indocumentados, sobre asistencia consular y sobre los derechos humanos de niños y adolescentes en situación de movilidad internacional.

Claudia Paz y Paz, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y representante de Jesús Vélez Loor, el migrante ecuatoriano, reconoció en la audiencia que sin duda ha habido mejoras en la situación en la que se encontraban las personas en situación de movilidad, en cuanto a infraestructura y acceso al agua, pero señaló que hace falta aun más pasos para dar cumplimiento pleno a las medidas provisionales impuestas.

Dijo preocuparle las violaciones sexuales de las que son víctimas niñas y adolescentes en situación de tránsito cuando los familiares se han rezagado, y no vienen acompañadas.

La abogada manifestó que solicitaron en la audiencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no levante la medida a Panamá, ya que la situaciones de riesgo las originaron el aumento del flujo migratorio, la emergencia provocada por la pandemia y que la atención automática de las personas migrantes, subsisten y no se han levantado.