Fiscalía de Cuentas centra su mirada en las juntas comunales

La Fiscalía de Cuentas está investigando las juntas comunales utilizadas por los diputados en la pasada administración para desviar fondos del Estado y generar ayuda para las comunidades con miras a la reelección en el cargo.

Los resultados de las auditorías realizadas por la Contraloría se compulsaron a la Fiscalía de Cuentas.

Los diputados triangularon fondos

Entre las juntas comunales que están siendo objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de Cuentas se encuentran: Río Chiriquí, Betania, Bastimento, Chilibre, Nuevo Emperador, Tijeras, Río Indio, Capira, San Francisco, Paritilla, Sabanitas y San Pablo Viejo, entre otras.

El fiscal general de Cuentas, Guido Rodríguez, reveló que se recibieron 75 informes de auditoría cuyo monto asciende a $23.2 millones en irregularidades detectadas por la Contraloría, elevando con ello la cifra anterior de $252.4 millones, que se mantenía hasta el pasado mes de febrero de 2018 de los casos de ‘alto perfil' que procesa la Fiscalía General de Cuentas.

Entre las juntas comunales que están siendo objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de Cuentas se encuentran: Río Chiriquí, Betania, Bastimento, Chilibre, Nuevo Emperador, Tijeras, Río Indio, Capira, San Francisco, Paritilla, Sabanitas y San Pablo Viejo, entre otras.

Los informes del grupo de auditores de la entidad encargada de supervisar el gasto público detectaron que $50 millones no tenían facturas fiscales y otros $20 millones no tenían sustentación, además de una serie de documentos adulterados.

En febrero, la Contraloría entregó al Ministerio Público más de 186 auditorías realizadas a las juntas comunales y municipios por los fondos manejados de manera irregular durante el quinquenio administrativo anterior.

En total son más de 220 cajas que llenaron un camión y que incluyen en detalle toda la información de las investigaciones realizadas por los auditores de la Contraloría de la República sobre fondos millonarios manejados por juntas comunales y municipios.

El material auditado corresponde a los fondos que se asignaron a algunos diputados y políticos y que fueron triangulados a través del desaparecido Programa de Ayuda Nacional para su ejecución.