Mejía insiste en que la Corte tiene competencia en el caso

El proceso contra el expresidente Ricardo Martinelli entró ayer en una fase crucial, luego de que el magistrado de garantías, Jerónimo Mejía, definiera el curso de la carga probatoria que empleará la fiscalía en el juicio oral.

Una vez concluya la fase de admisión y/o rechazo de las pruebas de la fiscalía, del acusador autónomo y de la defensa, Mejía debe establecer la competencia del tribunal que atenderá el juicio, y fijar la fecha del mismo.

Esto, en medio de acusaciones de supuestas ventas de fallos contra el magistrado de la Corte Suprema Justicia Oydén Ortega, ponente del proyecto de fallo que retira la competencia a la Corte para juzgar al exmandatario.

Carlos Herrera Morán, apoderado de Mauro Zúñiga, anticipó que la Corte no va a poder enfrentar el proceso. ‘Esto va a sucumbir, se va a hacer añicos y va a saltar en pedazos como ya lo está haciendo', advirtió el abogado.

El jurista comentó lo anterior tomando en cuenta que en el pasado los mismos integrantes de la Corte Suprema de Justicia han denunciado la venta de fallos. ‘Esto hace a la corporación vulnerable, propensa a presiones y susceptible a la corrupción', calificó el abogado.

Herrera Morán añadió que ‘hay varios magistrados que se están rebelando y han pedido que se retire el amparo por improcedente, porque ya lo había resuelto, ya han fallado varios recursos considerando al Pleno competente, y porque ese proyecto de fallo huele a soborno, a corrupción. Yo creo que vamos a vivir momentos de mucha turbulencia judicial‘.

Antes de entrar a calificar las evidencias, al iniciar la audiencia de ayer, Mejía hizo una introducción que prácticamente podría considerarse una respuesta al proyecto de fallo elaborado por el magistrado Ortega en el que extrae el caso del conocimiento de la Corte.

Mejía subrayó que se siente amparado por las decisiones que ha dictaminado la Corte en dos oportunidades anteriores al no admitir los amparos presentados por la defensa en cuanto a la competencia, y considera que sus colegas continuarán en esta misma sintonía.

El juez de garantías admitió que, si bien es cierto las decisiones del Pleno no han sido de fondo, la jurisprudencia de la Corte indica que no es necesario que solo se cumpla con los requisitos formales sino con un criterio de lesividad.

Mejía se apoyó en un fallo de la Corte del año 1994, en el que se rechazan las interpretaciones de conducta que conducen a lo absurdo, para validar las facetas avanzadas en el proceso, situación que no puede desconocerse como parte de la competencia del Pleno.

Alegó que durante la fase de investigación, si la persona en cuestión renuncia a su cargo como diputado, no sucede nada, puesto que el fiscal aún no tiene un caso en su contra, pero no es así cuando ya ha sido acusado y se fija la competencia.

‘Esa es otra razón por la que estamos claros que la Corte tiene competencia para juzgar al diputado', sentenció Mejía.

El próximo miércoles 21 habrá un Pleno extraordinario. Ese mismo día, el Ejecutivo revelará los nombres de los suplentes al cargo de magistrados que debió nombrar desde enero pasado.

No se ha mencionado si se discutirá el fallo. Tanto querellantes como miembros de la defensa creen que podría haber sorpresas sobre el futuro del expresidente Martinelli, y advierten de la posibilidad de que salga librado de las graves acusaciones en su contra.

Mitchell Doens, víctima del caso, confirmó que se han realizado tres acercamientos entre Martinelli y voceros del grupo acusador. Los diálogos informales que según Doens ocurrieron a petición de Martinelli y su defensa, buscan posibles entendimientos entre las partes.

Doens, quien participó en dos reuniones recientes, dijo que Martinelli ofertó un pago de $75 mil a cada querellante a cambio de desistir del caso y postergar la audiencia de ayer. ‘Eso no prosperó, nosotros nunca vamos a desistir del caso', enfatizó Doens.

No obstante se mostró receptivo a volver a escuchar a Martinelli. Él no acepta acuerdo porque no se declara culpable de los hechos, añadió Doens.

Una tercera reunión se efectuó recientemente entre el acusador autónomo Rosendo Rivera, Nicomedes Castillo y Martinelli. En dicho encuentro, según Rivera, el exgobernante le dijo: ‘Rosendo, en Panamá todo y todos se compran'.

No obstante, Sidney Sittón desestimó las declaraciones de los querellantes y los tachó de tener ‘precariedades económicas' así como de mandar mensajes a El Renacer (donde está detenido Martinelli)'. Añadió que las acusaciones que presentaron los querellantes son meramente económicas y ‘quieren ver cómo le sacan dinero a Martinelli'.

La audiencia continuará el miércoles próximo, mismo día en que el presidente Juan Carlos Varela cumplirá con una tarea pendiente desde enero pasado. Enviará a la Asamblea Nacional los nombres de tres candidatos a magistrados que deben reemplazar a los actores principales en este tira y jala: Oydén Ortega y Jerónimo Mejía, a quienes se les venció su periodo en enero pasado.

Se estima que también decidirá sobre el caso del magistrado Abel Zamorano, suplente que funge como principal desde que el magistrado Alejandro Moncada Luna fue condenado en 2015.

Para la defensa de Martinelli, el proceso contra su cliente es ‘un libreto elaborado por Varela. A cambio del mismo, el Presidente se ha comprometido a presentar para la Asamblea Nacional, el nombre de Jerónimo Mejía como de Abel Zamorano, y el de Olmedo Arrocha (director de inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas), para ocupar las vacantes de la Corte.

Según Sittón, la designación de Zamorano como principal para completar el periodo, y de Mejía por diez años más, ‘se deben al pago que el Ejecutivo le hace a los dos magistrados'.

Martinelli, que luce una barba canosa recortada, ingresó y salió del salón de audiencia gritando sobre las supuestas injusticias en su contra. Durante la audiencia, escribió varias notas con mensajes que fueron leídos a la prensa por su vocero, Luis Eduardo Camacho.

Entre ellos, dijo que no aceptará la postulación para el cargo de la alcaldía de ningún partido político. El exmandatario recoge firmas para calificar como candidato para este puesto de elección popular, cargo que su partido, Cambio Democrático, ha reservado para posibles alianzas.

JUEZ AVALA CASI TODAS LAS PRUEBAS DE LA FISCALÍA

El juez de garantías Jerónimo Mejía culminó ayer el proceso de admisión de evidencias de la Fiscalía en la última fase de la audiencia intermedia que se sigue en contra del expresidente Ricardo Martinelli por supuestos pinchazos telefónicos.

Casi todas las pruebas que sometió la Fiscalía fueron aceptadas. Lo que le dará una posición cómoda para sustentar su teoría del caso. Las evidencias deberán permitir a la Fiscalía convencer al tribunal de juicio, con pruebas robustas, de la culpabilidad de Martinelli por los cuatro delitos que se le acusan. Dos de ellos consisten en peculado y otros dos por violar la intimidad de más de 70 víctimas.

Entre las evidencias que forman parte vital de la teoría del caso de la Fiscalía y del acusador autónomo, Rosendo Rivera, se aprobaron los siete cuadernillos que contienen las transcripciones efectuadas al correo electrónico ‘bradpty@gmail.com'.

Dicho material contiene la información que fue almacenada dentro de un disco compacto en forma digital con todas las conversaciones que supuestamente se obtuvieron por los pinchazos telefónicos.

Esta información sensitiva se mantiene bajo reserva para evitar revictimizar a los afectados. La prueba fue tachada de ‘ilicitud' por la defensa de Martinelli, pero a juicio de Mejía, cumplió con los requisitos legales sin vulnerar los derechos de la defensa de Martinelli.

También se contempló la admisión del testimonio del testigo protegido, prueba que habían solicitado la fiscalía y el acusador y que objetó la defensa. El juez determinó que se le permitirá continuar en esta discrecionalidad hasta la etapa del juicio, a menos que el Pleno disponga algo distinto.

Lo que no le admitió el juez al fiscal Harry Díaz fue el disco compacto del que se reproduce la voz distorsionada de un supuesto testigo de los pinchazos que se hacían en el Consejo de Seguridad durante la administración de Ricardo Martinelli.

‘El supuesto testigo de la voz distorsionada, que sirvió de base para acusar a terceras personas, acaba de ser descalificado por el juez de garantías', exclamó a los medios Carlos Carrillo, abogado de Martinelli.

Durante la fase intermedia, la fiscalía sometió a consideración del juez 74 testimonios, 48 pruebas documentales y 5 periciales, éstas últimas fueron admitidas. Mientras que el acusador autónomo pidió que se tomaran en cuenta 75 testimonios, 42 documentos y cinco pruebas periciales.

El juez dio el visto bueno a 14 testimonios comunes de todas las partes. Es decir, testimonios en los que coincidieron la fiscalía, el autónomo y la defensa.

También procedió a validar 58 testimonios comunes entre el fiscal y el acusador autónomo. La mayor parte de ellos son víctimas de los pinchazos, por ejemplo, el magnate Stanley Motta, el alcalde de la capital, José Blandón, y otras figuras políticas.

El único testimonio que el juez no admitió a la fiscalía, fue el de Ángel Coronel, el instalador de antenas y equipos de internet.

No obstante, permitió la comparecencia del presidente Juan Carlos Varela, como parte del grupo de víctimas a las que supuestamente se les vulneró el derecho a la intimidad.

También acompañan los testimonios de Ernesto Pérez Balladares, Martín Torrijos, ambos expresidentes de la República, así como el del exvicepresidente Samuel Lewis Navarro.

El juez reconoció 47 pruebas documentales de la Fiscalía.

Hoy continuará el proceso de admisión de pruebas del querellante autónomo y de la defensa. Esta última puso a consideración 28 testimonios, 87 documentos y 5 pruebas periciales.