Caso de los contratos de empresas supuestamente vinculadas al exdiputado Zúñiga llega al Ministerio Público

La supuesta relación de un exdiputado de la Asamblea Nacional con una empresa encargada de la distribución de agua potable en camiones cisterna fue denunciada este 25 de noviembre ante el Ministerio Público por el diputado de la Coalición Vamos y el circuito 4-5, Jhonathan Vega.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) fue fuertemente cuestionado el pasado 21 de noviembre, cuando salió a relucir la empresa Logística, Distribución y Transporte Zupri S.A. como contratista de la entidad para la distribución de agua en camiones cisterna. La empresa se encontraba junto a otras contratistas en una solicitud de traslados de partida por $1,6 millones, que remitió ese día el Idaan a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea.

De acuerdo al diputado Vega, Ameth Ocaña, director de dicha empresa, mantendría un supuesto parentesco familiar con la madre del exdiputado Edwin Zúñiga.

Por otro lado, el exdiputado Zúñiga aparece, a su vez, como directivo de una empresa de nombre similar a la que dirige Ocaña, que está inscrita en el Registro Público como Transportes Zupri S.A.

Por esa correlación de hechos la Comisión rechazó el traslado de partida al Idaan. En tanto, el diputado Vega recomendó a la entidad que separe a Logística, Distribución y Transporte Zupri S.A. del listado y vuelva a presentar la solicitud por tercera vez el próximo miércoles 27 de noviembre.

Precisamente el 21 de noviembre, cuando Vega expusó en la Asamblea Nacional las inconsistencias de la gestión pública del agua potable, un grupo de pobladores del sector de San Vicente, corregimiento de Chilibre, fueron reprimidos por la Policía Nacional con gases lacrimógenos, mientras protestaban para exigir agua potable.

Los cierres de calles son una constante en distintas comunidades a lo largo del país, una situación que destacó Vega y que pone en contraste dos derechos: el libre tránsito y el derecho a la protesta, en este caso, por el acceso al agua.

Luego de que los pobladores cerraron una de las calles, agentes policiales indicaron que las medidas de fuerzas buscaban “garantizar” el derecho al libre tránsito mientras los manifestantes denunciaban que solo pedían acceso al agua potable.

Muchas de las comunidades que son atendidas por carros cisterna son asentamientos informales.

“La distribución de agua potable en los cisternas es un negocio para alguien y son necesidades que tiene el pueblo panameño y utilizan el tema de los carros cisterna para un negocio”, sostuvo el diputado Vega.