Cámara de Comercio exige a la procuradora Porcell explicaciones por #VarelaLeaks

La filtración de información privada recientemente conocida como los 'Varela Leaks' ha forzado el pronunciamiento de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (CCIAP).

Los empresarios aglutinados en la CCIAP aseguran que "el intercambio de conversaciones entre el entonces presidente de la República (Juan Carlos Varela) y la procuradora General de la Nación (Kenia Porcell), abre el espacio de duda para la afirmación de una justicia selectiva que exige explicaciones de quienes aún ocupan posición de mando y jurisdicción".

Los empresarios destacan que la la filtración de información privada pone sobre la mesa la preocupante vulnerabilidad de las comunicaciones en todos los niveles, entre estas las de la seguridad nacional.

A su juicio, el contenido de estas comunicaciones evidencia una vez más "la crisis institucional que vivimos, especialmente en cuanto a la separación de los poderes del Estado y el manejo de la administración de justicia".

"Nuestras leyes justifican la intervención lícita de comunicaciones únicamente para fines respaldados por pruebas y que sea llevada adelante por las autoridades correspondientes. Todo lo demás es una violación tanto a la ley como al derecho fundamental a la privacidad", agrega la agrupación de empresarios.

El contenido de lo revelado y admitido como parcialmente cierto por quien fuese intervenido, matiza el comunicado, lleva a alzar una vez más la voz "de cara a corregir el rumbo y plantear posibles soluciones”.

Lo presentado en estas comunicaciones trasciende cualquier rol de balance y devela una alarmante manipulación del Órgano Ejecutivo sobre el Legislativo del momento, a través de prebendas, destaca el gremio.

Lo antes expuesto, continúa el documento emitido este lunes, lleva a que los sectores productivos del país se involucren en el llamado realizado por el actual Órgano Ejecutivo y participe en las mesas de trabajo a fin de proponer mejoras al paquete de reformas constitucionales que vela por tal separación de poderes y propone cambios en la forma de selección tanto del procurador General de la Nación como de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como su investigación y juzgamiento.

"Panamá, en aras de asegurar un desarrollo y un clima de estabilidad tanto social como político, necesita cuanto antes un marco que permita fortalecer un verdadero Estado de Derecho que se caracteriza por la separación de poderes, la certeza del castigo y un sistema de justicia equitativo. Sin esto, corremos el riesgo de convertirnos en un Estado Fallido", concluye la opinión de los empresarios.