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- 19/12/2013 01:00
Creado
- 19/12/2013 01:00
PANAMÁ. El pleno de la Corte Suprema de Justicia se inhibió de conocer una denuncia penal contra José Ayú Prado, cuando era procurador g...
PANAMÁ. El pleno de la Corte Suprema de Justicia se inhibió de conocer una denuncia penal contra José Ayú Prado, cuando era procurador general de la Nación, y ordenó su remisión ante la Asamblea Nacional ‘‘para lo que en derecho corresponda’’.
El polémico fallo se da en momentos en que se sabe de una fuerte disputa por la codiciada presidencia del Órgano Judicial.
Ya es conocido que el magistrado Alejandro Moncada Luna quiere reelegirse en el cargo de presidente; Harry Díaz en su momento presentó su interés en ocupar el puesto, y cuando Ayú Prado se vislumbraba como una figura de consenso sale a la luz pública el caso.
El abogado y catedrático Miguel Antonio Bernal desnuda las intenciones de la Corte: ‘‘remitir el caso a la Asamblea es para que no ocurra nada’’.
Indica que no cabía que la Corte lo enviara a la Asamblea, sino que Ayú Prado se declarara impedido.
‘Mandarlo a la Asamblea es una manera de enfriar el caso, de congelarlo’, añade.
Mirando con una lupa política, detecta que lo actuado es un acto de la Asamblea y la Corte ‘‘controlada por el presidente Ricardo Martinelli’’.
El abogado y consultor jurídico Ernesto Cedeño explica que en caso de detectar que no hay competencia del ente juzgador la remite inicialmente al ente investigador.
El pleno de la Corte valora —en el caso de haber renuncia— pero no lo reenviará a un ente juzgador para que juzgue, sino que la reenvía al que se la remitió, diciéndole que el pleno no es competente para juzgar esta materia.
‘No debió haberlo hecho, pero no hay una norma, en el procedimiento que se hace en la administración de justicia, que te diga cuando me declaro inhibido en este proceso, mandarlo directamente al que va a juzgar’.
DETALLES
El fallo del 6 de diciembre de 2013, cuyo ponente es Oydén Ortega, es producto de la denuncia que presentó el sindicalista Mariano Mena en noviembre de 2012 contra Ayú Prado por un caso de incautación de bienes en un proceso seguido en contra de Rogelio Fraiz a raíz de una denuncia de Jimmy Papadimitriu.
Mena, en su ampliación de diciembre de 2012, alegó que el entonces procurador encubrió.
El procurador de la Nación Oscar Ceville tenía la denuncia en sus manos desde 2012, pero esperó que Ayú Prado fuera nombrado magistrado, periodo que inició en enero de 2013, para pasar el caso a la Corte Suprema, en menos de 10 días.
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