Los asesinatos por encargo que han estremecido la política

Actualizado
  • 09/11/2023 00:00
Creado
  • 09/11/2023 00:00
Durante el quinquenio, al menos cinco políticos han sido asesinados por encargo, y en la lista hay del oficialista Partido Revolucionario Democrático y uno que buscaba una candidatura por la libre postulación
El asesinato del representante de Belisario Porras, César Caballero, volvió a poner en el tapete el tema de la narcopolítica

En los últimos cuatro años y medio, cuatro miembros y activistas del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) fueron asesinados por encargo. Estos son casos recientes y evidentes, pero hay otros más antiguos. También los hay de otros movimientos políticos.

En América Latina, la primera causa del denominado “sicariato” está relacionado con el crimen organizado y el narcotráfico, explicó José Vicente Pachar, director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf).

El 27 de agosto de 2020, en el corredor sur, la activista política del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y funcionaria de la Presidencia Wendy Rodríguez recibió múltiples disparos con tres armas de fuego. Iba acompañada por tres niños y había sido perseguida por seis autos.

Los asesinos pertenecen a la peligrosa organización criminal Los Chacales del Nuevo Detroit y fueron condenados a 50 años de prisión.

“Un sicario es contratado para matar. Los contratistas pueden estar sujetos a diversos intereses, pero su objetivo es eliminar a un individuo que no cumpla con las reglas no escritas de una organización criminal”, agregó Pachar. Son asesinatos al estilo de los carteles mexicanos y colombianos donde el narcotráfico ha alcanzado niveles impresionantes y planificados, en los que participan varias personas.

No solo es un hecho macabro, sino también un mal síntoma de la sociedad, porque está “en crisis por la penetración del crimen organizado”, advirtió.

El 9 de febrero de 2021, el exdiputado Diógenes Vergara fue asesinado en el sector de Cabra, Pacora. Fue diputado del PRD y dirigente transportista. Estaba reparando su auto en un taller que frecuentaba, cuando fue ejecutado.

Nueve meses después (14 de noviembre de 2021), en el distrito de San Miguelito, el subdirector del Registro Público y excandidato a diputado por el gobernante PRD Agustín Lara fue asesinado de dos disparos, mientras participaba de una actividad política en Los Andes.

Otro miembro del PRD murió a manos de sicarios esta semana. César “Pelé” Caballero, representante del corregimiento Belisario Porras, miembro del Consejo Municipal de San Miguelito y del PRD. Los sicarios esperaron que llegara de Colombia y lo acribillaron a la salida de su casa. Más adelante abandonaron el auto que los condujo a la escena del crimen. Las ejecuciones no son exclusivas de un partido político. El 1 de abril de 2019, Fidel Álvarez, candidato a representante por la libre postulación en Pedregal, fue asesinado en el sector de Rana de Oro.

Los sicarios llegaron en un vehículo, empezaron a disparar y después se dieron a la fuga. Para el criminólogo Marco Aurelio Álvarez, no queda duda que estos crímenes fueron ejecuciones directas.

“A nadie gratuitamente le descargan tantos disparos. Esas muertes no han sido fortuitas. Es evidente que están vinculadas con negocios del crimen organizado. En los negocios familiares se paga con la misma vida o con la de sus familiares”, advirtió Álvarez.

Bélgica Bernal Ballolis, directora del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá (UP), aseguró que antes la política estaba dirigida al servicio de la sociedad. Ahora, muchos la usan para beneficiarse y transgredir las leyes.

“Empiezan por la coima, los contratos y luego el lavado de dinero”, entre otros negocios, explicó la catedrática.

Este tipo de crímenes conducen a la inseguridad. Si un diputado o un representante, que es una figura pública y reconocida, es sujeto de este tipo de asesinato, ¿qué puede esperarle a un ciudadano común?, se pregunta la catedrática.

La respuesta es evidente. El surgimiento del sicariato o muerte por encargo se remonta a la década de 1990, después de la invasión de Estados Unidos a Panamá. Antes, este tipo de ajusticiamientos estaban controlados por la dictadura militar.

Es una forma criminal importada. Hoy causa gran impacto y preocupación en el país. Inicialmente se hacían contratos con sicarios sudamericanos para perpetrar los crímenes, pero en pocos años los pandilleros o delincuentes criollos de las bandas locales empezaron su oficio como sicarios por diversas causas.

Desde hace décadas, Panamá se ha constituido en un hub de drogas en tránsito desde Sudamérica hasta México y Estados Unidos. Las muertes por sicariato se recrudecieron durante la pandemia, de tal forma que ha sido difícil controlarlo y ha creado gran inquietud social.

“La sociedad está secuestrada por los delincuentes, tanto del crimen organizado (droga, tráfico de armas, políticos corruptos y vinculados al narcotráfico), como los criollos que integran las pandillas, que en su mayoría son sicarios o asesinos a sueldo para ejecutar la sentencia”, concluyó Álvarez.

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