Asamblea analiza reformas al Código Electoral; magistrados se oponen

La Asamblea Nacional, a través de una subcomisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, analiza un proyecto de ley que busca reformar el Código Electoral, en medio del ya abierto proceso electoral rumbo a las elecciones generales de 2024.

El proyecto 823 fue presentado por el diputado del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) Leandro Ávila, quien justamente preside la comisión de Gobierno.

La iniciativa busca que a partir de los comicios de 2024, las papeletas de votación no sean incineradas luego del proceso de votación, sino que sean preservadas y custodiadas hasta por 30 días después de las elecciones.

Según Ávila, al mantener las papeletas resguardadas físicamente, estas pueden ser utilizadas como prueba ante cualquier proceso de impugnación.

“La práctica de la quema de las papeletas de votación es usada desde antes de la instauración de la democracia, como un procedimiento antidemocrático que invoca la falta de transparencia. En un mundo y sociedad panameña, donde la ciudadanía exige dicha transparencia, no se puede seguir quemando esta evidencia real expresada mediante el voto de todo ciudadano en una papeleta de votación”, indicó Ávila.

El proyecto de tres artículos también modifica lo relativo a las fianzas exigidas para impugnar, sin establecer los montos de estas, según el cargo de elección popular por impugnar.

No obstante, durante la sesión de la subcomisión, el Tribunal Electoral mediante una nota comunicó a los comisionados de esta instancia legislativa que “no hay circunstancias ni necesidad, en estos momentos, de reformar el Código Electoral para las elecciones generales de 2024”.

De acuerdo con el magistrado Alfredo Juncá, quien firma la nota remitida a la Asamblea, la propuesta contenida en el proyecto de ley 823 pretende traer de vuelta el fantasma del “paquetazo”, al permitir que se preserve la existencia física de los votos emitidos después de haber sido escrutados.

“Para que no haya inconsistencias en las actas, se tendría que eliminar el voto selectivo, manteniendo solo el 'voto en plancha”, indicó Juncá.

Destaca el magistrado Juncá que en el Decreto 29 de 2022, reglamentario de la Elección General del 5 de mayo de 2024, se incluyeron como materiales adicionales para el funcionamiento de la mesa, dos tipos de hojas de control público, a saber, una para el escrutinio de los votos de los partidos y listas por libre postulación que será de color blanco; y otra para el escrutinio de votos de los candidatos de los partidos y listas, que será de color celeste, con el fin de evitar actas con inconsistencia en los circuitos plurinominales.

En lo relativo a la modificación del artículo 471, relacionado con las fianzas, el TE observa que no solo se modificó el numeral 4, sino el numeral 5, eliminando los montos de las fianzas por cargo, sin entrar a establecer un monto determinado, lo cual es requerido para que una demanda de nulidad de elección o de proclamación pueda ser admitida.

“Por todo lo anterior, nos oponemos al proyecto de ley 823 por inconveniente”, advirtió el TE.

Al respecto, Roberto Troncoso, miembro de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), precisó que pareciera contradictorio que, anunciado ya el plan general de elecciones, y adelantados ya asuntos como las aspiraciones de jóvenes independientes con ganas de ocuparse también de las cosas del país, se tenga este tipo de iniciativa, que hay que mirar con detenimiento. “Piensa mal y acertarás”, dijo.

Sostuvo que la quema de las papeletas de votación es harto conocida y reconocida y se adoptó por razones de seguridad y para que no se invitara a la alteración de resultados.

Para Troncoso, la revisión de lo actuado lo que hace es retrasar los resultados de la elección, ya que si las votaciones son cerradas, no será hasta el recuento que se pueda oficializar el resultado.

La diputada Emily García, quien preside la subcomisión que analiza el proyecto 853, y quien calificó de “muy importante“ esta iniciativa, indicó que esperan recibir antes de enero de 2023 los aportes de diversos sectores para hacer un informe final y compartirlo con el resto de los diputados para que todas las bancadas fortalezcan esta iniciativa.