Asamblea acelera propuesta para reformar el Código Electoral

La comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional prohijó un proyecto de ley presentado por el diputado oficialista Ricardo Torres, que propone reformas al Código Electoral y que podría modificar algunas reglas para las elecciones programadas para mayo de 2024.

Este proyecto de ley fue presentado la semana pasada y ha sido tramitado rápidamente por la comisión, presidida por el diputado Leandro Ávila, quien también pertenece al mismo partido político que el proponente.

Ávila defendió la celeridad en la consideración del proyecto, señalando que es común que las propuestas de los diputados sean prohijadas.

La iniciativa presentada reforma y adiciona un artículo al Código Electoral, modifica el artículo 380 A del Código Electoral, y se detalla que los candidatos comunes en sus partidos competirán para el cociente, medio cociente y residuo.

Adicionalmente señala que el partido o los partidos aliados compiten solamente para el residuo y serán identificados únicamente en la última casilla de la papeleta de votación de los partidos aliados con la letra “R”, y solo se sumarán los votos obtenidos por el candidato, en los diferentes partidos, para efecto del residuo.

El diputado Torres argumenta que esta propuesta surge como respuesta a la expedición del Decreto 64 de 2 de diciembre de 2022 por parte del Tribunal Electoral, que modificó el Decreto 29 de 2022 sobre las elecciones generales. Esta modificación introdujo la frase “o los últimos puestos” en el artículo 128, lo que ha generado controversia sobre la interpretación de cómo se asignan los puestos en las listas de candidatos.

Esta propuesta de reforma electoral es una de las tres que se encuentran en la Asamblea Nacional y ha generado oposición en varios sectores, especialmente debido al hecho de que el proceso electoral ya está en marcha.

Por otro lado, la misma comisión de Gobierno le dio primer debate al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para reformar la Ley de la carrera Administrativa.

Esta iniciativa pretende acreditar a 48.000 servidores públicos en la Carrera Administrativa, beneficiando a funcionarios de varias entidades del Estado.

El Ejecutivo agregó que el proyecto de ley tiene el fin de hacer de esta norma una herramienta jurídica ordenada, de fácil entendimiento y aplicación, tanto para las autoridades nominadoras como para las oficinas institucionales de recursos humanos y los servidores públicos al servicio del Estado, para lograr una gestión pública que esté condicionada a la competencia, lealtad y moralidad en el servicio público.