Archivan denuncia de Ricardo Martinelli contra la magistrada López

De manera unánime, los diputados miembros de la comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional, decidieron archivar una denuncia contra la magistrada presidente de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, por el delito contra los servidores públicos.

Se trata de la carpetilla 288 que contiene una denuncia presentada por Luis Eduardo Camacho y Ricardo Martinelli Berrocal contra la magistrada presidente de la Corte, por supuestamente alterar las fechas de los casos para acelerar la sentencia contra Martinelli.

El diputado independiente y miembro de esta comisión, Gabriel Silva, alegó que esta denuncia no cumple con los requisitos básicos y no existe delito para ser admitida.

A esta opinión se sumó el diputado perredista Roberto Ábrego y el panameñista Hugo Méndez.

Durante la sesión, los diputados archivaron la carpetilla número 291 contra los magistrados de la Sala Segunda de lo Penal de la CSJ, José Eduardo Ayú Prado, Maribel Cornejo Batista y María Eugenia López Arias, por el supuesto delito contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad y extralimitación de funciones, y por el posible delito de corrupción por fraude procesal. El denunciante alegó que los magistrados firmaron una sentencia condenatoria contra Luis Eduardo Garcés Tapia luego ser absuelto en primera y segunda instancia, y los magistrados se acogieron a un recurso de casación presentado por el Ministerio Público.

Sin embargo, el querellante señaló que no se le notificó a Garcés Tapia de la audiencia, no se llevó citación y no tuvo representación, porque no se le avisó cuando se iba a dar dicha audiencia.

Los diputados decidieron archivar dicha denuncia, argumentando que José Ayú Prado ya no es magistrado de la CSJ y por ende la Asamblea Nacional ya no es competente para investigarlo, sino la justicia ordinaria.

La carpetilla penal 294 consta de una denuncia presentada por Donaldo Sousa y Susana Araceli Serracín, en contra del presidente de la República, por el presunto delito de extralimitación de funciones constitucionales, contra el ambiente, abuso de autoridad, infracción de los deberes de los servidores publicos, contra el patrimonio histórico y desacato de sentencia de la CSJ, por autorizar la renegociación del contrato minero y por los posibles impactos ambientales negativos.

El diputado Gabriel Silva señaló que esta denuncia debe archivarse, ya que los hechos descritos no constituyen un delito y no se puede señalar al presidente como el responsable.

“No se le puede atribuir delito al presidente Cortizo, sino a la empresa, a quien firmó el contrato del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) “y esta comisión no está para juzgar ni tiene potestad de juzgar una empresa”, expresó Silva.

En tanto, una segunda denuncia contra el presidente Cortizo, contenida en la carpetilla 295, es por el delito de abuso de autoridad al no hacer públicos los detalles de un contrato 'confidencial' para la adquisición de las vacunas contra la covid-19 de la casa farmacéutica Pfizer y AstraZeneca.

Mientras que el diputado independiente Silva recordó que la Ley de Transparencia es clara y señala cuáles son los objetos de confidencialidad en las actuaciones del Órgano Ejecutivo, y en el gobierno, a su juicio, no existe la posibilidad de que los contratos sean confidenciales cuando tengan que ver con temas de salud.

Indicó que estos contratos con las casas farmacéuticas a la fecha no son públicos, y ni siquiera se saben con exactitud varios elementos importantes tales como quién los firmó, diferentes cuantías, diferentes procesos, entregas y demás.

Considera que puede haber una potencial apertura de este caso, debido a que si se le puede atribuir al presidente el delito de abuso de poder, porque realizó los contratos de manera confidencial cuando la Ley de Transparencia no lo permite.

El diputado asegura que en la actualidad no tienen conocimiento de quién firmó este contrato, porque pudo ser el ministro de Salud, quién debe ser el responsable y no el presidente de la República, pero ni siquiera tenemos esta información, agregó Silva.

El diputado perredista Roberto Ábrego alega que la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la confidencialidad de este contrato, por lo que no ve causal para imputar algún delito al presidente Cortizo.

Agregó que el contrato sí es confidencial y tratándose de temas experimentales, todas las empresas farmacéuticas de cualquier naturaleza que apliquen tecnologías especiales y de conocimiento exclusivo, piden las cláusulas de confidencialidad.