Apuestas de juegos de suerte y azar registran caída de 4.2%

Los ingresos por apuestas brutas (incluye premios pagados) disminuyeron el año pasado en 4.2%.

Informes de las Contraloría de la República, con fuentes como el Ministerio de Economía y Finanzas, Junta de Control de Juegos y la Lotería Nacional de Beneficencia, detallan que esa disminución está específicamente en las máquinas tragamonedas tipo A que bajaron en 4.2%, las mesas de juego 11.5% e hipódromo en 6.8%.

Por otro lado, las salas de bingo se elevaron en 25.8% y las de apuestas de eventos deportivos en 14.0%. La venta bruta de lotería se incrementó en 3.4%.

Mientras que los ingresos por apuestas netas (excluye premios pagados) descendieron en 4.7%; de estas, las máquinas tragamonedas tipo “A” en 5.6%, mesas de juego 2.3% e hipódromo en 9.2%. Por el contrario, se presentaron variaciones positivas en salas de bingo, 1.4% y salas de apuestas de eventos deportivos en 13.6%. La venta neta de lotería aumentó en 0.7%.

El deterioro en la actividad de los juegos de suerte y azar se ha venido registrando desde el 2015. Ese año cerró con $2.4 millones el Informe de apuestas brutas de los operadores de juegos de suerte y azar.

El economista Juan Jované tiene dos hipótesis de la situación que se vive en el negocio de los juegos de azar. Dice que una de las causas puede ser el problema económico que se vive en Panamá y la otra es que la sociedad tomó conciencia de lo que podría ser ludopatía. El economista espera que la segunda situación sea la de mayor importancia.

La Junta de Control de Juegos (JCJ) busca eliminar el 5.5% de impuesto en las mesas de juego y otras actividades de apuestas, como una forma de incrementar el atractivo del país para los apostadores internacionales.

Desde el 2014, cuando aportó $96.1 millones al Estado, las contribuciones de la industria de juegos de azar al país han ido en descenso. En 2015 el aporte de esta actividad fue de $82.2 millones, en 2016 descendió a $79 millones, mientras que en el 2017 se situó en $86.7 millones.

Los casinos tienen un contrato con la nación y son objeto de una permanente supervisión por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), por la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros y por la propia JCJ.

Actualmente la industria mantiene 44 concesiones; 13,614 máquinas tragamonedas tipo A; 6,777 máquinas tragamonedas tipo C; y 191 mesas de juegos.

En diciembre de 2019, el secretario ejecutivo de la Junta de Control de Juegos informó que se habían detectado, luegos de auditorías y los operativos de fiscalización, $1.5 millones de déficit en la recaudación de impuestos y el decomiso de un sin número de máquinas tragamonedas Tipo C ilegales.

En los últimos cinco años se hicieron dos o tres operativos, una carencia en la supervisión que aumentó el juego clandestino, escenario que la nueva administración busca cambiar, por lo que ha incrementado la fiscalización. A la fecha se han llevado a cabo 30 operativos para la detección de máquinas ilegales tragamonedas Tipo C.

El informe emitido por la Contraloría, en marzo pasado, con informes del primer mes del 2020 no ofreció cifras alentadoras para la industria del juego de azar, porque seguían a la baja.

El informe que compara enero 2019 y 2020, detalla que los ingresos por apuestas brutas (incluye premios pagados) disminuyeron en 1.8%, específicamente, los de las máquinas tragamonedas tipo A en 2.7% y los del hipódromo en 2.1%; por otro lado, los de las salas de bingo se elevaron en 21.6, en mesas de juego, 5.0% y los de apuestas de eventos deportivos en 15.5%. La venta bruta de lotería se incrementó en 14.0%.

En tanto, los ingresos por apuestas netas (excluye premios pagados) descendieron en 1.2%, de estos, el hipódromo en 19.7%, salas de bingo 18.6%, mesas de juego 7.2% y las máquinas tragamonedas tipo A en 1.1%; por el contrario, crecieron los de las apuestas de eventos deportivos en 31.3%. La venta neta de lotería creció en 6.1%.

Los casinos y salas de juegos de azar están obligados a pagar a los jugadores $0.93 de cada $1.00 que se apuesta en las máquinas tragamonedas, lo que significa que las empresas solo retienen $0.07, de los cuales se debe pagar a la Junta de Control de Juegos (JCJ) un 18%, que representa entre $70 millones y $80 millones al año.