Alejandro Toledo se entrega a la justicia estadounidense para ser extraditado

El expresidente de Perú Alejandro Toledo, reclamado por la justicia de su país desde finales de 2017, se entregó este viernes a la Corte de San José, en California (EE.UU.), para ser extraditado a Perú.

El expresidente llegó al tribunal a la hora prevista, las 09:00 hora local (16:00 GMT), y evitó entrar por la puerta principal para no encontrarse con los medios de comunicación, según contó a EFE una fuente de su entorno.

El lugar y la hora eran de conocimiento público, pero ante la corte no hubo curiosos ni compatriotas para tratar de presenciar su entrega.

“Ya está arriba”, dijo la fuente a EFE, que añadió que la mujer del expresidente, Eliane Karp, también ha subido.

Esa persona señaló que el expresidente y su esposa apenas habían dormido “dos horas y media recordando momentos”.

En una entrevista concedida en exclusiva a EFE la víspera de su citación judicial, Toledo exigió a la justicia de su país que no permita su “muerte en prisión”.

El expresidente estaba obligado a entregarse a las autoridades este viernes por la mañana en el edificio Robert F. Peckham, sede del Tribunal del Distrito Norte de California, en la ciudad de San José.

Está previsto que Toledo pase a disposición del Servicio Federal de Alguaciles, que lo mantendrá en una cárcel del condado de San Mateo (EE.UU.) antes de enviarlo a Perú.

El exmandatario había manifestado en declaraciones a EFE horas antes de su entrega que desconocía el tiempo que permanecerá recluido en Estados Unidos y “quiénes vendrán desde Perú” para ejecutar la extradición que, según su equipo legal, debe pasar a manos de la Interpol próximamente.

Toledo está imputado en su país por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias en relación con el escándalo Odebrecht que, a su vez, forma parte del conocido caso Lava Jato y que salpicó a diferentes dirigentes latinoamericanos.

En 2019, el fundador del extinto partido Perú Posible ya fue arrestado en California, donde impartía clases en la Universidad de Stanford, por el mandato de extradición que pesaba sobre él, pero un año después fue puesto en régimen de arresto domiciliario tras considerarse que su salud podría peligrar durante la pandemia.

En septiembre pasado, la justicia estadounidense dio luz verde a la extradición de Toledo a Perú, al haber hallado pruebas suficientes que justifican esta medida, que fue avalada en febrero de este año por el Departamento de Estado.

“Estoy profundamente desilusionado con lo que ha sucedido en el Departamento de Justicia y en el Departamento de Estado (EE.UU.), pero eso no quita mi gratitud con este país que me lo ha dado todo”, aseguró Toledo.

Aunque acabó dejando en el aire que su arresto podría haber sido negociado entre el actual Gobierno peruano, con Dina Boluarte a la cabeza, y la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, en la reunión que mantuvieron en febrero.

“Solo espero que no hayan negociado con mi cabeza”, añadió.

El fiscal peruano José Domingo Pérez, a cargo de la denuncia por corrupción contra el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), consideró este viernes la necesidad de que miembros de su equipo en el Ministerio Público participen en el traslado del exmandatario en su extradición al país andino.

Minutos después de que Toledo se entregara en Estados Unidos a un juzgado para ser extraditado a su país, Pérez declaró a la prensa peruana que “a nivel del equipo especial Lava Jato (de la fiscalía), estamos a la expectativa que las autoridades en el Ministerio Público nos puedan informar” sobre este hecho.

Sin embargo, el fiscal agregó que ha considerado “la necesidad de la representación de fiscales, que puedan asegurar el debido traslado que van a realizar las autoridades peruanas”.

“Esperamos que pueda haber una adecuada y correspondiente actuación por parte de nuestra entidad de la fiscalía”, agregó Pérez.

El fiscal presentó en una audiencia judicial la denuncia contra Toledo por el llamado caso Ecoteva, en el que está acusado junto a su esposa, su suegra y excolaboradores, y en el que explicó a los periodistas que hubo “un direccionamiento del proceso (de concesión) de la carretera Interoceánica como contraprestación del ofrecimiento del pago de $35 millones” para el expresidente.

La obra vial fue adjudicada a la empresa brasileña Odebrecht, la que admitió haber transferido ese dinero a cuentas del empresario Josef Maiman, quien fungió de testaferro de Toledo.

“En las siguientes sesiones se va a estar presentando la prueba y va a haber el debate correspondiente”, anticipó Pérez.

El fiscal anticorrupción subrayó que la labor del equipo especial será “defender la posición de la sociedad que se ha visto agraviada por estos graves delitos de corrupción y lavado de activos”.