Advierten de movilización el 1 de julio por incumpliendo al acuerdo de la Mesa Única del Diálogo

La Alianza Pueblo Unido por la Vida —el movimiento de organizaciones sindicales, sociales y populares que surgió en las negociaciones tras los enfrentamientos de julio de 2022— advirtió este miércoles 28 de junio que este sábado 1 de julio se movilizarán a las puertas de la Asamblea Nacional por los incumplimientos de los acuerdos de la Mesa Única del Diálogo y en rechazo al contrato minero.

El 1 de julio en la Asamblea Nacional se establecerá el quinto periodo ordinario de sesiones, evento protocolar donde son elegidas las nuevas autoridades del hemiciclo y el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, rinde un informe de su mandato al país.

En una nota reiteran que el pueblo panameño experimenta una difícil situación con el incremento del costo de vida y el abuso y la especulación del sector empresarial en el precio de los alimentos, medicamentos y combustibles.

“A pesar de los acuerdos alcanzados en la Mesa Única del Diálogo, la situación que enfrentan hoy los sectores más desfavorecidos sigue siendo igual o peor que hace un año. El precio de los alimentos, de los productos y servicios esenciales se han incrementado, grandes problemas de la población siguen sin solución debido al incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno y del sabotaje del sector empresarial de la segunda etapa del diálogo”, sentenció la organización en su comunicado de prensa.

Sostienen que el desabastecimiento de medicamentos en la Caja de Seguro Social (CSS) demuestra, una vez más, “la falta de voluntad en resolver de manera definitiva el problema y acabar con el negociado y especulación del sector empresarial que lucra con la salud de la población, mientras que el Gobierno Nacional, de manera irresponsable, se desentiende de los graves problemas de la CSS, tras el fracaso del amañado diálogo” convocado por el director general de la institución, Enrique Lau Cortés.

La Alianza Pueblo Unido por la Vida además rechaza el contrato minero entre el Estado y la empresa Minera Panamá, ya que “otorga amplios derechos a la multinacional minera, expone a la población a graves riesgos ambientales y lesiona profundamente la soberanía nacional”.

La nota finaliza haciendo un llamado a las organizaciones sociales, sindicales y populares a impulsar las acciones unitarias y de movilización popular, para “emprender las acciones que sean necesarias para defender el derecho a la vida digna”.