Acogen proyecto que amplía lista de funcionarios obligados a presentar declaración jurada de estado patrimonial

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, prohijó el anteproyecto de ley que busca transparentar la gestión de los servidores públicos de alta jerarquía y que específicamente obliga a los diputados y sus suplentes, representantes de corregimiento, concejales, a los alcaldes y vicealcaldes a presentar anualmente una declaración jurada de estado patrimonial.

La iniciativa también incluye a los secretarios generales municipales, gobernadores, directores de la Autoridad Nacional de Aduana y del Servicio Nacional de Migración, al igual que a los jefes diplomáticos y consulares, los superintendentes de bancos, Mercado de Valores y de Seguros y Reaseguros, miembros de juntas directivas que manejen fondos públicos o tomen decisiones al respecto, y miembros de juntas directivas encargadas de administrar instituciones públicas.

Esta lista de funcionarios se agrega a la ya establecida en la Constitución Política de la República en su artículo 304 ampliada por la Ley 59 de 29 de diciembre de 1999.

El proponente del proyecto, el diputado Roberto Zúñiga explicó que esta modificación se sustenta en la importancia, responsabilidad e investidura de estos altos cargos y el posible manejo de fondos y recursos del Estado, además de aumentar los elementos básicos que establece la Ley 59 de 1999 sobre el contenido que debe disponer la declaración jurada de estado patrimonial y dividirla en activos, pasivos e ingresos para lograr obtener un panorama más completo y detallado sobre el estado patrimonial del servidor público.

Adicionalmente, la propuesta busca detectar de forma preventiva actos que puedan dar indicios de corrupción, por lo que se incluye la obligación de presentar una actualización anual de la declaración jurada de estado patrimonial y cuando se produzcan alteraciones significativas, para que las malas prácticas en la administración pública puedan ser atacadas de inmediato y no después de finalizar el mandato.

Zuñiga destacó que la normativa plantea hacer públicas las declaraciones de intereses que deben presentar los servidores públicos en cumplimiento de la Ley 316 de 18 de agosto de 2022.

“Es de conocimiento general y notorio que el conflicto de intereses en el sector público es uno de los actos que más nos ha afectado como país y que lamentablemente hace que nos posicionen internacionalmente como un país altamente corrupto”, expresó.

Esta instancia legislativa también acogió el anteproyecto de ley 8 que crea la figura del auditor de cumplimiento normativo estatal para las entidades públicas, como garante de la transparencia institucional.

También se acogió el anteproyecto de ley 15 que ordena la elaboración de textos únicos y su publicación en formato de datos abiertos y reforma la ley 53 de 2005.

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional prohijó el anteproyecto de ley 3que busca transparentar la gestión de los servidores públicos de alta jerarquía y que específicamente obliga a los diputados y sus suplentes, representantes de corregimiento, concejales, a los alcaldes y vicealcaldes a presentar anualmente una declaración jurada de estado patrimonial.

La iniciativa también incluye a los secretarios generales municipales, gobernadores, directores de la Autoridad Nacional de Aduana y del Servicio Nacional de Migración, al igual que a los jefes diplomáticos y consulares, los superintendentes de bancos, Mercado de Valores y de Seguros y Reaseguros, miembros de juntas directivas que manejen fondos públicos o tomen decisiones al respecto, y miembros de juntas directivas encargadas de administrar instituciones públicas.

Esta lista de funcionarios se agrega a la ya establecida en la Constitución Política de la República en su artículo 304 ampliada por la Ley 59 de 29 de diciembre de 1999.

El proponente del proyecto, el diputado Roberto Zúñiga explicó que esta modificación se sustenta en la importancia, responsabilidad e investidura de estos altos cargos y el posible manejo de fondos y recursos del Estado, además de aumentar los elementos básicos que establece la Ley 59 de 1999 sobre el contenido que debe disponer la declaración jurada de estado patrimonial y dividirla en activos, pasivos e ingresos para lograr obtener un panorama más completo y detallado sobre el estado patrimonial del servidor público.

Adicionalmente, la propuesta busca detectar de forma preventiva actos que puedan dar indicios de corrupción, por lo que se incluye la obligación de presentar una actualización anual de la declaración jurada de estado patrimonial y cuando se produzcan alteraciones significativas, para que las malas prácticas en la administración pública puedan ser atacadas de inmediato y no después de finalizar el mandato.

Zuñiga destacó que la normativa plantea hacer públicas las declaraciones de intereses que deben presentar los servidores públicos en cumplimiento de la Ley 316 de 18 de agosto de 2022.

“Es de conocimiento general y notorio que el conflicto de intereses en el sector público es uno de los actos que más nos ha afectado como país y que lamentablemente hace que nos posicionen internacionalmente como un país altamente corrupto”, expresó.

Esta instancia legislativa también acogió el anteproyecto de ley 8 que crea la figura del auditor de cumplimeito nmoremativo estatal para las entidades públicas como garante de la transparencia inmstitucional.

También se acogió el anteproyecto de ley 15 que ordena la elaboración de textos únicos y su publicación en formato de datos abiertos y reforma la ley 53 de 2005.