Abogado cuestiona críticas sobre el manejo brindado a los auxilios económicos del Ifarhu

Desde la oficina del abogado Ángel Luis Álvarez, quien actúa en defensa de Bernardo Meneses, exdirector general del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), cuestionó las críticas surgidas recientemente sobre el tema de los auxilios económicos que el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), otorgó en la pasada administración.

Según la nota los programas de auxilios económicos, becas y demás ayudas aprobadas por la institución, tienen aproximadamente un año de estarse investigando, tanto por denuncias recibidas como de oficio, con el fin de verificar la legalidad de los miles de beneficios aprobados.

Por lo que estas investigaciones han desplegado las acciones pertinentes y han recibido una constante y persistente cobertura mediática, dado el interés público que generan, aclara el comunicado.

Según la nota de la oficina del abogado, los tres pedidos de levantamiento de fuero penal electoral solicitados por el Ministerio Público contra Meneses, el mismo se presentó a inicios de marzo de 2024, ante el Tribunal Electoral para renunciar a dicho fuero, permitiendo la continuidad de los procesos y ha participado en cada procedimiento correspondiente, en estricto derecho.

“Las nuevas denuncias anunciadas por los administradores del Ifarhu e incluso por la Cámara de Comercio redundan sobre los mismos hechos que ya están siendo investigados por el Ministerio Público. Es importante señalar que el doble juzgamiento o las investigaciones paralelas por los mismos hechos son contrarias a Derecho. Por tanto, como abogados, consideramos indispensable exigir que se permita el esclarecimiento de la verdad dentro del marco del debido proceso legal, evitando anticipar juicios mediáticos y procurando no entorpecer el avance de las causas preexistentes”, dice la nota de la oficina del abogado Álvarez.

Estas reacciones surgen luego de que la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá (Cciap) hiciera público la mañana de este domingo que presentó ante el Ministerio Público (MP) una denuncia penal contra quienes resulten responsables por la posible comisión del delito contra la Administración Pública, especialmente aquellos relacionados con el otorgamiento de los Auxilios Económicos como becas.

Para el abogado Álvarez tanto la transparencia y la persecución de posibles delitos, es de interés común. Por ello, sería ideal que estos esfuerzos se enfoquen en aquellos temas que aún no han sido atendidos, pese al enorme perjuicio que ocasionan a los panameños y su calidad de vida, como es el grosero sobrecosto en el precio de los medicamentos, la manipulación de las licitaciones en materia de salud, la situación de la Caja del Seguro Social y el abuso de los prestadores de servicios públicos que detienen el desarrollo del país, entre muchos otros temas pendientes, en los que la efectiva colaboración de los distintos gremios resultaría de beneficio para todos.

No obstante, el Ifarhu también emitió un comunicado señalando que la presente administración encuentra beneplácito en el pronunciamiento hecho por la Cámara de Comercio en su sección La Cámara Opina.

“Estamos comprometidos con la rendición de cuentas y la transparencia y es por esta razón que en la institución se adelantan las debidas auditorias por parte de los organismos facultados. Toda vez que sean entregadas dichas auditorías, el Ifarhu hará público los hallazgos de las mismas”, explica el comunicado.

De acuerdo con la nota de encontrarse con acciones legales que se deriven de dichos resultados serán encaminadas dentro del marco jurídico.

“Este importante anuncio por parte del gremio CCIAP nos motiva mucho a continuar trabajando contra la corrupción. Al tiempo que reiteramos que el único compromiso es con el fortalecimiento del capital humano para apoyar el perfeccionamiento académico de los estudiantes mediante el financiamiento para la formación de los profesionales que requiere el país”, culmina el enunciado por parte de la institución gubernamental.