Una empresa que espera justicia desde hace más de un cuarto de siglo; y todavía no llega

Para el mítico cantante de tango Carlos Gardel, un periodo de 20 años no es nada. Sin embargo, para los propietarios de la empresa Multicines de Panamá ha sido más que una pesadilla luchar —y seguir luchando quién sabe hasta cuándo— durante más de un cuarto de siglo para recibir la justicia definitiva que, por los vientos que soplan, aún no se vislumbra en el lejano horizonte.

El caso de Multicines de Panamá es uno más de los muchos, muchísimos expedientes que, aquí en tierra istmeña, duermen el sueño de los justos —o sea, engavetados por acción u omisión— en despachos de jueces y magistrados, impregnados (los cajones y no los juzgadores, por si acaso) con telaraña, polvo y mugre.

“Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”, solía decir el filósofo romano Séneca. Ese pensamiento es conocido hoy, de manera más simple, como “justicia que tarda no es justicia”. Y con mucha similitud opinaba el escritor francés Jean de La Bruyère que una cualidad prominente de la justicia es “hacerla pronto y sin dilaciones”.

La morosidad judicial es tan dramática que el caso de Multicines de Panamá inició con los abuelos —con los padres de intermedio, por supuesto— de los hoy nietos. Es decir, tres generaciones de la misma familia han enfrentado la misma causa.

Resulta que a los accionistas de Multicines de Panamá jamás les pasó por la mente que comprar un terreno en pleno centro capitalino, dentro de un proceso normal de remate público, ocasionaría tantos dolores de cabeza —migraña, más bien— y una batalla cuesta arriba dentro de un fenómeno lento que no solo produce hemorragia de dinero por la contratación de abogados y otros desembolsos conexos, sino un desgaste mental que ya ha afectado la salud, física y emocional, de algunos de los dueños de la citada empresa.

Todo comenzó aquel 14 de agosto de 1997 cuando Multicines de Panamá adquirió la finca No. 12986 y sus mejoras, un terreno contiguo donde funcionó por mucho años el popular almacén El Depósito, en el sector capitalino de La Locería (Betania). La compra se realizó como parte de un remate público. El bien fue adjudicado definitivamente mediante la sentencia No. 3030, con fecha 20 de agosto de 1997, que emanó del Juzgado Séptimo Civil de Panamá.

El remate en mención fue la consecuencia de un proceso ejecutivo hipotecario que se interpuso en contra de ocho compañías que, todas, comienzan con el vocablo FAR, mejor conocidas como FAR y Otras, vinculadas con el empresario Salomón Homsany.

Dentro del mismo proceso, la empresa conocida como Inmobiliaria La Esmeraldina, también perteneciente a Homsany, había presentado —antes del remate— una tercería con el objetivo de adjudicarse varias mejoras físicas del terreno. Esta acción fue rechazada de plano por el despacho judicial ya citado, decisión que fue confirmada eventualmente por el Primer Tribunal Superior.

No contenta con lo decretado por los tribunales, unos meses después (1998) La Esmeraldina formalizó un nuevo proceso ordinario de mayor cuantía en contra de Multicines de Panamá y —aunque no suene real— contra las mismas FAR y Otras. O sea, una empresa de Homsany demandó a otras organizaciones de su mismo conglomerado comercial. Estas pretensiones también resultaron descalificadas por los jueces en el año 2010. Igual suerte corrieron las apelaciones, que alcanzaron a la Sala Primera (civil) de la Corte Suprema en 2011.

Cuando La Esmeraldina sintió que ya no contaba con otro lugar para sus propósitos y, asimismo, cuando se pensaba que ya se había constituido la “cosa juzgada material” (caso cerrado), de repente apareció la empresa Residencial La Loma, S.A. —también relacionada con Homsany— para enredar el litigio mediante un proceso no contencioso de edificación en terreno ajeno.

Residencial La Loma fue más temeraria, pues presentó, para sus fines legales, certificaciones de la Dirección de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá para constar que aquella, Residencial La Loma, había recibido permisos oficiales de edificación y ocupación para estructuras y mejoras, todo ello dentro del periodo 1998-2010.

Más adelante, no obstante, ante un sinfín de evidencias abrumadoras, el Municipio de Panamá no tuvo más remedio que anular —en el año 2014— las mencionadas certificaciones, decisión que fue confirmada en 2016 por la Gobernación de Panamá.

Aún resulta un misterio cuál o cuáles funcionarios en la Alcaldía capitalina [José Blandón Figueroa fungía como burgomaestre] emitieron tales documentos, que fueron sustentados en falsedades comprobadas, puesto que ninguna de las empresas de Homsany poseía derechos sobre la finca cuyo propietario único es Multicines de Panamá.

Con esta resolución de la Alcaldía capitalina, Multicines de Panamá, a través de sus apoderados legales, interpuso en el año 2017 un recurso extraordinario de revisión en contra de dos sentencias —un fallo y una corrección— proferidas por el Juzgado Sexto Civil de Panamá, las cuales favorecieron al empresario Homsany con fundamento en las certificaciones apócrifas del Municipio capitalino ya explicadas anteriormente.

En efecto, y luego de cinco tortuosos años, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia determinó no hace mucho (5 diciembre de 2022) que está bien fundamentado aquel recurso de revisión incoado por Multicines de Panamá para invalidar las dos sentencias del juzgado inferior ya mencionado. Sin embargo, todavía no hay resolución definitiva porque la misma sentencia del tribunal supremo ha dejado abierta una ranura legal que, de seguro, será aprovechada por el empresario Homsany para dilatar una conclusión que es inevitable.

Mientras tanto, los dueños de Multicines de Panamá ya colocaron en su oficina el nuevo calendario del año 2023. ¿Cuántos más almanaques necesitarán? No saben: la parsimoniosa velocidad de la justicia panameña es un misterio aún por resolver.