El contrato del abogado del presidente

En 18 meses, el abogado Rogelio Saltarín, de la firma Saltarín, Arias y Asociados, efectuó 153 reuniones con 29 instituciones del Estado como parte del trabajo de asesoría penal que prestó para el Ministerio de la Presidencia. Entre julio de 2014 y diciembre de 2015, recibió $385,200 por sus servicios profesionales ( ver contratos completos en la web ).

La entidad con la que más veces se reunió fue con el Consejo de Seguridad Nacional (CSN). Hay registros de 25 encuentros. El propósito podría consistir en recabar información sensitiva o material probatorio que pudiera traducirse en querellas penales ante la Procuraduría General de la Nación (PGN). Los contratos estipulan que el Ministerio de la Presidencia se obliga a brindar al consultor las facilidades de apoyo que este requería para la ejecución de la consultoría, incluyendo un espacio físico en las instalaciones de la Presidencia. El contrato se adjudicó de forma directa por un monto de $385,200.

Algunas de estas reuniones con el aparato de inteligencia del Estado ocurrieron con la presencia de otras instituciones. Participaban miembros de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Autoridad de Aseo (AA), de la Dirección General de Ingresos (DGI), o del antiguo Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Saltarín se reunió, durante esos 18 meses, en siete ocasiones con el Presidente de la República, Juan Carlos Varela, para —como dejó establecido en su informe de gestión, al que tuvo acceso este diario— ‘coordinar tareas'. En algunas de estas reuniones con el mandatario participó la UAF.

En su informe, Saltarín también mencionó dos reuniones con Kenia Porcell, una mientras fungía como subsecretaria del Consejo de Seguridad, y otra en mayo de 2015, cuando ya ocupaba la jefatura de la PGN, para ‘coordinar sobre la presentación y seguimiento de los procesos penales que se presenten en diferentes entidades gubernamentales', dice el informe de gestión de Saltarín.

El megaconsultor sostuvo, además, 9 citas con personal de la PGN con el propósito de dar seguimiento a las querellas presentadas contra funcionarios de la actual administración y las que había presentado en su papel de asesor de la Presidencia de la República.

Desde que asumió el poder, Varela se trazó como objetivo investigar los millonarios contratos otorgados por su antecesor bajo la sospecha de estar plagados de irregularidades.

Para cumplir con la hoja de ruta trazada desde el Palacio de Las Garzas, Saltarín efectuó reuniones con la Autoridad de Aseo, el CSN, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA); con Varela; con el gerente y la asesoría legal de Tocumen, S.A; con Rafael Stanziola, entonces director del extinto PAN y con Kenia Porcell.

También se reunió con el asesor presidencial Francisco Sierra; con altos funcionarios de la Autoridad de Innovación Gubernamental; de la UAF; de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt); del Ministerio de Salud; de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme); del Ministerio de Obras Públicas; del Instituto Nacional de Arte y Cultura (INAC); de la PGN, del Instituto de Formación y Recursos Humanos (Ifarhu); y de la Lotería Nacional.

Saltarín se reunió, además, con el embajador de Panamá en Italia, Fernando Berguido; con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, de Cobranzas del Istmo, de la Dirección General de Ingresos, de la Autoridad Marítima de Panamá, de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, de la Autoridad de Turismo de Panamá; con el Contralor General de la Nación, con el Secretario del Metro de Panamá, con el director del Sistema Penitenciario y con personal de la Caja de Ahorros ( puede descargar el informe de gestión de Saltarín en la web ).

Varela estaba interesado en saber si había indicios penales para abrir investigaciones. Paralelo a Saltarín, se había asesorado con otra firma de abogados para lograr salidas amigables con las empresas que suscribieron contratos con el Estado.

Con ese criterio, fue contratada la firma Tapia, Linares y Alfaro, que asesoró a Tocumen, S.A. y al Ministerio de Seguridad en la negociación para lograr una salida airosa en los contratos celebrados por parte de la terminal aérea internacional, además de los suscritos con el consorcio italiano Finmeccanica para la compra por $250 millones de radares, helicópteros y un mapa cartográfico. Con el último, el gobierno comunicó que la finalización con la italiana y sus filiales, representó un ahorro al Estado de $100 millones.

El gobierno de Varela hizo un esfuerzo para corregir las irregularidades detectadas en la pasada administración. En rescindir contratos onerosos cuasi insostenibles para las instituciones que los suscribieron, o en investigar las reiteradas sospechas por posible peculado, o contra la administración pública, cometidos durante la administración anterior. Lo que muchos se preguntan es: ¿qué tan lejos llegó este trabajo?

Un vistazo rápido al resultado de los casos en los que intervino Saltarín y que culminaron en sumarias en la PGN, muestra que en esas pesquisas se ha logrado —hasta el momento— una sola condena.

Los juzgados han sobreseído provisionalmente al menos siete expedientes y se está a la espera de que se resuelvan recursos legales o que se cumpla la fecha de audiencia en mas de nueve casos. Mientras que por lo menos con seis empresas se hicieron arreglos contractuales, se anularon, o se rescindieron los convenios.

Quedan dudas sobre la forma en que Saltarín obtenía las pruebas para armar las querellas. ‘En el procedimiento, el CSN aportaba las pruebas y luego presionaba a los jueces y fiscales', reveló un abogado penalista.

Desde el CSN, añadió la fuente, se ejercía ‘un control vertical de subordinación sobre la investigación, dada la gran cantidad de trabajo que tienen los fiscales, la premura en dar respuesta a la opinión pública y el largo tiempo que deben invertir las fiscalías en esas complejas investigaciones'.

No hay duda, añade el abogado consultado, ‘de que hubo una organización para terminar los contratos que se habían adjudicado a la administración pasada. Lo que me extraña es la coincidencia del Consejo de Seguridad metido en esto'.

Saltarín se reunía una vez al mes con el entonces ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, con el fin de reportar las acciones cumplidas y coordinar las del próximo mes.

Dionisio Rodríguez, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), indicó que espera revisar la documentación que sustenta las publicaciones de este diario para dar una declaración objetiva. No obstante, añadió, ‘Si esto es cierto, nosotros consideramos que son irregularidades muy serias que deben investigarse bajo este concepto'

Dijo que ‘existen las instancias para que se realicen las investigaciones respectivas con respecto a la (labor) de la Procuradora tratándose de casos sensitivos que han sido manejados por ella'.

Por otro lado, el candidato a la Presidencia por el Partido Revolucionario Democrático, Laurentino Cortizo, exclamó que es preocupante que se inicien los expedientes fuera del Ministerio Público ‘porque pueden contaminarse'.

En el caso de los onerosos —en algunos casos insostenibles— contratos efectuados por la anterior administración de la empresa mixta estatal Tocumen, S.A., Saltarín efectuó más de una docena de reuniones con el Departamento de Asesoría Legal y el gerente del aeropuerto internacional, Joseph Fidanque III.

Las reuniones con Tocumen, S.A. fueron una de las primeras tareas de las que se ocupó. En julio de 2014, reportó un primer encuentro con el departamento de asesoría y dos con Fidanque.

Ese mismo mes, un ciudadano de nombre Alberto Arturo Vallarino, a través de una carta dirigida a la Contraloría General de la Nación en la que no proporcionó su número de cédula, puso en conocimiento el manejo inadecuado de los contratos efectuados por esa entidad.

De esta manera se iniciaron pesquisas en la Fiscalía Tercera Anticorrupción por supuesto perjuicio del aeropuerto internacional por la celebración de 14 contratos con 10 empresas. Entre estas estaban Panama Waste Managment, Neat House, S.A., Aventura 2000, S.A., Consorcio Asig Panamá, Republic Parking Tocumen, S.A., Ingeniería y Gestiones, Empresas Solís Bravo, S.A., Áreas Verdes Tocumen, Eco Caribe y Naves Supply, S.A.

Saltarín efectuó más de una decena de reuniones con el personal del aeropuerto, pero según aparece en el informe de gestión, se enfocó en los convenios efectuados con las empresas Asig; Millenium Security Service; Servicios de Almacenaje Tocumen; Sky Parking; Consorcio Ecocaribe y Áreas Verdes Aeroportuarias.

Todos estos contratos se dieron por terminados, por onerosos para la institución, en diferentes fechas por la nueva administración del aeropuerto. La terminal otorgó un contrato directo por $70 mil a la firma Tapia, Linares y Alfaro para que brindara asesoría especializada en temas contractuales.

Una de las negociaciones más tensas ocurrió con la empresa Asig, que había ganado una licitación por 20 años para administrar la planta de almacenamiento y suministro de combustible a los aviones. En este renglón el tema de seguridad fue hermético, por lo que la participación del CSN ‘tal vez podría justificarse', manifestó uno de los abogados consultados. ‘En ese caso en particular, la asesoría de Saltarín podría explicarse como para determinar si había, desde el punto de vista penal, sustento para presentar una querella. Fidanque no estaba interesado en enredarse en las querellas, sino solucionar la situación de los contratos', dijo un abogado conocedor de las negociaciones.

Mientras, en la parte judicial, las partes esperan audiencia preliminar fechada en el mes de enero 2019.

En lo tocante a Tocumen, S.A. y la Línea 2 del Metro, resulta evidente que el gobierno no quería complicar sus relaciones con Odebrecht, porque comprometería esos dos proyectos emblemáticos que deben estar listos para la JMJ 2019, un evento importante para la administración Varela.

En septiembre de 2014, el fiscal Tercero Anticorrupción abrió una pesquisa a raíz de una denuncia presentada por Fernando Núñez Fábrega, por el supuesto delito contra la administración pública. La fiscalía sustentaba que se habían dado trámites y pagos a empresas que no cumplieron con el servicio y con los montos en los contratos de estacionamientos, alquiler de buses, gasolina para aviones, limpieza del aeropuerto y áreas verdes, hechos que se acumularon en un solo expediente.

Hasta la fecha, la única condena en los casos revisados por Saltarín que ha logrado la Procuraduría General de la Nación ha sido el de Cobranzas del Istmo.

En el mencionado expediente se responsabilizó a Luis Cucalón, exjefe de la Dirección General e Ingresos (DGI), por delitos de peculado y corrupción de servidores públicos a quien el Juzgado Primero de Circuito Penal le ordenó el comiso de $6 millones.

Sobre el exdirector pesan cuatro casos y dos condenas. El hierro más fuerte le cayó hace tres semanas, cuando la jueza Águeda Rentería, del Juzgado Primero Penal, lo condenó a ocho años de prisión por el delito de peculado y corrupción de funcionarios públicos.

La pesquisa se resume en un contrato otorgado de forma directa a la empresa Cobranzas del Istmo —cuyo dueño es Cristóbal ‘Tobín' Salerno— para recaudar el pago de impuestos morosos. La Contraloría General de la República detectó un supuesto peculado que ascendía a $23 millones, de los cuales Salerno devolvió al Estado $20 millones. La empresa facturó $47 millones al Estado.

Quedan dudas sobre la forma en que Saltarín obtenía las pruebas para armar las querellas. ‘En el procedimiento, el Consejo de Seguridad Nacional aportaba las pruebas y luego presionaba a los jueces y fiscales', reveló un abogado penalista.

Desde el CSN, añadió la fuente, se ejercía ‘un control vertical de subordinación sobre la investigación, dada la gran cantidad de trabajo que tienen los fiscales, la premura en dar respuesta a la opinión pública y el largo tiempo que deben invertir las fiscalías en esas complejas investigaciones'.

Informes de la Fiscalía revelaban un supuesto manejo irregular de la asignación de cuentas y cálculo de comisiones para le empresa, e incluso comisiones por el pago de impuestos de la empresa Tocumen, S.A.

Salerno celebró un acuerdo de pena con la PGN, aceptó una condena de 48 meses de cárcel que se reemplazaron por días multa. Aunado a esto, la jueza Rentería le descongeló $37.3 millones en cuentas de ahorros y plazos fijos pertenecientes al empresario.

La Estrella de Panamá habló con Cucalón, y durante la entrevista manifestó: ‘‘Tobín' Salerno llegó a mi casa un día y me dijo que se reunió con José Luis ‘Popi' Varela (hermano del Presidente) y con ‘Picuiro' (Rolando López, secretario del Consejo de Seguridad)' y lo amenazaron con meter a su hija a la cárcel.

Le dijeron —añadió— que tenía que acusar a Cucalón ‘porque de lo contrario la meterían presa. La reunión fue a principios de abril y me dijo que yo tenía que entenderlo por ser ella su única hija", añadió el sindicado.

En otro caso, Cucalón también fue condenado por el delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes de funcionarios públicos por haber ordenado el secuestro de bienes de una empresa telefónica.

En 2012, cuando la administración de Ricardo Martinelli decidió adjudicar el contrato a la empresa ecuatoriana Hidalgo e Hidalgo por $155 millones para el diseño y construcción de un proyecto que abastecería de agua a la región del valle de Tonosí, nadie dudó de su necesidad.

Sin embargo, el primer obstáculo en la ejecución se presentó con la especulación de los precios de las tierras que requería el proyecto. El Estado desembolsó $30 millones a la empresa, que según la Fiscalía, se utilizaron para propósitos distintos.

Entre estos desvíos, el empresario veragüense Felipe Virzi, amigo personal del entonces presidente Ricardo Martinelli, admitió haber recibido $10 millones como parte de una asesoría a la empresa.

La Fiscalía Tercera Anticorrupción inició la investigación en agosto de 2014, el mismo mes que la firma de Saltarín se reunió en dos ocasiones con el ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

Posteriormente, en febrero y mayo de 2015, Saltarín se reunió con altos funcionarios del MIDA.

El consultor explicó al Consejo de Gabinete sobre el contrato en cuestión y reportó que acompañó al entonces ministro, Jorge Arango, a reuniones con los abogados y directivos de la empresa ecuatoriana.

La Fiscalía llamó a juicio a 33 personas —entre ellos dos ministros de la pasada administración— por supuesto blanqueo de capitales, corrupción y peculado. La Corte Suprema de Justicia debe resolver un amparo de garantías presentado por el Ministerio Público para luego fijar fecha de audiencia. El caso está paralizado judicialmente.

Un abogado conocedor del proceso de negociación indicó que durante las conversaciones que sostuvo el Estado con la empresa para rescindir el contrato, ésta estaba ‘dispuesta a devolver parte del adelanto de $13 millones que no había utilizado aún, mientras que el resto se justificaría con los gastos y facturas respectivas. Pero el gobierno no se decidió'.

En cambio, publicó una Resolución rescindiendo el contrato por incumplimiento, que el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas no avaló. En el transcurso de la investigación, la Fiscalía decretó prisión provisional para varios involucrados. Se revisaron facturas, gastos y estudios de impacto, así como gastos de ejecución.

‘La empresa interpuso una demanda en la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia que exige una indemnización por más de $60 millones. Al Ministerio Público no le convenía hacer arreglo porque se le debilitaba el caso penal', indicó la fuente consultada.

Rogelio Saltarín se reunió en 9 ocasiones con el entonces director del PAN. La primera fue en julio de 2014, y la última, un año después. En dos citas participó el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) y allí se coordinó la presentación de testigos protegidos para confirmar las supuestas compras con sobre costos durante las administraciones de Giácomo Tamburrelli (julio 2009-agosto 2012) y de Rafael Guardia (2012-2014).

Del PAN se desprenden 14 casos de corrupción. Pero la firma centró esfuerzos para recolectar información de los siguientes supuestos delitos: Orden de compra refrendada en junio 2014 por servicios de recolección de desechos hospitalarios en año 2013, contratos otorgados a sociedades anónimas que pertenecen al grupo económico de Heriberto ‘Yunito' Vega, excandidato a diputado del partido Cambio Democrático, por un monto de $8,014,354, órdenes otorgadas irregularmente para la compra de arroz con sobreprecio; órdenes de compra para la prestación de servicios de transportes, helicópteros y transporte terrestre, ordenes de compra para máquinas podadoras y de bolsas de comida.

De estos casos, dos fueron sobreseídos en primera instancia por juzgados penales de circuito.

El primero, desechos hospitalarios, inició en la Fiscalía en septiembre 2014 a raíz de una publicación periodística. Pero se archivó el 9 agosto de 2016 luego de que el Juzgado Quinto Penal se percata de que la Fiscalía no determinó la existencia de irregularidades en la ejecución de los contratos.

Mientras que el segundo expediente, se inició en septiembre de 2014 en la Fiscalía de Descarga Anticorrupción a cargo de Zuleika Moore, pretendía hallar irregularidades en contratos otorgados a sociedades relacionadas al exdiputado ‘Yunito' Vega. El 10 de agosto pasado, juez Décimo Quinto Penal, Leslie Loaiza, dictó sobreseimiento definitivo para todos los involucrados.

Hasta el momento, de los casos investigados por el abogado Saltarín, existe una condena, la de Luis Cucalón, en el expediente Cobranzas del Istmo. Se finiquitaron al menos 7 contratos entre el Estado y la empresa privada, y faltan audiencias en más de 9 casos.

Con respecto a las compras de arroz, la investigación nace a raíz de una querella presentada por un abogado del Consejo de Seguridad, David Hidalgo Padilla, apoderado por el entonces director del PAN, Rafael Stanziola. Este caso involucró a 40 funcionarios y 14 empresarios que fueron llamados a juicio, ya que según la investigación de la Fiscalía se detectó una supuesta lesión patrimonial por más de $12 millones.

Información del Órgano Judicial, refiere que el expediente se encuentra a la espera de audiencia desde el año pasado en el juzgado XV, a cargo de Loaiza.

Por ese caso, se validó el 13 de diciembre de 2017, la homologación del segundo acuerdo de pena suscrito entre la Fiscalía de Descarga Anticorrupción y la defensa de Guardia Jaén, que se le impuso una pena de 60 meses de prisión y le ordenó la devolución de $30 millones al Estado. Aún se está en espera que se resuelva una apelación.

En lo referido al expediente que investiga el alquiler de horas de helicópteros, en el que se señala a cuatro exministros de la administración Martinelli, la Fiscalía sufrió un duro revés luego de que el Segundo Tribunal de Justicia confirmara la decisión del juzgado de circuito de revocar la providencia de indagatoria efectuada a Fotis Lymberopulos, uno de los dueños de las empresas contratadas.

La Fiscalía de Descarga Anticorrupción apeló la decisión que aún se encuentra por resolver. Por este expediente se llamó a juicio a 20 personas de los cuales 15 son funcionarios y 5 particulares a quienes se acusa de peculado y corrupción.

En el caso de la comida deshidratada, que también mencionó la firma en su reporte, el juez Loaiza, dictó en diciembre de 2015 un sobreseimiento definitivo para los involucrados.

En junio de 2018, la juez Octava Leira Terán, decretó sobreseimiento definitivo para 7 imputados en el caso conocido como 'bolsas navideñas'.

Lo relacionado al caso conocido como bolsas de comida, en febrero de 2015 Saltarín reportó una reunión con el entonces director del PAN para la coordinación de tareas.

El caso inició de oficio en la Fiscalía Cuarta Anticorrupción en noviembre de 2014 por la denuncia de un testigo protegido. Se investigaba la supuesta compra de bolsas de comida en tiempos previos a las elecciones de 2014, en las que la entidad gastó aproximadamente $43 millones. La Fiscalía pidió llamamiento a juicio para 23 funcionarios y 16 empresarios.

La Fiscalía Cuarta solicitó abrir causa criminal contra los 39 imputados por la presunta comisión de delitos contra la administración pública (peculado y corrupción de funcionarios públicos). Se está a la espera de audiencia.

En marzo de 2016 la Fiscalía Anticorrupción envió el caso a la Corte Suprema de Justicia luego de que se mencionara en la investigación a dos diputados del oficialista Cambio Democrático.

Miembros de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros que aprobaron en 2012 un préstamo a la empresa HPC-Contratas- PV para la construcción del Centro de Convenciones de Amador, terminaron involucrados en un caso de supuesta lesión patrimonial en perjuicio de la entidad bancaria.

El caso fue analizado por Saltarín, quien se reunió en una ocasión con la junta directiva del banco, recopiló material probatorio que diera indicios de un acto delictivo.

La Fiscal Tania Sterling determinó que del desembolso de $10 millones efectuado por Caja de Ahorros, $7 millones se desviaron para pagar un préstamo que tapó un hueco financiero de la casa de valores Financial Pacific.

El préstamo al banco se pagó en su totalidad, más los intereses. No obstante, según una fuente informada del caso, "la Presidencia de la República estaba presionando a los miembros de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros para que se presentaran como querellantes en el caso que inició la PGN a raíz de una publicación periodística".

La fuente explicó a ‘La Decana' que los directivos no encontraban perjuicio en el préstamo, ya que actuaba como un banco comercial donde no cabe el delito de peculado, aunque no hubieran recuperado el dinero.

"¿Cómo podría haber un perjuicio de algo desconocido? Como insistía el Ministerio Público", se pregunta la fuente. "Tres directivos de la Caja de Ahorros renunciaron, incluyendo el Presidente, a causa de la presiones. Incluso una nota del Procurador de la Administración les recomendaba como obligación que se convirtieran en querellantes. La Procuradora General insistía en que se debía presentar la querella por si se encontraba algún delito que aún no se conocía", indicó la fuente.

El pasado 22 de agosto el Juzgado Décimo Cuarto Penal ordenó el sobreseimiento definitivo a 22 imputados en el caso por supuesto peculado en la Caja de Ahorros. La juez Vilma Urieta, determinó que no había intención de los señalados para ocasionar una lesión o perjuicio al Estado, más bien, que cumplieron con las buenas prácticas bancarias. La fiscalía apeló el fallo.

Irving Halman, administrador general de la AIG

En 2015, Irving Halman, administrador general de la Autoridad de Innovación Gubernamental otorgó poder al abogado Giovani Olmos para que asistiera en las sumarias por el delito contra la administración pública.

Olmos interpuso querella en febrero de 2015 a nombre de la institución después de haber analizado las irregularidades.

‘A mí me contrataron de la Presidencia para meter una querella en el caso de la AIG', manifestó Olmos a La Estrella de Panamá . ‘Él me contrató confiando en mi especialidad como penalista, él era el coordinador y buscaba a las personas idóneas'. El también exfiscal admitió haber recibido un pago de $20 mil por sus honorarios. Lo que nunca quedó claro es quién le pagó estos dineros. Olmos estaba confundido si el cheque provino de la Presidencia o de su colega Saltarín. El abogado prometió enviar al diario copia del pago, pero hasta la fecha de la publicación no se recibió a pesar de las insistencias.

"Yo me reuní con el Contralor de la República y logramos que se llamara a juicio en la reciente audiencia que se efectuó en el juzgado", contó el también exfiscal.

La tercerización de este trabajo no fue reportado por Saltarín en el informe de gestión que entregó al Ministerio de la Presidencia.

El caso de la AIG fue uno de los primeros que pasó por revisión por Saltarín. En septiembre de 2014, reportó la primera reunión en la que analizó la documentación de la AIG para definir los hallazgos del contrato que se hizo con la empresa Innovative Venture, por $211,850 para la adquisición de una plataforma de mensajería que, según la entidad, nunca funcionó.

Posteriormente efectuó otra reunión en octubre de 2015 y en febrero y mayo de 2015.

En julio pasado la juez Decimotercera Alina Hubiedo, llamó a juicio a cinco imputados después de hallar que la investigación efectuada por la fiscal Tania Sterling, acreditó el delito.

"Saltarín estaba trabajando para el Ministerio de la Presidencia cuando tuvimos estos hallazgos, era como un equipo de personas", manifestó a La Estrella de Panamá Irvin Halman, director de la AIG, quien identificó al abogado Satarín como el coordinador.

Justificó la asesoría de la firma ya que la AIG carece de un profesional para este tipo de tareas. "Nosotros estamos adscritos a la Presidencia y decidimos consultar al Ministerio sobre esta situación y ellos nos dijeron que tenían un equipo de abogados que estaban haciendo eso. No contamos con abogados penalistas, nuestra asesoría legal es de derecho administrativo, así que contactamos al Ministro y nos proporcionaron el abogado", explicó Halman.

"El trabajo que hicimos fue arduo y bien hecho, pero yo nunca me reuní con Saltarín en la Presidencia", aseguró el exfiscal Olmos, quien añadió que también colaboró en la elaboración de las querellas de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), trabajo del cual, dijo, nunca recibió pago.

En la AIG también se efectuó un informe de hallazgos detectados en la contratación de servicios sin respaldo contractual de Cable and Wireless, Sonitel y Smart Bytes. Además de las adquisición sin justificación de licencias subutilizadas, o que no habían sido empleadas, por $4 millones a la empresa TR Consultores. Lo grave, señala el informe de Saltarín, es que se hicieron varias compras fraccionadas o división de materia a la empresa TR Consultores.

Sobre el último caso, Halman confesó a La Estrella de Panamá que la Contraloría General está en mora con la entrega de una auditoría que determine si hubo o no lesión patrimonial en la compra de las licencias que la AIG consideró innecesarias.