Contraloría empieza dos auditorías en caso de albergues

La Contraloría General de la República empezó dos autorías para esclarecer, tanto el uso de fondos del Estado en los albergues, como el desempeño del personal de las entidades regentes en el tema.

Yonel De La Cruz, director nacional de Investigaciones y Auditoría Forense, explicó que bajo su dirección se realiza una “auditoría forense para sustentar irregularidades en el manejo de fondos y bienes públicos”.

Esta obedece a solicitud que efectuaron la Fiscalía de Cuentas y el Defensor del Pueblo, que motivó una resolución del contralor, Gerardo Solís, para instruir a la dirección mencionada a ejecutar inspecciones al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), entidad que desembolsa los subsidios a los albergues, y a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) que otorga fondos a través de personal técnico para que apoye a los diferentes albergues.

En este último caso, que ya está en marcha, se pretende dilucidar si el personal de la Senniaf asignado a los albergues cometió faltas que pueden calificarse como omisión de funciones.

Aunado a la auditoría forense, el contralor solicitó una auditoría de desempeño que evaluará las funciones y la gestión del Mides y Senniaf para identificar los hallazgos que presentó la subcomisión de la Comisión de Niñez, la Adolescencia, la Mujer y la Familia de la Asamblea Nacional con el fin de determinar por qué ocurrieron estas anomalías y evitar que pasen en el futuro. Este último punto se relaciona con la gestión que debió realizar el personal y cómo afectó su trabajo en los hallazgos que presentó dicha subcomisión a mediados de febrero pasado.

El desempeño de los trabajadores, de acuerdo con De La Cruz, se mide bajo los “manuales de funciones que rigen en ambos ministerios en comparación con la verificación de que estos se cumplan”. Los mismos, añadió, tienen un objetivo, al igual que la institución tienen la misión de velar para garantizar la protección a la niñez y la familia. “Para eso deben tener funcionarios capaces”, indicó el servidor público con 40 años de experiencia.

De las auditorías se pueden desprender presuntos delitos penales, patrimoniales (que derivan en la recuperación de fondos) y administrativos, cuya sanción máxima es el despido.

Lo que se busca, en cuanto a la gestión de los funcionarios del Mides y Senniaf, es presentar un manual de buenas prácticas en el manejo de los albergues que sea elaborado conjuntamente con los entes regentes y la sociedad civil. Los interesados pueden hacer sus aportes al correo electrónico yoneld@contraloría.gob.pa

Un juez de garantías imputó cargos a un hombre encargado de un albergue ubicado en la provincia de Veraguas, por el delito de maltrato a menor, en grado de omisión. Debido a la inmediatez de la fase intermedia, el juez negó la medida cautelar que solicitó la Sección de Familia de la fiscalía en perjuicio del agresor.

El caso se inició con una investigación de oficio en mayo de 2020, luego de que seis menores entre 14 y 17 años se escaparan del hogar “Refugio de Amor”, y pidieran auxilio a la Policía. Por este caso hay dos personas más imputadas por el delito contra el orden jurídico familiar y el estado civil, en la modalidad de maltrato al menor, quienes eran los encargados de administrar el albergue y se encuentran con medida cautelar de reporte periódico, desde el 27 de octubre de 2020. La fiscalía aplicó medidas de protección a las menores.

El Ministerio Público solicitó al juez suspender funciones al albergue en mención por no reunir las condiciones adecuadas ni la estructura para albergar personas; sin embargo, el juzgador negó esta petición argumentando que esta medida no es de competencia penal, sino administrativa.