Como el MEF pateó la deuda de proveedores y bancos

En diciembre de 2017, la cuenta del Tesoro Nacional tenía un saldo de $9 millones mientras que las finanzas públicas estaban por encima del déficit fiscal. El gobierno había usado los $500 millones que había en la cuenta y Dulcidio De La Guardia, entonces ministro de Economía y Finanzas, urgía a las entidades a que hicieran sus aportes al Estado.

El desequilibrio financiero llegó a tal punto, que De La Guardia propuso al presidente Juan Carlos Varela descomprometer las partidas y posponer los pagos.

En entrevistas previas, De La Guardia ha manifestado que cumplió con la Ley de Responsabilidad Fiscal, que limita el endeudamiento del Estado al 2% del Producto Interno Bruto. No obstante, el patear la lata constantemente acumuló la deuda al punto que la administración de Laurentino Cortizo tuvo que modificar dicha ley y ampliar el nivel de endeudamiento al 3.5% del PIB para poder hacer frente a los compromisos que dejó pendientes su antecesor. Es posible que De La Guardia haya cumplido con el nivel de endeudamiento requerido por ley, como él mismo lo reconoció, descomprometiendo las partidas y aplazándolas para años posteriores, pero la deuda no dejó de crecer.

El terreno que dejó la administración Varela, obligó a Cortizo a solicitar préstamos de la banca estadounidense y emitir bonos por la suma de $3,300 millones, situación que miran con lupa los organismos financieros internacionales por la posibilidad de que se rompa con el límite de 40% en la relación deuda - Producto Interno Bruto que supuestamente durante la administración Varela alcanzaba 38%. Un reporte del Bank of América y Merryl Lynch en el que se analiza el comportamiento de la deuda en Panamá, advierte que el deterioro de las finanzas públicas podría poner en riesgo el rating de crédito del país, aunque admiten que las agencias principales de financiamiento consideran aún estable la situación de Panamá.

En los chats que publica Varelaleaks.com, se intercambian mensajes entre un número que pertenecía al Ministro de Economía y Finanzas (MEF) 65367083, y el exmandatario Juan Carlos Varela. Por considerar la información de interés público, ilustrativa de un hecho económico puntual, este diario se permite reproducir fragmentos.

Para los economistas, descomprometer una partida, equivale a desconocer una deuda, o 'borrar' una cuenta por pagar de la partida asignada y 'patearla' para la siguiente vigencia fiscal. Esto, a pesar de que el presupuesto del siguiente año ya estaba comprometido y no contemplaba el compromiso pospuesto.

Esta es la respuesta a la deuda que encontró el gobierno de Laurentino Cortizo Cohen, cuando relevó a Varela en julio de 2019, y se topó con más $1,500 millones por pagar a proveedores, bancos y contratistas del gobierno.

Llama la atención el criterio que mediaba para el pago de deudas. La política preelectoral parecía ser un factor determinante. Se facilitaron pagos para allegados del Presidente, diputados opositores que buscaba tener de su lado el gobierno, contratos nuevos, o propaganda política.

De La Guardia, al verse apretado de flujo de caja, urgía a otras entidades del gobierno a hacer sus aportes. Así se pidió, por ejemplo, a la Autoridad del Canal de Panamá que pagara los excesos, o a la Autoridad Marítima de Panamá, para que hiciera su contribución, de lo contrario “el déficit se acrecentaba”, pronosticó De La Guardia.

Da la impresión de que limosneaba dinero entre las instituciones: "Fortuna $26 millones, Lotería Nacional de Beneficencia $2 millones, BNP $10 millones" reportó al Presidente.

Ante la situación Varela adoptó medidas: "Suspende todos los trámites de nombramiento y renovación de contratos de todas las Instituciones y Ministerios", ordenó Varela para paliar la crisis.

Ni siquiera había plata para la selección de fútbol que se estrenaba en el mundial de Rusia y requería de $1 millón.

"No podemos darle plata a Tapia (Juan Carlos Tapia, de 'Lo Mejor del Boxeo'), ese señor ha dicho que el gobierno es corrupto", se quejó Varela.

"Yo solo te pasaré lo urgente, lo demás que espere", insistió Varela.

En 2017, la situación no daba tregua: el desempleo registró un aumento de 5.5% a 6.4%. A pesar de la cifra, el Ministro achacaba el resultado a un ingrediente político. Decía que el hombre que manejaba la tasa de desempleo en el Ministerio de Trabajo pertenecía al opositor Partido Revolucionario Democrático.

Era un año preelectoral y Varela estaba preocupado por la culminación de las obras insignia de su administración, en especial las que ejecutaba el Ministerio de Vivienda, a cargo del programa 'Techos de Esperanza' que empezaba a quedarse sin fondos.

"Mario (Etchelecu, ministro de la cartera) se está quedando sin fondos, y Ramón (Arosemena, ministro de Obras Públicas) no está ejecutando. Traslada todo lo que puedas al Mivi", instruyó el mandatario.

El uso de los dineros del Estado parecía responder, en parte, a compromisos políticos antes que otras necesidades: “Popi (José Luis 'Popi' Varela, hermano del presidente y diputado) te va a pedir algo para una empresa allegada a Yanibel (Ábrego, diputada de partido Cambio Democrático), apóyalo", le pidió Varela al jefe de finanzas.

De La Guardia le recordó al mandatario que “los apoyos a PMG (supuestamente diputado Pedro Miguel González) fueron a través del DAS (Dirección de Asistencia Social), el pago de unas carreteras en su circuito. En el caso de RDL (presuntamente diputado Rubén De León), solo recuerdo contratos con la Asamblea Nacional”, le dijo el encargado de las finanzas públicas.

Se trataba de un supuesto pago a la empresa Constructora del Istmo, que De La Guardia ya había devengado.

“Necesito pasar estos dos pagos, debo poner al día los temas de publicidad”, exclamó Varela a su ministro.

Se refería a $1.2 millones en publicidad del gobierno. “No creo que $1.2 millones nos afecte”, consideró Varela.

La deuda con la empresa Cinematica Producciones, por más de $300 mil, impedía a Varela la grabación de nuevas cuñas de gobierno cuando más las necesitaba.

Un problema que pronto solucionó el jefe de las finanzas públicas.

De La Guardia parecía contar hasta el último centavo de las recaudaciones tributarias: “Para informarle que hasta el día miércoles los ingresos tributarios ascendían a $5,200 millones, la proyección era recaudar $5,500 millones, si logramos dicho monto, creo que tendremos algo de espacio para incluir gastos adicionales”, puso al tanto el Ministro al mandatario.

“Necesito que autorices al Ipat (posiblemente Autoridad de Turismo) el contrato de la hermana de la procuradora (Kenia Porcell)”, le pidió Varela a De La Guardia.

Orden que acató de inmediato el Ministro.

En marzo de 2018, se aplazó el pago de $28 millones que se adeudaban a los Municipios. La Secretaría de Desacentralización no concretó el último compromiso trimestral y tampoco devengaron el pago pese a que estaba incluido en la partida.

“No se cómo voy a resolver el problema”, desesperó el Ministro.

“No lo vamos a pagar este año, montamos un trimestre”, respondió Varela.

En abril el gobierno tenía $4.4 billones en órdenes de bonos, pero requería entre $1 billón y $1.2 billones, con vencimiento a 2050.

Entre tanto, las obras estaban paradas.

“Dulcidio, tema de Mivi, Mop, Conades (Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible), es grave. Son como $400 millones el hueco, necesitamos los dividendos del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) y mover $100 millones rápido”, urgió al presidente.

De La Guardia ya se había encargado de trasladar otras partidas para tratar de tapar el hueco. Pero se había quedado sin nuevas opciones: “Ya no tengo más fuentes para hacer traslados”, informó a Varela.

Añadió: “tengo $35 millones en presupuesto, o sea que no podría pedir un crédito adicional por $40 millones. No creo que nos quieran dar (el FAP) los $76 millones, están hablando de $30 o $35 millones y eso solo cubre el presupuesto”, sopesó De La Guardia.

La idea era conseguir dinero de las instituciones que se caracterizaban por sus jugosos aportes. Una de ellas era la Autoridad de Aduanas, a la cual el ministro reclamaba que a pesar de que habían aumentado las importaciones en $300 millones, los impuestos habían caído.

“Voy a cambiar a Gómez (José, director de Aduanas). Yo no puedo parar proyectos nuevos, tengo que dejar transición, es un año preelectoral”, dijo determinado Varela.

En este complicado panorama los diputados amenazaban al Ejecutivo con sus peticiones “para destrabar la Comisión de Presupuesto”.

“En la reunión con Barría (diputado Panameñista Luis) pidió lo siguiente para destrabar la Comisión de Presupuesto: $5 millones para la Asamblea Nacional; trasladar $3 millones que Manuel Cohen puso en el presupuesto del MEF a la Asamblea Nacional y otra institución; que le asignemos a los comisionados del presupuesto los 8 buses que tenemos en inventario del MEF; que el MEF ejecute los proyectos de los diputados de la comisión que incluyeron en el presupuesto, no llegan a $2 millones”, era la petición del diputado.

Varela ordenó a De La Guardia proceder, pero retener el primer punto hasta que los diputados aprobaran todo.

El diputado Cohen había presentado, además, una gestión de cobro a favor de la empresa Cobranzas del Istmo (investigada por el cobro de impuestos morosos en la administración de Ricardo Martinelli) por $7 millones, que según él habían sido auditadas por la Contraloría.

“Eso no se puede pagar, va a quedar un lío”, respondió tajante Varela.

“Necesito urgente más dinero a Conades, se lo quitaremos al puente”, decidió Varela ante la imperiosa necesidad.