Gapifi y gremios esperan aunar esfuerzos con el Ejecutivo para preservar y recuperar la industria de servicios

El Grupo Acción para la Igualdad Financiera Internacional (Gapifi), consideró que el fallo a destiempo en el proceso por el caso “Panama Papers”, y que aseguran nunca debió incoarse, fue en estricto derecho y justicia.

En un comunicado esta organización planteó que el caso de los infamantes “Panama Papers”, destruyó no solo una firma multinacional de abogados como Mossack & Fonseca y el consecuente saldo de dolor para muchas familias, que contribuyó de manera significativa en la muerte de Ramón Fonseca; sino que también causó un daño de igual o peor magnitud a Panamá, su imagen, economía y reputación internacional.

”Toda la trama fue cuidadosamente montada a través de medios ilícitos, como lo son la sustracción de información y documentos digitales y la compra de ese producto del ilícito por parte del gobierno de Alemania, en complicidad con un diario local y consorcio de periodistas que se prestó para denominar esa maliciosa y perniciosa publicación con el nombre de nuestro país, inclusive”, señala Gapifi.

Indicaron que a partir de allí la Unión Europea y otros países de este hemisferio se concentraron a través de organizaciones como GAFI, OCDE y la UE a chantajear nuestras necesidades económicas, incluirnos en listas discriminatorias y dictando en colaboración con una pléyade de ministros y subalternos sometidos de manera pusilánime, fiscales y jueces dispuestos a distorsionar la ley para presentar como ilícito lo que es legal.

”Todo ello ocurrió durante las administraciones de los expresidentes de la República, Varela y Cortizo, toda la normativa que redactaron en nombre de los panameños y que, por supuesto desconocía los intereses nacionales que han podido armonizarse y preservarse si, con un mínimo de dignidad, hubiésemos cumplido con la comunidad internacional, en condiciones igualitarias y de nación soberana de estas adecuaciones”.

Señaló la organización que lamentablemente, fue más fácil entregarnos con total ausencia de nuestra diplomacia, tan necesaria para una exitosa negociación en esta materia.

Indicaron que como ejemplos de medidas absurdas y disparates adoptados están: La obligación de que los abogados tengan los registros contables de sus clientes, lo cual aseguran, es de imposible cumplimiento; requerir la entrega de reglamentos de fundaciones de interés privado que se equiparan a disposiciones testamentarias; la aplicación de multas desproporcionadas, ideadas para bancos e instituciones financieras que se calculan sin parámetros objetivos definidos y además de que es potestativo de la autoridad el efecto en que concede la apelación, lo cual es ilegal.

”Esperamos que el nuevo rumbo que tomará el Ejecutivo en esta materia tal y como reiteradamente han manifestado el presidente José Raúl Mulino y el canciller Javier Martínez Acha, logremos crear un combativo equipo de manejo, conjuntamente con Felipe Chapman del MEF y los grupos de profesionales del Colegio Nacional de Abogados y su Comisión de Servicios Internacionales, GAPIFI, COSIP y CICYP. Si aunamos esfuerzos con metas claras, con rumbos y estrategias claramente definidos, lograremos preservar y recuperar nuestra industria de servicios”, concluyó esta organización.

El comunicado fue firmado por los abogados Carlos Raúl Moreno Dávila, Eloy Alfaro, Raúl Molina, Maritza, José Álvarez, Jorge Hernán Rubio, Fernando Castillo, Raúl Felipe Moreno, Edna Ramos y Juan Pablo Fábrega.