Cortizo resalta independencia de la justicia tras fallo del contrato minero

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, afirmó que el resultado del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el contrato con Minera Panamá nos demuestra que, como sociedad, hoy tenemos los pesos y contrapesos que nos permiten resolver nuestras controversias por los canales legales.

Cortizo, en su último informe a la nación dado ayer durante la instalación de la segunda legislatura del quinto y último periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional, al referirse al fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte al contrato minero, precisó que ha sostenido y sostendrá siempre que la justicia es la columna vertebral de la democracia al garantizar la igualdad de todos ante la ley.

“Por esa razón hice del respeto a la justicia y su independencia, un objetivo fundamental de mi gobierno”, señaló.

Explicó que como consecuencia de este fallo, el gobierno ya presentó al país la propuesta de hoja de ruta que incluirá la formación del grupo técnico para la elaboración del plan de cierre final.

La hoja de ruta incluye un proceso de auditorías ambientales y técnicas a cargo de un equipo de profesionales idóneos nacionales e internacionales, representativos de diversos sectores con amplia trayectoria en diversas disciplinas.

Esa hoja de ruta también contempla adoptar las acciones necesarias para conservar y salvaguardar el ambiente, la seguridad de las instalaciones y las comunidades aledañas.

“Este proceso garantiza el cierre ordenado y definitivo de la mina Cobre Panamá, asegurando la preservación y la estabilidad ambiental del área para reducir los riesgos ambientales asociados al cierre de las operaciones de una mina de esta magnitud. Reitero al país, las actividades de extracción procesamiento y comercialización de Minera Panamá ya finalizaron”, dijo el mandatario.

Durante el discurso afirmó, además, que Panamá sigue siendo el país con el mayor crecimiento económico de la región y el país con la tasa de inflación más baja de la región, y una de las más bajas del mundo. Su informe, dijo el mandatario, demuestra los logros alcanzados por el país en los últimos años, gracias al esfuerzo de los panameños.

“Un país que tiene la capacidad y la credibilidad para obtener en los mercados internacionales y nacionales los recursos que han contribuido a rescatar y concluir cientos de obras de interés público, dinamizar la economía y generar empleo.

Un país cuyo gobierno prioriza y defiende la producción agropecuaria nacional. Un país que durante los años de la pandemia pudo mantener los apoyos sociales en beneficio de los sectores más vulnerables de la población”, precisó.

Como resultado de esa estrategia, destacó que en 2021 Panamá logró un crecimiento del 15,8%, el más alto de la región; en 2022, un crecimiento del 10,8%, también el más alto de la región.

Asimismo, en 2023 se estima un crecimiento económico del 7%, una vez más el más alto de la región. Por otro lado, indicó, Panamá registra en la actualidad una tasa estimada de inflación del 1,6%, la más baja de la región.

“La recuperación económica que estamos logrando como país debemos protegerla, fortalecerla sin ponerla en riesgo; esa es nuestra responsabilidad como panameños”, señaló.

De igual manera resaltó los esfuerzos de su gobierno para que finalmente, en noviembre de 2023, el país lograra salir de la lista gris del Gafi, lo que calificó como un triunfo de Panamá.

El gobernante también hizo alusión a los proyectos terminados, obras rescatadas de gobiernos anteriores y obras en ejecución, y afirmó que durante su gestión han llevado a cabo 1.386 obras de infraestructura mayor, con una inversión total de $20.501 millones.

Entre estas mencionó el rescate y finalización de la Ciudad de la Salud, un complejo hospitalario con 46 quirófanos, 176 unidades de cuidados intensivos, 81 unidades de semiintensivos, 275 consultorios y 957 camas de hospitalización.

Agregó que su gobierno ha establecido políticas públicas de largo plazo enfocadas en la protección, desarrollo integral y sostenibilidad de la producción agropecuaria, y mencionó la Ley de la Agencia Panameña de Alimentos y la Ley de la Política Agroalimentaria de Estado (PADE), que establece por primera vez en nuestra historia las bases jurídicas para fomentar la transformación, competitividad, sostenibilidad y defensa del sector agropecuario nacional.

El presidente de la República aseguró, además, que su gobierno es el que ha realizado la mayor inversión social en la historia de Panamá.

Sostuvo que en 54 meses de gestión, el gobierno se ha enfocado en llevar respuestas concretas a las comunidades más vulnerables de la población.

En materia de medicamentos, recordó la instalación de la mesa para la compra conjunta de medicamentos entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, y anunció que se ha terminado la primera etapa de esta compra logrando la adquisición de 176 medicamentos para patologías como hipertensión arterial, diabetes e insuficiencia renal, entre otros.

En materia electoral, el gobernante panameño precisó que en tan solo cuatro meses, en mayo de 2024, los panameños iremos nuevamente a las urnas para escoger al próximo presidente de la República.

Este proceso, afirmó, requiere un ambiente de tolerancia, respeto al debate de las ideas y al derecho a estar o no de acuerdo para que los ciudadanos puedan expresar libremente sus preferencias.

“Por encima de las diferencias debe prevalecer siempre el derecho a elegir libremente, porque en el ejercicio de ese derecho reside la esencia de la democracia. Por otro lado, tengo el compromiso personal y como jefe del Ejecutivo, con una transición ordenada para la instalación de las nuevas autoridades”, concluyó.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jaime Vargas, afirmó que este órgano del Estado está comprometido a garantizar que las próximas elecciones sean un reflejo fiel de la voluntad del pueblo panameño y advirtió que no permitirán que las agendas políticas personales o los intereses de unos pocos “ensombrezcan nuestro deber sagrado hacia la nación”.

Vargas, durante su discurso ayer en el acto de instalación de la segunda legislatura del quinto y último periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, manifestó que las elecciones del 5 de mayo próximo son un pilar fundamental de nuestra democracia, “y es nuestro deber garantizar que este proceso sea justo, transparente y digno de la confianza del pueblo”.

Destacó que los ciudadanos de Panamá desempeñan un papel crucial en este proceso democrático y que su participación activa, su vigilancia y su voz son esenciales, por lo que instó a todos los candidatos a actuar con el más alto grado de integridad y a respetar los valores democráticos que son la base de nuestra nación.

Además, hizo un llamado al Tribunal Electoral para que desempeñe su función con la máxima diligencia, garantizando así la integridad y legitimidad del proceso electoral.

“Todos nosotros, como ciudadanos de esta gran nación, estaremos atentos y vigilantes, asegurando que nuestro futuro político se construya sobre los sólidos cimientos de la justicia y la equidad”.

Vargas, al referirse a la agenda legislativa durante los próximos seis meses, manifestó que esta se centrará en promover leyes que fomenten el desarrollo social y económico, fortaleciendo la estabilidad y la paz en Panamá.

Dentro de ella, dijo, dedicarán especial atención a abordar la creciente problemática del agua, un tema de vital importancia para el bienestar y el desarrollo sostenible del país.

Anunció que con el propósito de garantizar el acceso universal a este recurso esencial, la Asamblea establecerá comisiones especiales enfocadas en examinar detalladamente las diversas facetas de la crisis hídrica. Estas comisiones se encargarán de analizar la situación actual, identificar las áreas más críticas que requieren atención inmediata y elaborar estrategias efectivas para una gestión sostenible del agua. Además, se comprometerán a gestionar y aportar sus mejores esfuerzos para formular recomendaciones y legislaciones que beneficien a todo el país. El enfoque, expresó, será crear un marco legislativo que apoye el crecimiento económico inclusivo, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. Con relación a sus seis primeros meses de gestión como presidente de este órgano del Estado, Vargas manifestó que la Asamblea Nacional ha desempeñado un papel crucial en la promoción del bienestar social y económico, en donde tuvieron un total de 155 anteproyectos de ley presentados, de estos, 122 fueron por miembros de este parlamento y 33 por la vía de participación ciudadana.

En total, precisó, se aprobaron 30 leyes, 11 en materia social, 9 en el área económica y 10 en el orden administrativo-judicial.

Según Vargas, la discusión en profundidad y el análisis crítico de cada proyecto aseguran que las decisiones legislativas sean tomadas con una perspectiva integral y bien informada, garantizando que las leyes resultantes reflejen los intereses y necesidades de la sociedad en su conjunto.