Ciudad de Panamá: Pasado, presente y retos del futuro

La dinámica socioeconómica de la ciudad de Panamá estuvo, desde su fundación, dominada por fuerzas externas que condicionaron su desarrollo urbano, y generan contradicciones que impactan a sus ciudadanos. Con el descubrimiento del Mar del Sur, el Imperio español organizó el territorio del Istmo al servicio de un capitalismo mercantil. Se establecieron tres ciudades principales y se les asignaron funciones relacionadas con su posición geográfica. Panamá, en el Pacífico, y Nombre de Dios, en el Atlántico, terminales del corredor transístmico. Natá de los Caballeros, en el interior, proveedora de productos agrícolas. La ciudad se convierte en el punto comercial que conecta la metrópoli con sus colonias sudamericanas a través de su sistema de ferias que perduraron hasta el siglo XVIII.

El desplazamiento en el sistema mundo de Inglaterra como potencia hegemónica y su sustitución por Estados Unidos, en la segunda mitad del siglo XIX, influye en la ciudad. La expansión hacia la costa oeste del Coloso del Norte requiere de la vieja ruta transístmica para explotar el oro californiano. El Camino de Cruces, el Camino Real y el río Chagres fueron reorganizados por la compañía del Ferrocarril, que además funda su propia ciudad terminal, Spillway, en el Atlántico. Resurge la economía transístmica y llega una modernidad que termina consolidándose con la construcción del Canal a principios del siglo XX, cuyo impacto en la producción de su espacio y la distribución de las clases sociales comienza a configurar las características que tiene actualmente.

Eliminada la situación neocolonial de Panamá, los grupos de poder afianzan la estrategia de aprovechamiento de las ventajas comparativas de la posición geográfica y crean un conjunto de infraestructuras para facilitar la circulación del capital a escala global: Canal de Panamá, centro financiero, puertos, parque logístico y hub son parte de esas modernas estrategias que condicionan la ciudad al servicio del mercado global. Esto es controlado por una clase social que no genera valor, sino que es rentista y parasitaria, que requiere del control de la administración del Estado, asegurarse el máximo de rentabilidad y socializar las pérdidas.

Una ciudad diseñada en función de los intereses externos, dependiente del mercado internacional, que explota insosteniblemente sus recursos naturales y organiza su territorio y población con criterio único de rentabilidad, no puede adquirir otra forma que no sea la segregación reflejada en desigualdades socioterritoriales, marcadas diferencias entre su centro y periferia. El primero valorado, mejor servido urbanísticamente, atraviesa un desalojo de su población popular en los últimos 50 años, quedando habitado por los sectores de mayor capacidad de pago.

Este proceso comenzó a acentuarse con la creación del centro financiero para apoyar a la banca local; se toma la industria de la construcción como el motor del desarrollo urbano. La alianza capital financiero-industria de la construcción se convierten en los verdaderos organizadores del espacio urbano, mientras que el Estado facilita el libre desarrollo de las fuerzas del mercado (no nos extrañe que cualquier intento de control del mercado del suelo urbano a través de la planificación será vista como injerencia en este libre funcionamiento).

Otra es la realidad de la periferia, creada en su gran mayoría por asentamientos informales carentes de equipamientos comunitarios, servicios públicos deficientes, habitados por sectores de menor capacidad de pago y en condición de informalidad, alejados del centro que concentra la mayor cantidad de puestos de empleos. Lo que obliga a la gente pobre a desplazamientos constantes a través de un sistema de transporte público que por más modernización que implemente, no logra niveles de calidad óptima.

Una ciudad inclusiva y organizada sosteniblemente solo es posible si es pensada en las personas, sobre todo aquellas más vulnerables, y no en función únicamente de la rentabilidad. Es evidente que los retos que tiene la ciudad de Panamá para alcanzar ese ideal son grandes y para ello tiene que desatar los nudos de la desigualdad socioterritorial.

- El nudo espacio-género: La ciudad de Panamá creó espacios públicos e infraestructura basada en las necesidades del hombre, sin considerar las de las mujeres. Los trabajos de cuidado son ejercidos por ellas y cuando delegan lo hacen a otras mujeres. Sin embargo, la ciudad no está diseñada para atender esto. No cuenta con un sistema de cuidados que contribuya a cerrar la brecha entre los géneros. Ni hablar de la inseguridad en los espacios públicos, construidos para facilitar el acoso y convertirlas en víctimas de robo, hurtos y feminicidios. Aquí el reto que tenemos es doble: la producción de espacio públicos seguros y un sistema de cuidados que garantice la igualdad.

- El nudo del cambio climático: este problema demanda la construcción de ciudades resilientes y con infraestructura que puedan mitigar sus efectos. Gran parte del desarrollo urbano en el centro se dio en áreas de relleno que lo hacen vulnerables a desastres naturales, mientras que en la periferia el desarrollo se dio en zonas de derrumbes y a orillas de ríos y quebradas. El caso de la cuenca del río Juan Díaz es un ejemplo de cómo un modelo de desarrollo depredador con el ambiente provoca afectaciones constantes en la población en temporadas lluviosas.

- El nudo de la participación social: una ciudad inclusiva requiere que la población participe en su diseño y gobernanza. Lefebvre enunciaba en la década de 1960 el derecho a la ciudad como el derecho que tienen los sectores populares de decidir el destino de la ciudad; el pensador francés veía con preocupación la transformación de espacios para vivir en fábricas para producir y consumir y consideraba la organización como el único bastión de resistencia frente a la vorágine del capital. Actualmente, la ley de descentralización establece que este mecanismo es fundamental a través de las juntas locales de desarrollo y la planificación sostenible del territorio. A pesar de la existencia de la normativa, los efectos hasta el momento son limitados.

- El nudo de los servicios públicos urbanos: una ciudad sostenible requiere de la producción de calidad de vida y, para este fin, los servicios públicos son fundamentales: transporte, recolección de desechos, vivienda y gestión del agua. En cuanto al primero, urge disminuir la congestión automovilística acompañada de servicios de transporte de calidad, articulación correcta entre los alimentadores con la línea uno y dos del metro, creación de estacionamientos, arborización y creación de infraestructura para incentivar la movilidad sostenible. Sistema de recolección desechos eficiente, el reto no solo es la recolección, el tratamiento y existencia de prácticas de reciclaje, sino también transformar las prácticas de consumo.

- Respecto al tercero, la vivienda debe ser considerada como derecho y no como simple mercancía de cambio, y esto implica un papel activo del Estado. En quinto lugar, una gestión del agua sostenible, pensada no en las navieras, sino en el consumo de los habitantes de la ciudad.

A pesar de la descripción caótica de la ciudad de Panamá, el futuro no necesariamente tiene que ser así. La organización comunitaria y el avance del derecho a la ciudad, en los términos en que Lefebvre lo entiende, es una herramienta fundamental para la construcción de una urbe democrática, popular, integrada, participativa y diversa. Urge la consolidación de movimientos sociales urbanos cuyas acciones no sean fugaces, sino dirigidas a la transformación de las condiciones materiales que producen una ciudad excluyente y al servicio de una clase social rentista.

El autor es sociólogo. docente e investigador de la Universidad de Panamá