Caraballo y su visión del narcotráfico

El crimen organizado –vinculado al narcotráfico– es la principal amenaza para la democracia latinoamericana. El poder que van adquiriendo y la capacidad de corrupción de los grupos organizados pueden llegar a retar al Estado.

Por ejemplo, en enero de 1993, Pablo Escobar Gaviria declaró la guerra al Gobierno colombiano y formó su propio grupo rebelde. “Los carteles colombianos habían crecido tanto que retaban al Estado y de alguna manera ponían en aprieto la seguridad del país”, recordó Javier Caraballo, procurador general de la Nación, durante el primer “Foro Internacional de Seguridad, una perspectiva global 2024”.

Pero este no es un caso aislado, 15 años después ocurrió un fenómeno similar en México. Los carteles de la droga declararon la guerra al Estado de México. Pasaron otros 16 años y Ecuador se declaró en estado de guerra contra el narcotráfico. “Hay que analizar lo que ocurre en estos países para evitar que en otros 15 años, el titular sea sobre Panamá”, advirtió Caraballo.

El istmo es considerado un país de tránsito de drogas por su posición geográfica estratégica. Por su conectividad con Estados Unidos y otros países que están experimentando un aumento en su consumo. Según informes de Naciones Unidas, el consumo mundial de drogas aumentó en las últimas dos décadas. El número de consumidores pasó de 180 millones a 296 millones.

La cercanía con países productores de drogas y la economía dolarizada de los panameños también favorece la recepción y el tráfico de drogas. Hace 14 años, el reporte mundial de drogas establecía que en un país de tránsito, un kilo de sustancia ilícita costaba $4.500.

De acuerdo con las estadísticas, las autoridades panameñas han mejorado su efectividad para la incautación de drogas que pasó de 90 a 129 toneladas en el último lustro. Un fenómeno que también podría estar relacionado con el aumento exponencial de la producción y tráfico de drogas en Colombia. En Panamá, la marihuana es la que mayormente se consume. No obstante, arriba del 80% de la que se confisca es cocaína.

La violencia es uno de los grandes problemas que genera el narcotráfico. En Panamá, el 91% de los homicidios se produce con armas de fuego. “Los homicidios cometidos con arma de fuego sugieren que se ha incrementado la violencia por ajuste de cuentas en casos relacionados al narcotráfico, rivalidades entre pandillas, además que se nota un tráfico ilegal de armas de alto calibre que nos indica que el país está altamente armado”, explicó Marco Aurelio Álvarez, criminólogo.

La criminalidad vinculada al narcotráfico es difícil de erradicar, pero es posible controlarla y minimizarla para que no ponga en peligro ni la seguridad nacional ni la ciudadana, señaló Caraballo. Más del 50% de los delitos de las cárceles están relacionados con drogas y otros conexos como el pandillerismo y el tráfico, asociados de una forma u otra con la posición geográfica del país.

Hace algunos años cuando se analizaba el fenómeno del narcotráfico era relacionado con grupos extranjeros que se desplazaban al país a distribuir las sustancias. Pero eso ha cambiado. Hoy hay grupos criminales criollos con la capacidad de obtener la droga y ponerla en países de consumo. Lo que –según el procurador– es una gran señal de alerta por los peligros que representa el narcotráfico. “Cada vez estos grupos criminales vienen reclamando una mayor participación en los negocios ilícitos de las drogas”, aseguró Caraballo.

El fiscal general advirtió que, al igual que en otros países, los grupos criminales buscan infiltrarse en los estamentos de seguridad, justicia, política y sistema penitenciario lo que resquebraja el sistema y amenaza la seguridad.

A través de la corrupción, han logrado que la principal sanción para sus conductas delictivas no sea tal. “Hicieron de la cárcel algo que nos disuadía de seguir cometiendo conductas delictivas”, dijo el fiscal. En la medida en que los líderes caigan en las cárceles y puedan seguir dando órdenes y teniendo privilegios se fortalecen, concluyó Caraballo.