Abogados presentan demanda de inconstitucionalidad por el contrato entre el Estado y PPC

Los abogados Norman Castro y Julio Macías presentaron una demanda de inconstitucionalidad a la Ley No. 5 de 16 de enero de 1997, que aprobó el contrato entre el Estado panameño y la empresa Panama Ports Company, S. A. (PPC).

Dicho contrato permitió a la empresa el desarrollo, construcción, operación y administración de las terminales portuarias de contenedores, pasajeros y carga general en Balboa, provincia de Panamá y Cristóbal, provincia de Colón.

Al presentar la demanda ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los juristas explicaron que la ley es muy parecida al contrato minero, “donde Panamá da mucho y recibe poco”.

“A raíz de que el contralor Anel ‘Bolo’ Flores señaló que recibíamos muy poco y damos mucho, verificamos y comprobamos que efectivamente esa es una ley muy parecida a la del contrato minero, donde Panamá da mucho a cambio de poco”, detalló el abogado Castro.

En el documento de la demanda también se hace referencia a las prerrogativas de la empresa, entre las que se encuentra la opción de concesionar áreas de tierra, facilidades e instalaciones en Diablo e Isla Telfers, algo que los juristas Castro y Macías apuntan como contrario al artículo 259 de la Constitución.

Además, entre los fundamentos de la demanda se argumenta una violación al artículo 266 de la Constitución, puesto que el contrato “no fue precedido por un acto de licitación pública”, señala el documento.

“Este contrato adolece de una serie de defectos que contravienen lo establecido en la constitución. Consideramos que los magistrado deben analizar estos argumentos y declarar la inconstitucionalidad de este contrato”, señaló el abogado Julio Macías.

Al ser consultados sobre a quién representaban, los abogados indicaron que “al pueblo panameño”, alegando que se trata de una iniciativa cívica luego de las declaraciones del contralor Anel ‘Bolo’ Flores, quien inició una auditoria sobre la empresa,

Precisamente, PPC se encuentra en la mira del gobierno de los Estados Unidos, que ha alegado supuesta presencia China en las zonas adyacentes al Canal de Panamá y en los puertos.

Dichos argumentos los cimenta indicando que la compañía CK Hutchinson, basada en Hong Kong, es la empresa matriz de PPC.

En medio de los señalamientos, la Contraloría General de la República inició una auditoria, pero no relativa a la investigación de presencia china en los puertos, sino en posibles infracciones de PPC al contrato otorgado.

Esta auditoría forma parte de otros procesos de investigación sobre los manejos administrativos y de verificación del cumplimiento de los términos de las concesiones en aquellas empresas en donde Panamá mantiene acciones.