Consensos y problemas

Gobernar implica - muchas a veces - construir consensos y puentes con distintas fuerzas que convergen en la sociedad, más cuando se está al frente de un país que arrastra problemas estructurales complejos y que requieren desprendimiento político para resolverlos. Las reformas a la CSS, la crisis del agua para el Canal y la creciente desigualdad que golpea con carencias a una población que mira con recelo a la clase política, obligan escuchar a todas las partes sin perder el norte de que quien gobierna debe al final tomar decisiones. El actual gobierno, que llegó con un 35% del electorado, prometió escuchar a la población, actuar con transparencia y buscar soluciones para los grandes desaciertos que vive nuestro país. Y así, dando señales correctas, publica las actas de los Consejos de Gabinete de la administración anterior y los propios de esta administración, convoca a un diálogo con diversos sectores para analizar y resolver la crisis de la CSS y todas las semanas cita a una conferencia de prensa donde aborda temas importantes y contesta preguntas de diversos actores. Con esto, el presidente José Raúl Mulino muestra su voluntad para compartir, y enfrentar la discusión de los grandes retos nacionales. Pero, ¿quién está escuchando al presidente? ¿Dónde están los diferentes sectores sociales que deben acompañar la elaboración y aplicación de las políticas que propone el Ejecutivo. De acuerdo con el último informe del Latinobarómetro, la región evidencia una pérdida sostenida de la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones. Panamá no escapa a esa realidad, con una desconfianza creciente en la institucionalidad democrática. De allí que, el cómo se atiendan los problemas nacionales tendrá consecuencias en nuestro futuro. Y parece que el presidente lo tiene claro y hasta ahora va por el camino correcto. Habla y escucha. Lo siguiente es actuar. Si algo aprendimos de las multitudinarias protestas de 2023, que creemos fue un hartazgo de la población y el contrato minero sirvió como excusa, es que se requiere tejer una alianza de Estado, que la sociedad organizada participe responsablemente y el gobierno escuche y actúe también responsablemente. La magnitud de los desafíos no permiten diálogos vacíos ni intereses mezquinos de ninguna de las partes.