Este viernes 20 de diciembre se conmemoran los 35 años de la invasión de Estados Unidos a Panamá. Hasta la fecha se ignora el número exacto de víctimas,...
La ocupación irregular de terrenos es un problema grave y que acompaña a la nación panameña, incluso, antes de que se constituyera la República. La falta de políticas que atiendan integralmente el problema del déficit habitacional y el acceso oportuno a títulos de propiedad, no han hecho más que profundizar dicha tragedia. Aunque existe un “juega vivo” de algunos de “invadir” propiedad privada para luego exigir compensaciones ilegítimas, práctica repudiable y a la que se le debe aplicar todo el peso de la ley, no es menos cierto que gran parte de los asentamientos informales son intentos desesperados de la población más vulnerable por alcanzar un derecho consagrado en la Constitución, el de una vivienda digna. Un derecho negado y que obliga a establecer de manera urgente políticas habitacionales coherentes y sostenibles en el tiempo. En Panamá, como lo reflejan los últimos registros censales, existe una concentración en la posesión de la tierra, tanto urbana como rural. Eso debe ser corregido, en función del desarrollo nacional y el bienestar de la población. Un trabajo mancomunado entre la ciudadanía, el Estado y la fuerza productiva del sector privado, para garantizar el mejor aprovechamiento de la tierra en beneficio de todos.
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