La existencia de una estructura de pagos secretos a los diputados suplentes, práctica inconstitucional y contraria al discurso de transparencia de la Asamblea Nacional, golpea la ya maltrecha imagen de este órgano del Estado, en momentos cuando debería mostrarse como una institución fuerte ante las amenazas extranjeras. Varios diputados, independientes y de partidos políticos, parecen diluir sus diferencias al momento de defender un claro caso de simulación irregular en la administración pública. Pese a reconocer que en la práctica están burlando un fallo de la Corte, eligen justificar la falta de control de asistencia con medidas biométricas y el opaco entramado de pagos con inconsistencias en la planilla de la Asamblea y los datos de Contraloría. Pero el problema no es solo legal; también hay un componente ético. Querer darle la vuelta al fallo con argucias administrativas es inmoral y contradice el discurso de transparencia y anticorrupción que se lanza desde la Asamblea. Aunque en teoría no se puede estar “con Dios y con el diablo”, algunos parlamentarios eligen beber de ambas aguas sin empacharse. En momentos cuando el país necesita hombres y mujeres probos en las instituciones públicas, son inadmisibles los dobles discursos. Urge abrir investigaciones frente a los pagos secretos y que Controlaría asuma su rol de fiscalización.

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