Hablar de seguridad social es también defender el derecho a una atención de salud digna. Cuando el sistema sanitario fracasa en un país profundamente desigual, los más vulnerables son los primeros en sufrir lo peor de esas fallas. En Panamá, la desigualdad golpea a la mayoría de la población, pero con particular saña sobre la infancia. El reciente informe de la Unicef, sobre el estado de la niñez y adolescencia en Panamá, evidencia la desprotección en la que viven nuestros niños. El organismo, citando cifras oficiales, señala que unos 712.890 niños, niñas y adolescentes no están bajo la cobertura de la seguridad social, lo que representa el 58% de los menores de edad del país. El problema de la CSS no es un asunto simplemente de rendimientos o proyecciones matemáticas, hay gente que sufre por la indolencia y el dolo con el que se ha gestionado el sistema de salud. La mayoría de los países avanzados y con altos índices de desarrollo humano, entienden la seguridad social como un derecho fundamental, universal y público. La niñez, el futuro de la patria, demanda deponer posiciones y buscar un punto de encuentro. Cualquier imposición para la CSS, solo ahondará la crisis.

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