Entrelíneas del 21 de octubre de 2024

Las denuncias contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo y el expresidente Laurentino Cortizo se suman a la lista en la que ya están Juan Carlos Varela y Ricardo Martinelli, de antiguos mandatarios con problemas legales al terminar sus mandatos. La mira de la ciudadanía se encuentra entonces en cómo operará el sistema de justicia en estos procesos, que se han vuelto emblemáticos no solo por el alto perfil de los acusados, sino también por la larga historia de impunidad de quienes han cometido delitos al amparo del poder. No se trata de cacería de brujas ni de vulneración de garantías fundamentales; toda persona tiene derecho a un juicio justo y con equidad ante la ley. Eso no le quita fuerza al hecho de que, quien resulte culpable en derecho, que pague por ello. El Ministerio Público tiene una responsabilidad histórica de actuar apegado a la ley y sin errores, para garantizar casos sólidos y sin contaminación política que garanticen condenas firmes y que manden un mensaje claro: el Estado no es una piñata para hacer negocios privados a costillas de los recursos de la población. Además, las investigaciones se deben llevar en un tiempo oportuno y ajustadas a la norma. Justicia tardía no es justicia. Y no solo deben caer los responsables: se debe recuperar lo robado.