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- 01/04/2025 20:31
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la prórroga 37 de un régimen de excepción, ‘la aún existencia de estructuras terroristas’ en el país
El decreto fue aprobado con los votos de 57 diputados de 60 en el Congreso, a solicitud del presidente Nayib Bukele a través del Consejo de Ministros.
De acuerdo con el decreto leído por la diputada oficialista Elisa Rosales, la medida continuará hasta el 5 de mayo del presente año y “permitirá profundizar el trabajo de inteligencia de las autoridades para localizar a sujetos, miembros de estructuras criminales, que se encuentran en otros países, como en Estados Unidos, y que puedan ser deportados”.
La prolongación se justifica en que “hay evidencia de participación de los miembros de pandillas en la realización de hechos vinculados al narcomenudeo, ingresando droga al país vía terrestre, utilizando transporte pesado y otras modalidades”, “también se ha comprobado la presencia de sujetos vinculados a estas estructuras en las zonas urbanas para lograr cercanía con las comunidades y dificultar su identificación”.
“Todo lo anterior es parte de la actividad ilícita que confirma la necesidad de continuar con acciones contundentes dirigidas a combatir a estas agrupaciones, a fin de evitar su reorganización, proteger los derechos de la población, así como erradicar de forma definitiva este flagelo”, añade.
Este régimen, que ha dejado la captura de más de 85.500 supuestos miembros de pandillas y de supuestas personas ligadas a estas estructuras, cumplió el pasado 27 de marzo tres años de su implementación en medio de polémicas por supuestamente violentar derechos humanos.
La medida se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno del presidente Bukele y las bandas criminales.
Esta medida extraordinaria, que algunos analistas catalogan como permanente, se ha convertido en la principal y única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó al presidente Bukele su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional.
La implementación de esta medida también se da en el contexto de la expulsión de más de 200 migrantes desde Estados Unidos a El Salvador para ser encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una cárcel de máxima seguridad símbolo de la “guerra” de Bukele contras las maras.
Entre tanto, un grupo de organizaciones humanitarias ha recibido denuncias de al menos 6.889 víctimas de violaciones de derechos humanos bajo el régimen de excepción, con la detención arbitraria con el 98 % de las denuncias, y en las que el 75 % de las denuncias señalan directamente a agentes de la Policía.
El régimen suspende garantías constitucionales como el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima de 3 días, que pasa a 15.
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