Un mes ha pasado desde aquel 18 de febrero cuando Dayra Caicedo fue interceptada por un grupo de hombres encapuchados y armados en la puerta de su casa. Hasta ahora -según ha informado el Ministerio Público- van tres personas detenidas por el caso. La desaparición forzada quizá es una de las formas de violencia más atroces que existen, y más cuando ocurre a niños y a mujeres, que son el sector más vulnerable. Duele, y mucho, que crímenes como estos sucedan en Panamá. La falta de respuestas mantiene por años, a veces por toda una vida, a familias en un limbo aterrador, pero que guardan una última esperanza sobre la suerte de esos seres que nunca volvieron. Es urgente una investigación seria, diligente y eficaz. La familia de Caicedo y Panamá exigen celeridad. La búsqueda de Dayra, de la niña Aderlyn Llerena y de cuatro menores más desaparecidas desde 2022 debe ser prioridad para el Estado. No se puede pasar por alto la grave afección que sufren las familias de las personas desaparecidas en su lucha para obtener garantías reales y efectivas. Tampoco se puede obviar la zozobra y el estado de inseguridad que esto genera en la sociedad. No se debe buscar a los desaparecidos cuando se protesta en la calles: la búsqueda debe ser incesante. No hay espacio para excusas institucionales.

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