‘Cuando veas las barbas del vecino arder...' (I)

Hace más de un año, veíamos al diputado Carlos Motta promoviendo ‘la reactivación de Barú' y también escuchábamos a extrabajadores de Coosemupar, R. L. descontentos con las pretensiones de Motta, quien, en conjunto con su familia, es dueño de la empresa Atopan, la cual dejó un saldo de más de 3000 personas con padecimientos desde vitíligo hasta cáncer, debido a las fumigaciones aéreas.

El 16 de enero de 2018, Capital Financiero publica ‘Gobierno y Del Monte firman subarrendamiento de fincas…'. Mas adelante, la noticia dice ‘firmaron el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, y el vicepresidente de Operaciones para América Latina de la empresa Del Monte, Jorge Pelaes'.

Esto fue objetado por quienes ya vivían un déjà vu de sueños frustrados de los trabajadores baruenses, quienes argumentaban que esos subarrendamientos eran improcedentes, ya que el artículo 291 de nuestra Carta Magna prohíbe al capital extranjero, ‘ya sea personas jurídicas o naturales y las nacionales cuyo capital sea extranjero en todo o en parte, no podrán adquirir tierras nacionales o particulares situadas a menos de diez Kilómetros de las Fronteras'.

Meses después se escuchó que ya no era la empresa Del Monte. Ahora es la empresa Banapiña. Nos apersonamos al Registro Público a hacer las consultas y descubrimos que Banapiña es una empresa cuyo agente residente es la firma Arias, Alemán & Mora, donde José Miguel Alemán, hermano de Álvaro Alemán, es socio. Esto evidencia el tráfico de influencias.

El Contrato Ley 36-17 fue aprobado a tambor batiente, en mayo de 2017, en la Asamblea Nacional, sin que los diputados lo leyeran, tal como lo reconocieron algunos de ellos.

Dicho Contrato le otorga a Banapiña una exoneración de impuestos por cuarenta años. Les graban una tarifa por uso del agua de un dólar por hectárea por año, tarifa que está por debajo de lo que pagan los campesinos en sus Juntas Administradoras de Acueductos Rurales. ¿Por qué a los multimillonarios les privilegian y a quienes menos tienen les cortan el agua porque no pueden pagar?

El Contrato le concede a La Empresa el ‘derecho de extraer agua de tres ríos en Barú y dos en Divalá, incluyendo la perforación de pozos para la extracción de aguas subterráneas'. Por otro lado, ‘El Estado reconoce a la Empresa el estimado del requerimiento hídrico para riego 4.2 m/cúbicos por hora por hectárea para la época seca, y para uso agrícola de 150 galones por minuto durante todo el año para cada una de las empacadoras'. ¿Dónde está la concesión, por parte del Ministerio de Ambiente, de los caudales enunciados en el Contrato? ¿Dónde está el Estudio de Impacto Ambiental que valide el balance hídrico para las cantidades estipuladas, especialmente para los periodos de estación seca? ¿Cómo es posible que le reconozcan a la empresa un volumen de agua, sin tomar en cuenta que su disponibilidad depende de factores naturales? No están tomando en cuenta a los empresarios que, en esas cuencas, utilizan la misma masa hídrica para actividades energéticas y agropecuarias. Este Gobierno le está dando prioridad a una empresa transnacional por encima de los derechos de los empresarios nacionales.

No podemos permitir que se cree el antecedente de una supuesta legalidad de expulsión con el despojo de los Poseedores Agrarios. ¿Cuántos campesinos con derechos posesorios en tierras nacionales, que son la mayoría, quedarán en riesgo si permitimos esto?

A los extrabajadores de Coosemupar, que tienen sus tierras tituladas, los están expropiando forzosamente, tomando como base una inventada declaración de interés social, que no tiene cabida, porque Banapiña es de interés privado. Si este Contrato Ley llega a consumarse… los panameños ¿estamos conscientes de lo que significa para cualquier productor propietario de sus tierras?

El agua otorgada por ley, sin consideración del balance hídrico y consulta pública, en las cantidades exigidas, ¿saben el precedente que crea para un productor que basa su ecuación productiva en el agua y tierra?

La lucha de Barú es la defensa de un derecho que toca a toda la nación y que son remanentes del colonialismo feudal de la más atrasada oligarquía criolla que ha dirigido a la República... Si lo permitimos, volveremos a principio del siglo XX.

FINANCISTA Y ACTIVISTA SOCIAL.