Urge una estrategia global: Panamá, un país marítimo

Con motivo del vencimiento en 2022 del contrato para administrar los puertos de Balboa y Cristóbal, concesionados a la británica-hongkonesa Hutchison Ports y su filial Panama Ports Company (PPC), el país “de a pie” tomó conciencia de una importante actividad portuaria de categoría mundial, que encendió muchas pasiones, de todo tono y color.

Pese a ser el único país en el continente que conecta con un canal las costas del Pacífico y el Atlántico, no hemos sido creativos, serios y responsables en el aprovechamiento de lo que allí se puede hacer para beneficio de las inmensas mayorías. Carecemos de una estrategia marítima global.

Penosamente, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), en vez de ser parte del botín político de los gobernantes de turno, requiere manejarse con carácter eminentemente técnico y comercial. La diferencia sería abismal, si se abren las puertas a todos los sectores interesados en esa productiva actividad.

Durante la presencia estadounidense hasta 1999, por las limitaciones que existían en esas áreas, era imposible pensar en otros negocios diferente al de cruzar buques. Era parte de la visión estratégica de EUA en aquellos tiempos, con peajes establecidos por ese país y que, con tanto éxito, se ha manejado en manos panameñas.

Después de la reversión del Canal y poder disponer los panameños por completo de la vía acuática, las expectativas sobre beneficios adicionales al tránsito de buques, han sido apenas regular. Por ejemplo, el trasiego de petróleo para que barcos que nos cruzan puedan suplirse de combustible -pese a ser el tercer negocio más rentable, después de las operaciones del Canal y el trasbordo de contenedores- puede rendir mayores dividendos. Habría, entre otras cosas, que ser muy duros e inflexibles con el contrabando de petróleo, sobre todo de Venezuela y de otros sitios que ha abundado en áreas del Canal, desde hace muchos años, sin pagar un real de impuestos.

Hasta 1999 ese negocio fue explotado por la panameña Atlantic-Pacific. A pesar de que la Corte Suprema de Justicia declaró ilegal, en 2009, la intención oficial de no renovar su contrato por cinco años más, el Gobierno de turno, arbitrariamente, puso fin a la concesión, otorgándola a otros, vinculados con los nuevos gobernantes. Sin embargo, no duraron mucho allí. Desaparecieron 300 plazas de trabajo, rateros desmantelaron sus instalaciones, llevándose las piezas como chatarra y logrando que muchos barcos ya no se abastecieran en esa área aledaña al Canal.

No se puede entender que, después de más de 20 años de ser dueños absolutos de la vía interoceánica, con más de 3000 kilómetros de costas en dos océanos, aún no podamos contar con modernos astilleros en ambos océanos o con lugares para reparar los tantos contenedores que pudieran restaurarse en Panamá.

Podríamos mencionar otros negocios que no han sido explotados por esa falta de visión de los gobernantes en una rama vital para nuestro desarrollo nacional. Y también, hay que decir la razón, cada vez que viene alguien con una idea innovadora, lo primero que le preguntan es el clásico “¿qué hay pa' mí?”. Las discusiones solo son coyunturales, pero no con la visión de futuro requerida en un tema crucial para el desarrollo nacional.

Salió la decisión, para algunos caprichosa, del entonces administrador canalero Jorge Quijano de tratar de imponer, contra viento y marea, el puerto de Corozal. Desoyó las advertencias de que el proyecto podría causar problemas en la navegación de los buques por el Canal y que el sitio recomendado por expertos para hacerlo era Palo Seco. Es que el tema marítimo solo se trata en condiciones coyunturales, como ocurrió recientemente con la renovación del contrato de PPC.

Urge que los sectores interesados en el área marítima logren un consenso sobre cómo debemos potenciar esa gran riqueza que tenemos en nuestras costas y que van mucho más allá de Balboa y Cristóbal. Abarca todo el país, como Pedregal en Chiriquí, Aguadulce y Bocas del Toro.

Panamá no puede seguir de tumbo en tumbo en esta importante veta de su riqueza natural. En puertos mundiales, como Hamburgo y Nueva York, son empresas estatales las que sirven de guías para administrar esos valiosos bienes públicos, como son los aeropuertos y los puertos. Caminemos hacia la creación de una autoridad profesional y técnica, como la Autoridad del Canal de Panamá, que administre y dirija en forma independiente nuestra riqueza marítima, haciendo énfasis en lo portuario a nivel nacional. Todos saldríamos ganando.