Sin sorpresas: Queremos una posición patriótica

La historia nacionalista de nuestra patria nos ha permitido entender esas fuerzas telúricas que somos capaces de construir por la dignidad de nuestro pueblo. Las fuerzas de Victoriano Lorenzo, Porras y Carlos A. Mendoza; las fuerzas del Frente Patriótico de la Juventud y las 10,000 mujeres de blanco en rechazo del tratado Fillós-Hay; los mártires de enero de 1964 y la lucha anticolonialista por la recuperación del Canal de Panamá del general Torrijos. Ahora, ante el desafío de un proyecto minero, de veinte años de existencia, destructor del ambiente, comunidades sujetas a un régimen de control, con una población empobrecida y sin justificación económica para el país, volvemos al mismo escenario de la dignidad contra la codicia y la violación de nuestros derechos soberanos sobre nuestros recursos minerales.

La Ley 9 de 1997 fue declarada inconstitucional en 2017, y su contrato se presume ilegal de nulidad absoluta. Bajo este marco, la inacción de los Gobiernos, fue una barra candente a nuestra historia patria. Ante el silencio de una institucionalidad deteriorada y ciega de nuestros valores nacionales, la empresa First Quantum continuó sus operaciones mineras, extrayendo riquezas (cobre, oro, molibdeno y otras) sin control. Posteriormente, se invitan a empresa jurídicas estatales extranjeras (Corea del Sur, China y Singapur), las cuales controlan un 64% del caudal accionario.

El marco constitucional y legal exige que los yacimientos mineros no puedan ser objeto de concesiones a estados extranjeros, no importa su forma. (Artículo 4 del Código de Recursos Minerales, Ley 13 de 2012). Esto riñe con el criterio constitucional del Artículo 257 numeral 6 y el artículo 290 constitucional. Todo esto para indicar que la actual versión del “nuevo contrato” tiene los vicios de legalidad e inconstitucionalidad, así como la pírrica cifra de 375 millones mínimo, bandera del Gobierno.

Los expertos y patriotas panameños han señalado que de conformidad con los registros en la Bolsa de Valores de Toronto (registros de First Quantum) la empresa ha sustentado valores de exportación por el orden de 300 mil toneladas diarias, 109 millones de toneladas anuales. Si extraemos un 33% del total para el concentrado de cobre anual exportado (36 millones por tonelada) estaríamos hablando, solo en ese mineral, a un precio de 8,600 dólares por tonelada se obtiene un ingreso de más de 300 mil millones de dólares. ¿Cuántas veces cabe 375 millones en esta inmensa cifra señores de la Comisión negociadora?

Por otro lado, es importante reflexionar sobre nuestra lucha soberana. Nunca aceptamos un arrendamiento de un territorio que era nuestro. Un solo territorio, una sola bandera, fue nuestro grito. Y agregamos: soberanía o muerte, venceremos. Y así fue.

Ahora volvemos a la humillante posición de recolector de impuestos y regalías, de una riqueza mineral que es nuestra, tal como lo dice el artículo 257 numeral 5 constitucional. El país está en su derecho de fijar los parámetros de la explotación, los controles ambientales, la planilla laboral digna, el período de explotación y el impacto social. Ante una nueva realidad contractual, legal y constitucional, el Gobierno está obligado a explotar directamente su riqueza mineral o a través de una empresa mixta, donde el porcentaje de poder contractual sea superior al asociado. En ese escenario el país y la sociedad ganan, cumpliendo el artículo 266 constitucional, es decir, en el marco de una licitación pública para obtener el mayor beneficio para el Estado y plena justicia en la adjudicación.

Las comunidades de Donoso y Omar Torrijos, así como los patriotas de este país, no queremos sorpresas, ni secretismos. Queremos una nueva ley y contrato respectivo, que responda a los intereses nacionales, a sus ciudadanos y al futuro. Si soslayamos esta obligación histórica habrán sembrado una nueva estaca colonialista que nos exige inexorablemente estar en pie de lucha hasta alcanzar nuestra soberanía, con dignidad y justicia. Frente a ello, decimos presente.