Estadísticas: deterioro de la salud del panameño

En los últimos días he observado con mucho detenimiento algunas estadísticas sobre la situación de la salud en Panamá, que deben preocupar también a los responsables de los ministerios de Salud, Educación y la Caja de Seguro Social.

Detallo a continuación que el 90 % de las personas mayores de 40 años padece de alguna enfermedad crónica; el 35 % de presión alta; 13 % de diabetes mellitus; 35.8 % dislipidemia y 37.6 % de sobrepeso u obesidad, cifras que provienen de la plataforma de Gestión Electrónica de Salud Nacional. Es decir que solo el 10 % de esta población de 200 mil encuestados, hasta ese momento cuando recabé los datos, goza de buena salud. Las autoridades médicas atribuyen estas estadísticas a los malos hábitos alimentarios y a la vida sedentaria. Esta información obtenida es producto de las ferias de salud que realizaron el Minsa y la CSS, que buscan planificar a largo plazo una política de atención que incluye medicamentos e insumos para el asegurado.

Examinando otros datos antes de escribir este artículo, encuentro que el 21 de abril de 2016, el periodista Deivis Cerrud, en La Estrella de Panamá , publica que el 27 % de los niños en edad escolar, 5-12 años, sufre de problemas de obesidad o sobrepeso, según estadísticas oficiales de la Encuesta de Niveles de Vida (2003-2008); es decir, la obesidad aumentó de 8.8 % a 9.4 % en ese período; y lo más triste aún, que en el 2013, no se actualizaron estos números.

Revisando normas y leyes de otros países sobre el tema, observo que desde el 2014 en México se actualizó la ley para regular los alimentos y bebidas que se venden en todas las escuelas públicas y privadas; desde preescolar hasta las universidades, de lunes a jueves, y, los viernes, permiten la venta de chatarras, siempre y cuando cumplan con ciertos criterios de salud.

En Chile, existe una norma legal que restringe el consumo de comidas chatarras en los colegios, que data del 2012, que obliga a las casas comerciales a alertar en sus envases si poseen un alto contenido en grasas, azúcar o sal.

La pregunta que hago es la siguiente ¿qué ha hecho la Asamblea Nacional para legislar sobre la materia?, para darle herramientas legales al Ministerio de Educación y que pueda normar la venta de productos y bebidas en las escuelas públicas, particulares y parvularios y así minimizar esta problemática de salud, que subyace en la comunidad educativa. En todo lo que investigué, solo he visto una iniciativa legislativa del diputado Iván Picota que habla sobre esta situación.

Las estadísticas reflejan, de manera descarnada, que si los padres de familia continúan con la mala práctica de acomodarles a sus hijos en la lonchera alimentos y bebidas con alto contenido de grasas, sal o azúcar, este número de niños y jóvenes que padecen de obesidad, sobrepeso u otras, irá en aumento.

Ni hablar de lo oneroso que representa el costo de atención de un paciente con diabetes, hipertensión y las demás complicaciones que estas generan, que podrían sumar varios miles de dólares, que debilitarían aún más las finanzas de la CSS y del Estado.

PERIODISTA