Reformar el Estado, tarea pendiente

La reforma del Estado panameño es una discusión pendiente que se ha visto eclipsada por la bonanza económica que ha tenido el país en las últimas décadas y el temor de tocar cuotas políticas que forman parte de nuestro país, construido después de la invasión.

En nuestra opinión, las dos administraciones que han realizado ciertas modificaciones a las estructuras del aparato estatal han sido las de los expresidentes: Ernesto Pérez Balladares en cuanto al marco económico y la de Martín Torrijos, quien profundizó en materia de seguridad y derechos humanos, que hizo posible la creación de la Secretaria de Discapacidad, visibilizando a un sector desprotegido de la población panameña, así como también un mecanismo permanente de participación política y ciudadana, como es la Concertación Nacional para el Desarrollo.

Pero veamos qué ocurre en la actualidad. Una política pública es el fomento a la vivienda, pero tenemos al Banco Nacional de Panamá, a la Caja de Ahorros y al Banco Hipotecario. Tres entes públicos atendiendo el tema del financiamiento de la vivienda, dos con relativo éxito y otro que no presta dinero como lo es el Banco Hipotecario, pero sigue existiendo, cuando bien pudiera fusionarse con alguno de los otros dos, generando eficiencia en el país.

Otro ejemplo, en cuanto a tema de la beneficencia, tenemos que el Estado cuenta con la Lotería Nacional de Beneficencia, la partida discrecional de la Presidencia de la República y el Mides, que reparten desde máquinas de coser hasta pagos de operaciones en el extranjero.

En materia del agua tenemos a Conagua, que es un consejo superior adscrito a la Presidencia de la República; tenemos al Idaan, y al Minsa; y no podemos sacar del debate a la Autoridad del Canal de Panamá, que mantiene fuertes intereses en el uso racional de nuestros recursos hídricos por la actividad canalera.

En materia de descentralización, la Autoridad Nacional de Descentralización, al Conades, a las gobernaciones que representan al Ejecutivo, pero que no manejan fondos ni construyen programas para la atención integral de cada panameño de manera coordinada, generando despilfarro y cero políticas públicas. Queremos descentralizar, pero sin orden, supervisión o rendición de cuenta.

En esta estructura es que se fundamenta el clientelismo, en la concepción de un Gobierno grande, pero sin efectividad y por eso es que el impacto de las políticas públicas no se ve a largo plazo, y por eso, la ciudadanía no siente que le llegan respuesta, porque la burocracia empaña cualquiera administración pública. Un vivo ejemplo que podemos ver, es la situación de la Caja del Seguro Social, que se ha convertido en una institución que genera deudas, dudas y temores, pero con una planilla gigantesca.

El próximo Gobierno no debe ver cuántas calles va a construir, o cuántas escuelas el país necesita. Debe hacer que las escuelas estén listas para el inicio del año, transfiriendo esta competencia a los alcaldes, en coordinación con las comunidades; se debe atender el tema del agua a través de una institucionalidad necesaria para enfrentar los riesgos del agua.

Este país ya requiere una nueva institucionalidad democrática, que le provea estabilidad, seguridad jurídica y defina el rol del Estado panameño de cara a sus ciudadanos. Esta es la primera forma de empezar la lucha contra el clientelismo.