Reformar la Caja de Seguro Social

Quise participar en la Asamblea para exponer lo que argumento en este escrito, pero, pese a que me inscribí por el correo, nunca me respondieron. Bien, eso no importa, de todas maneras no creo que los diputados le den mucha importancia a las querellas de los que van a esa “discusión”. Mi tema no es querellarme ante la comisión de los diputados porque nunca convenceré ni al Ejecutivo ni a los diputados del daño enorme que van a hacer. Solo espero que lean mi artículo.

Mi primera preocupación es que van a aumentar la edad de la jubilación a 62 y 65 años. Bueno, si esto fuera una felicidad yo me arrodillaría ante el presidente y su equipo de trabajo y los diputados de siempre, pero en mi opinión ese equipo no alcanza a ver las consecuencias inhumanas que eso traerá. Veámoslo así: al aumentar la edad de jubilación privará a la juventud de poder acceder a los puestos de trabajo que existan, lo que, sumándose a los niveles de desempleo que vivimos, agrava la crisis que los gobiernos y la empresa privada no solucionan, pero además aumenta la frustración de la juventud que día con día sale a buscar un empleo sin poder lograrlo. Y, además, acumula la crisis de que puede llegar el momento en que esa juventud no logre cubrir la cuota para poder jubilarse. A esto se suma una situación que todo el mundo conoce: por lo general, en la actividad de la construcción a los hombres mayores de 50 años no se les da trabajo, por su propia condición física y su capacidad, y a las mujeres, en los almacenes y actividad parecida no se les da trabajo cuando pasan de los 40. Hay muchas actividades económicas en las que las mujeres y los hombres mayores de 40 años no consiguen empleo. Entonces, ¿qué hará toda esta gente para llegar a la cuota que les permita la jubilación? Esto no es problema ni del gobierno ni de la empresa privada, y aunque tanto el problema de la juventud como de los mayores de 40 años puede crear crisis social, con violencia y todo, eso no es problema de la gente que gobierna. El Estado tiene la obligación de garantizar el pleno empleo (Constitución Nacional, artículo 64), pero los gobiernos son oídos sordos y no saben leer el artículo citado, y a la empresa privada no le interesa esto que menciona la Constitución. Se hacen los indiferentes, promueven las “botellas” y la dirigencia de los empresarios los aplaude.

El segundo problema (y este no lo enfoca la reforma) es que yo entiendo que la CSS es una institución autónoma (artículo 2 de la Ley 51 de 2005), pero a los miembros de la junta directiva y al director, los nombra el Ejecutivo. Esto es un grave problema para la autonomía, y es por ello que los fondos de la CSS andan del limbo al tambo. Para respetar la autonomía, el nombramiento de la junta y del director debe hacerse sin la injerencia del Ejecutivo. Si Mulino tiene una voluntad honesta, como la tienen los diputados, lo primero que deben hacer es blindar la autonomía de la CSS y respetarla al máximo, y anular cualquier injerencia del Ejecutivo. Si no se respeta íntegramente la autonomía, la CSS nunca va a mejorar, aunque sus arcas se desborden. Según la Ley 51 citada, la Caja tiene la facultad privativa de administrar sus fondos sin la injerencia del gobierno, pero por lo visto eso no se hace. Hay muchas experiencias que han sido públicas y escandalosas. Y el presupuesto es una cuestión autónoma; nadie puede modificarlo. Bien, si el Ejecutivo sufre por la Caja, ¿por qué no permite que esta sea autónoma realmente?, incluso una modificación a la ley debiera salir de la misma Caja, no de los diputados ni del Ejecutivo.

Bien, el tercer problema que veo es el asunto económico. Según varios informes actuariales que he visto, la CSS es millonaria. En 2005, un diario de la localidad publicaba que nada más en intereses por depósitos a plazo fijo la CSS recibía una ganancia anual de 18 millones de dólares. Según el Estado Financiero de 2021, la CSS tiene en bancos y la Caja de Ahorros la suma de $3.883.744.309.00, en dinero depositado, y la asombrosa suma de $60.018.453.00 en intereses por cobrar a esos bancos. Por el contrario, la Caja de Seguro Social (CSS) de Panamá tiene cuentas por cobrar al Estado por $88 millones y aportes del Estado basados en salarios básicos por $96 millones.

La CSS también tiene cuentas por cobrar por la venta de bonos del Tesoro de la República de Panamá 2029, por $423,6 millones. Por otro lado, la CSS tiene una deuda de más de $310 millones por el no pago de la cuota empleado-empleador, por parte de los empleadores. La CSS está gestionando los cobros a través de llamadas telefónicas, boletas de citación y mensajes por correo electrónico, y nadie le responde. También ofrece arreglos de pago para que los empleadores se pongan al día y nadie le responde.

El Ministerio Público debe investigar de oficio y no lo hace. Ante este cuadro, mi humilde opinión sobre la reforma propuesta es que es un simple cinismo, y lo que se busca es agravar el mal, no curarlo. Finalmente, ¿por qué la CSS tiene que ser agencia financiera prestamista? El Banco Hipotecario le debe más de 47.000 millones y este es un banco quebrado.

*El autor es profesor y abogado