Interés preferencial o el desinterés por planificar la ciudad

La ley de interés preferencial cumple este año 40 años de su creación. Este año también se discute, por tercera vez desde 2013, la actualización de esta ley, cuyo origen tiene como objetivos, “estimular la demanda por vivienda en todos los sectores con el usual argumento de que esto contribuye al PIB, al empleo y [que] tiene connotaciones innegables de ‘bienestar social”, de acuerdo con lo que describe Marco Fernández en la publicación Políticas de desarrollo productivo en Panamá: autodescubrimiento y fallas de coordinación, (BID, 2011).

No hay duda de que la ley de interés preferencial ha logrado dos de sus objetivos principales: dinamizar la economía - especialmente los sectores de construcción, banca e inmobiliario-, y proveer de un mecanismo que permita tener un país de propietarios. Los datos así lo demuestran. Hoy en día solo el sector construcción aporta entre el 8 % y el 14 % del PIB, mientras que entre el 71 % y el 87 % de las familias panameñas son propietarias según datos del INEC y la Cepal, respectivamente.

Para estimar el tamaño de este mercado, los datos compilados y publicados por Convivienda sirven de referencia. Así tenemos que entre 2013 y 2023 se han vendido en el país 78.375 viviendas por un monto de B/.8.052.586.327,28, a un promedio de entre B/600 y B/800 millones anuales. De estas viviendas, entre el 82 % y el 92 % corresponden a viviendas que se encuentran dentro del rango del interés preferencial, de menos de B/120.000 hasta 2020, hasta B/180.000 desde 2021.

Los datos publicados por Convivienda visibilizan también el efecto de desequilibrio territorial que se ha generado con este subsidio, reflejado en tres realidades. La primera, unos corregimientos que crecen a partir de la construcción de viviendas unifamiliares en la periferia de la ciudad, donde hay tierra barata disponible; en segundo lugar, unos corregimientos ‘que se densifican’ a partir de la construcción de torres de apartamentos, atractivos por su ubicación, concentración de actividad económica, población e infraestructura disponible, y por último, unos corregimientos que tanto en el centro como en la periferia han sido relegados a registrar un crecimiento ínfimo o incluso nulo del inventario de vivienda debido a sus condiciones de aislamiento, pobreza y/o delincuencia.

Uno de los principales prerrequisitos para acceder al beneficio es que la vivienda sea nueva. Esta decisión de financiar únicamente la vivienda podría entenderse como un momento de inicial ausencia de entendimiento del rol regulador en el desarrollo urbano y de una política de vivienda orientada a ‘dar techo’, y no a crear comunidad o ciudad, por parte de las autoridades urbanísticas. Había que hacer casas y eso era lo que se hacía. Hay que anotar que los primeros ejercicios de ordenamiento territorial en Panamá no aparecen hasta finales de la década de 1990 -Plan Metropolitano y Plan de la Región Interoceánica- y la primera ley de ordenamiento territorial urbano hasta 2006.

Es con la aparición de estos instrumentos de ordenamiento urbano que se empiezan a incorporar dentro de la política de desarrollo urbano y de vivienda principios como el derecho a que el ciudadano tenga opciones para elegir su sitio de residencia; la necesidad de contener el crecimiento de la mancha urbana con el fin de evitar el deterioro ecológico, así como la desmejora de la calidad de vida de los ciudadanos. La falta de aplicación de estos principios es, no obstante, un hecho reconocido por el propio Miviot en documentos como la actualización del Plan Metropolitano, publicada en 2016.

Como hemos señalado en otros artículos, el modelo actual del interés preferencial limitado a la compra de viviendas nuevas genera múltiples efectos negativos. Entre ellos están el abandono del inventario habitacional en áreas centrales, la segregación espacial entre clases sociales, mayores tiempos de desplazamiento entre el hogar y el trabajo, dificultades para proveer servicios públicos, degradación ambiental por la deforestación que genera la expansión urbana, y una menor cohesión social y calidad de vida.

El informe del BID elaborado por Marco Fernández en 2011 señala también que el requisito de viviendas nuevas para el beneficio del interés preferencial -forzado debido a las presiones de constructores y promotores- bloquea la creación de un mercado secundario efectivo, perjudicando económicamente a las familias, que enfrentan dificultades para vender sus propiedades o deben hacerlo a precios rebajados debido a los costos más altos para futuros compradores.

El enfoque actual de la ley de interés preferencial implica que el Estado abandona su función reguladora en vivienda, aunque asume altos costos en subsidios e infraestructura para proyectos periféricos. Contrario a lo que se promulga, el modelo da muestras de su agotamiento para brindar ‘la paz social’ que se esgrime como uno de sus principales objetivos. La actual política de vivienda social ‘brinda techo’ sin agua, sin espacios públicos, sin escuelas, sin transporte y sin posibilidad de acceder al empleo y/o generar ingresos. Y ante esto, la población en la periferia se rebela y protesta, como hemos visto con la crisis del agua en Panamá Oeste.

Durante la última década, Panamá ha realizado importantes inversiones en infraestructura de transporte -líneas del metro, vías ampliadas, el cuarto puente, entre otras-, además de planificar proyectos estratégicos como el teleférico de San Miguelito y el tren Panamá-David-Frontera. Sin embargo, el Estado no ha considerado utilizar los intereses preferenciales como una herramienta territorial para promover la construcción de vivienda asequible en las áreas beneficiadas por estas inversiones, lo que permitiría reducir la congestión, controlar la expansión urbana y mejorar la calidad de vida.

Al ignorar la evidencia sobre las externalidades negativas de este modelo de subsidio a la vivienda, las autoridades urbanísticas, y la sociedad en su conjunto, dejan entrever una muestra de lo que la filósofa eslovena Renata Salecl, en su libro Pasión por la ignorancia (2021), describe como la necesidad de las sociedades de “ignorar aquello que afecta el orden existente”, con el fin de “negarse a reconocer las estructuras de poder que nos someten, y así evitar la necesidad de enfrentarlas para desarmarlas”. Es así como durante los últimos 40 años, hemos pasado de encontrarnos en ‘un estado de ignorancia’ sobre los efectos perniciosos de esta política pública, al ‘acto de ignorar’ estas consecuencias con el fin de mantener el estado de cosas sin alteraciones.